La Masacre de Miraflores

Ayuda Memoria: Jueves 11 Abril de 2002

Publicada en Caracas el 15/05/02
Texto revisado el 16/04/09

Rafael Rivero Muñoz

Antes del inicio de la matanza:

Ante las evidencias ya confirmadas desde el día ocho de abril (08/04/02), de que no existía control absoluto sobre los medios de acción armada del Estado y un sector importante de la Fuerza Armada no estaba dispuesta a dejarse llevar por decisiones políticas que contravenían sus misiones específicas para repetir la experiencia de febrero de 1989 con la puesta en ejecución del Plan Soberanía, en su aparte Plan Ávila, las decisiones políticas subsiguientes del alto gobierno tomaron el camino de la ilegalidad.

Desde el más alto nivel del Ejecutivo, pasando por los ministros y hasta algunos de los importantes cuadros medios y de línea del gobierno central, de la Administración, en forma voluntaria abandonaron por completo la ejecución de las específicas tareas que le impone la ley y para lo cual se juramentaron, y optaron por actuar tanto al margen del Estado como al margen de la Constitución, leyes y reglamentos.

A partir de ese momento, como podrá ser establecido en las investigaciones, y hasta el día catorce de abril, no operó en Venezuela y al interior de su sociedad un gobierno, sino que, representantes del Ejecutivo, que habían abandonado la ejecución de sus funciones, prevalidos del control sobre mecanismos para-estatales de partido, de aplicación de violencia y capacidades de fuego, controladas y distribuidas a todo lo largo de la ciudad capital, con centros de control y mandos en línea, volantes, ubicados fuera de las sedes del Ejecutivo, consumaron operaciones de terrorismo sobre toda la población civil desarmada,
incitando a las turbas a la violencia, haciendo ejecutar y ejecutando asesinatos, saqueos y destrucción de propiedades públicas y privadas.

Individualidades de esos grupos para-militares bajo mando y control del vicepresidente de la República Diosdado Cabello, coordinados por el teniente coronel activo Miguel Rodríguez Torres; sobre el terreno, entre otros, por el Alcalde Freddy Bernal –quien a su vez rendía novedades y recibía instrucciones telefónicas del titular del Ministerio de la Defensa, José Vicente Rangel– y comandos en línea cuyo distintivo o uniforme consistía en una franela o camisa blanca y sobre ella un chaleco negro, fueron desplegados e integrados a la masa de pobladores –que habían sido llamados a la voz de “... a defender la revolución... no pasarán...”, a acudir y concentrarse para enfrentar a la marcha en los alrededores del palacio de Miraflores– en dos grupos perfectamente diferenciados:

a) Un grupo dotados, cada integrante de armas largas –posiblemente, entre otros, del fusil de calibre militar punto 223 o 5,56 mm– sobre algunas azoteas de edificios circundantes a Miraflores –entre ellos, los más señalados, el edificio donde funcionan las oficinas de la Alcaldía de Caracas, edificio donde funcionan las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hotel Edén sobre la avenida Baralt– y con la misión de seleccionar blancos precisos –caso particular de los periodistas, que portaban cámaras fotográficas– y dispararles a matar.

b) Otro grupo, dotado de armas cortas, sobre la avenida Urdaneta en el puente de Llaguno, con visual y control sobre la avenida Baralt y cuya misión, más que apuntar y disparar sobre blancos recomendados, seleccionados y predeterminados dentro de la masa, hacer fuego a discreción sobre el área de la avenida Baralt e indistintamente de los resultados; en busca de dos efectos:

1) Cubrir con el despliegue y la acción, la otra acción precisa que realizaban desde los edificios la unidad de franco-tiradores de los para-militares.

2) Producir en dos sectores definidos de la población dos efectos distintos, por una parte, frenesí en el ánimo y conducta de los partidarios del gobierno, por la otra, terror, pánico entre quienes marchaban en contra del gobierno.

Los funcionarios responsables en las más altas esferas del Ejecutivo, con la anuencia, la tolerancia, la colaboración y hasta expresa complicidad de parte de los integrantes de los otros cuatro (4) poderes públicos, en un lapso no menor a veinte (20) meses anteriores a la Masacre de Miraflores, organizaron, entrenaron y financiaron con fondos públicos estructuras para-militares integradas por civiles –en buena mayoría con antecedentes por delitos comunes– reclutados para tales fines.

Grupos de choque a quienes apertrecharon con armas de fuego de uso civil y militar de distintos calibres –encuadrados bajo un comando central en manos del titular de la vicepresidencia de la República, cuyo directo control de misiones y para el despliegue de sus capacidades para el control social mediante la generación y aplicación en escalada de violencia extrema, se logró mediante una red centralizada de comunicaciones y equipos de transmisiones individuales–, que fueron integrados a unos denominados Círculos Bolivarianos.

Durante la matanza

Ha quedado suficientemente sustentada la expresa voluntad y decisión del Presidente de la República, de su equipo de ministros y de los miembros directivos del partido en el gobierno, MVR, de hacer uso de la violencia extrema contra civiles desarmados; véase a este tenor, las distintas comunicaciones radiofónicas de la Red Tiburón, de la Red Beta, de la Red Militar y telefónicas –comunicación entre el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel y el Alcalde de Caracas Freddy Bernal–, y descartar por completo y en forma expresa el uso en escalada de las unidades regulares institucionalizada para la aplicación de la fuerza del Estado –Policía civil, Guardia Nacional y unidades militares de apoyo– para hacer uso de unidades para-estatales –puesto que ninguna norma vigente de la República contempla su organización, financiamiento, equipamiento y uso por parte de funcionarios de gobierno–, civiles organizados en bandas para-militares dedicados expresamente a producir terror en la población civil en acciones puntuales, que, si bien es cierto que hasta el final del día once abril (11/04/02) estuvieron concentradas en un punto de la ciudad, el Palacio de Miraflores, en los días subsiguientes y hasta el catorce (14/04/02), dentro de programados, incitados y dirigidos estilos y acciones de violencia en escalada incrementaron su radio geográfico de accción.

En una misión de expreso terrorismo –castigo sobre la población civil–, se trasladaron las capacidades de los para-militares y sus asociados hacia el sector Oeste de la ciudad, para asesinar civiles desarmados, entre ellos opositores, saquear y destruir propiedades de todo aquel que, de una u otra forma, fuere identificado como sospechoso y/o hubiese manifestado su apoyo a la huelga convocada o su oposición al gobierno.

Acción que elevó el número de muertos a más de treinta (30) y más de quinientos (500) heridos, en los saqueos y destrucción de propiedades públicas y privadas de por lo menos seiscientos (600) comercios y edificaciones en toda una jornada de por lo menos ochenta (80) horas contadas a partir de las doce del mediodía del 11A.

Después de la matanza

Una vez restaurados los funcionarios del Ejecutivo en todos y cada uno de los cargos que habían abandonado el 11A, la principal misión impuesta fue la de evitar por todos los medios que investigación alguna pudiere ser adelantada sobre los sucesos entre el 11 y 14 de abril.

Fueron destituidos el Jefe de la Policía de Investigación Criminal y los Fiscales del Ministerio Público que habían dado inicio a la investigación criminal.
La Asamblea Nacional, prevalidos de la mayoría precaria que detenta el partido de gobierno, organiza comisiones especiales dedicadas exclusivamente a imponer como verdad la ejecución de un Golpe de Estado. Organiza una llamada Comisión de Verdad controlada por miembros y afectos al partido de gobierno.

La Fiscalía General de la República –comprobada por los múltiples “hechos públicos comunicacionales” su pertenencia partidista–, expresa tolerancia y hasta la complicidad en las acciones ilícitas adelantadas y ejecutadas por los funcionarios públicos, su pública y expresa conducta de dejar correr el tiempo y evitar dar inicio y continuidad a la investigación penal de los hechos.

El Defensor del Pueblo –comprobada por los múltiples “hechos públicos comunicacionales” su pertenencia partidista–, expresa tolerancia y hasta complicidad en las acciones ilícitas adelantadas y ejecutadas por los funcionarios públicos, guarda silencio.