Caudillo versus ciudadano (I)

Las “Cobayas humanas” es el gran negocio en los desempeños totalitarios

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 300711

“… Las bestias salvajes, cuando están acorraladas, pelean desesperadamente. Mucho más cierto es esto con los hombres. Si saben que no hay alternativa, combatirán hasta la muerte…”
Sun Tzu (Siglo V ADC)

Resumen:

Pareciera que no se ha prestado atención, no se ha entendido la magnitud del asunto o éste por eso mismo, induce al silencio y pánico puesto que, un incontenible y sostenido escándalo político y una derivada movilización social debería tener expresiones muy severas en todo el país y frente a esta decisión de Hugo Rafael Chávez Frías de entregar sin cortapisas al gobierno de Cuba las Bases de Datos, entre otras, las de la oficina de Identificación Nacional de Venezuela. Sin embargo, extraña la vaporosa inconsistencia en la reacción limitada que se observa en la dirigencia opositora dentro y fuera de la MUD.

Pese a lo extenso, el problema se ha de abordar tomando en cuenta los múltiples detalles que le precedieron y que han permitido que en forma tan simple y bajo la exclusiva decisión de un caudillo, sin un somero o sólido rechazo en ningún otro ente del Estado y en violación a todas y cada una de las normas vigentes u otras consideraciones que desde cualesquiera sean los distintos ámbitos, puedan ser asumidas. En concreto, que sin alerta previa ni resistencia alguna se haya ejecutado esa entrega de las Bases de Datos de Venezuela a un gobierno extranjero y con el concurso, la acción y la voluntad expresa de todos los funcionarios de una cadena de mando civil y militar involucrados en la preparación de la decisión y su ejecutoria.

Sobre esa trapisonda colectiva –garrafal, severa y trascendente pifia política–, se ha edificado no sólo una gran estafa contra el país sino que, exacerbados quedan a futuro los potenciados efectos ulteriores:

Todos y cada uno de los venezolanos y extranjeros cuyos datos están asentados y compendiados en esos registros, han quedado de por vida a merced de los delincuentes de toda ralea. Quedaron habilitados éstos, amplia y suficientemente, para toda sea la modalidad de extorsión no sólo por parte de los capitostes de un gobierno extranjero, sino de cualesquiera sean los cubanos o extranjeros con acceso y disposición directa o remota a esos registros; fuere ello para la aplicación única en situaciones políticas, militares, comerciales, sociales y hasta psicológicas puntuales, como para ser ampliamente comercializados abierta o clandestinamente en el tiempo y en un desde ya dinamizado mercado del crimen, sea éste organizado o no.

Introducción

Ese desempeño propio a todo caudillo populista latinoamericano y que tiene como objeto garantizar tanto su permanencia en el poder como su ejercicio ilimitado en un determinado país o proyecto, ha tenido y tiene que ser instaurado sobre una dinámica política que garantice el control absoluto de la disidencia por tanto, de todas y cada una de las individualidades integrantes de la comunidad humana de “pobladores”; sea ésta la que le haya elegido como líder o fuere sobre la que se ha impuesto directa o indirectamente por la amenaza, la fuerza de las armas o alguna cualesquiera de las tantas variantes de la guerra, terrorismo incluido.

Un dejar pasar dejar hacer político sostenido y continuado, que tiene en sus precedentes un por qué. Fuere que no se ha comprendido ni se quiere comprender en su justa dimensión la magnitud del problema de la inseguridad y de la vinculada función del Estado; sea que, no siendo la primera vez que en nombre de esa inseguridad el estamento político haya optado por alternativas que no sólo desconocen sino que, menospreciando la condición humana agreden con saña la condición del ciudadano, tergiversan la idea, el concepto la función misma de la libertad.

Tres puntos han de ser abordados: a) los precedentes en cuanto a esos desempeños totalizantes y de pretensiones de Control Social conocidos; b) la síntesis de la grave trascendencia del asunto con la entrega de Bases de Datos de Venezuela al gobierno de Cuba y por último, c) el ámbito político que no jurídico del asunto.

Estamos obligados para ello a penetrar en detalles de esa tenebrosa praxis que se soporta en la errada idea, el falseado concepto y el desastroso desempeño que muchos de los destacados profesionales universitarios en distintas especialidades y a la cabeza de los despachos públicos responsables por la seguridad pública; fracasan uno tras otro, al ser arrastrados por una de las más perniciosas secuelas del nunca abandonado positivismo; antes por el contrario, alimentada como ha sido la priorización de las particularidades que política y socialmente nos han definido desde los mismos tiempos de Simón Bolívar en adelante y las subsiguientes circunstancialmente adaptadas versiones modernas del “Gendarme Necesario”; aquel citado en la pluma de su intérprete más conocido, Laureano Vallenilla Lanz (1870/1936):

“… típico del estado guerrero en que la preservación de la vida social contra las agresiones incesantes exige la subordinación obligatoria a un jefe… alguien salido de las filas populares, que conociera bien a su pueblo, porque provendría de sus habitantes…” (C. Anaya, C. Díaz, Y. Gourmets y M. A. Petrizzo).

Nada nuevo bajo este sol

Joseph Stalin, Mao Zedong, Josip Broz, “Tito”, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, son los más conocidos y nombrados especímenes en la historia de la humanidad; pero sin alcanzar tamaña fama por sus crímenes, otros en este lar venezolano lo han intentado y aún cuando han fracasado, lo siguen intentando.

Esa pretensión del dominio absoluto sobre cobayas humanas, además de ser un empeño tan antiguo como la misma historia de la humanidad; en esta reseña de la Venezuela contemporánea, se ha articulado siempre sobre tres pilares:

a) La obsesión de perpetuidad en el caudillo de turno, acicateada y alimentada en la fiebre por los negocios relancinos, construidos y cimentados éstos en el oportunismo y la profesionalización de la piratería en y por sus aduladores.

b) El más moderno nicho de un gran negocio para y de “expertos” en políticas públicas teleguiados por las generosos expectativas financieras; en este particular caso de centralización de información y en el campo económico de la siempre perniciosa combinación entre las habilidades de promotores nacionales y extranjeros operando sobre la ignorancia de los que tienen la llave del tesoro y las enormes expectativas de las tecnologías de punta que se anuncian en el mercado internacional.

c) La ausencia de un verdadero compromiso político con todo lo que implica para el común de los habitantes su país y el futuro que sobre éste aspira construir; ello, en manos y por empeño de una seudo dirigencia que por sobre lo político y carente de la voluntad para el esfuerzo continuado y sostenido con la mira en el largo plazo, se nutre y nutre su estatus y la vigencia de sus privilegios, en los derivados del miedo, de la corrupción y de la ignorancia de todo un conglomerado de seres quienes, en nombre y en función de lo que se les vende como Seguridad del Estado, promueven, aceptan y admiten –sin cuestionamiento y diligente resistencia– que sea ella, la Seguridad de Estado, la que se imponga como fin en sí misma y por sobre y en absoluto detrimento de la existencia humana y de la misma dinámica propia y necesaria al ciudadano en Venezuela.

El asunto trasciende

Con esta ilícita entrega a Cuba de las Bases de Datos –porque son varias Bases de Datos y no sólo la de la identificación, donde se debe concentrar hoy el interés– impone la recopilación de información existente y un tratamiento sereno del asunto, desde el momento en que, sintetizando:

En esas múltiples Bases de Datos están asentados todos y cada uno de los pormenores de la vida pública y privada de cada habitante en Venezuela, en los extremos, desde antes, durante y después de su nacimiento.

El proyecto original para la cedulación de los venezolanos fue el resultado de años de trabajo y de múltiples equipos profesionales venezolanos; de consultas y de recopilación y estudios de experiencias en otros países y que por primera vez ya compendiado se diera a conocer en el año 1997, abandonado por sus promotores, fue de nuevo reactivado con agregados en el año 2000, hasta que fue de nuevo abandonado.

Hoy se retoma el asunto, pero esta vez ya no está ni estará más en manos de los venezolanos, sino que, luego de una recopilación de todo ese material e información existente en Venezuela, obra de los venezolanos y en depósito en archivos; un material de información que se empaquetó junto con la Base de Datos de cada oficina correspondiente, y fue entregado sin reservas a representantes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) con sede en La Habana; en ese caso, justa y precisamente a quien es públicamente conocido como el funcionario de mayor confianza de Fidel Castro Ruz y por décadas, Jefe de la Inteligencia en Cuba, el general Ramiro Valdés Menéndez, alias “Ramirito”.

La Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, fundada en 2002 y activa a partir del año siguiente, alega hoy haber elaborado un proyecto y en consecuencia, le han sido pagados por el gobierno de Venezuela al gobierno de Cuba, ciento setenta millones de dólares americanos (US$ 170.000.000.oo) líquidos por lo que, visto desde la perspectiva de la información a la mano, no es otra cosa que el más grande plagio que se haya podido concebir y conocer que se haya orquestado al interior de las paredes de una Universidad.

Indiscutiblemente y salvo consistentes pruebas en contrario, la UCI simplemente, en sus edificaciones en La Habana Cuba, recibió todo el material producido por los técnicos venezolanos, compendiados en unos proyecto sin ejecución, los “copió” directamente y haciéndole algunos ajustes cosméticos los “pegó” e imprimió en la papelería de uso oficial de la Univesidad, para luego declarar públicamente como propio lo que es el producto y el resultado de la actividad intelectual, profesional y de investigación de otros; en este caso, los venezolanos, con información y tecnología venezolana y en Venezuela.

Siendo el hecho claro de que las Bases de Datos con la información de los venezolanos, han sido compiladas y entregadas a un gobierno extranjero y puestas en manos de quienes, supuestos profesionales con un máximo no mayor a seis años de “experiencia” en un sistema de control totalizante y quienes con el proceder enunciado, si fuere el caso, al incurrir en el plagio, vender y cobrar en moneda fuerte y como propio lo que ha sido, es y seguirá siendo el trabajo de muchos otros; por ese sólo hecho, entran en el territorio de la ilicitud y configuran en toda su extensión y trascendencia, una estafa con fines exclusivamente económicos.

Grave es el derivado práctico de este esquema delictivo en la actuación de la UCI y en función de los desempeños ulteriores de y en esa entidad que, como veremos más adelante, ya ha presentado severos problemas en los controles y la seguridad interna.
En síntesis, físicamente la compilación de toda la información en todos sus detalles y sobre todos y cada uno de los habitantes de Venezuela, está en manos extranjeras, sujeta a la voluntad política de ese gobierno en cuanto a su uso y manipulación; más aún, sin garantía alguna en los controles de acceso a las Bases de Datos, tanto para la consulta como para el uso, la combinación, su publicación, distribución y comercialización; toda esa información ha quedado absolutamente fuera del control del gobierno de Venezuela, de los venezolanos y merced a las veleidades de intereses políticos, militares, sociales, económicos y financieros, no sólo de un gobierno extranjero sino de cualquiera sea el interesado en la ejecución de cualquiera sea la operación criminal y de criminales, abierta o encubierta: Asesinatos, secuestros, extorsión, chantaje, cobro de vacunas y cuanta variedad delictiva pueda ser habilitada con el simple pago o depósito en la cuenta de uno u otro sea el jefe de división, de unidad u operador en un terminal de acceso –directo o a distancia– a las Bases de Datos.

Frustrados intentos

Distintas administraciones en distintos momentos han abordado el asunto de la mecánica para proveer a cada habitante en el país de un forma de identificación, que no de identidad.

De esos múltiples desempeños oficiales, quedan en los archivos el acumulado de todo el material producido; la documentación de los proyectos originales donde se pautan objetivos; el proceso de investigación; los diseños de formularios, gráficos del flujo de proceso para la captación, verificación, registro y uso de la información; el plan completo y el resultado esperado y ejecutado de las operaciones y los demás detalles para la puesta a punto de cada proyecto.

En los archivos oficiales reposan pués, todo ese compendio de proyectos y de documentos obra exclusiva de venezolano y que por lo menos desde 1936 se han producido y acumulan; dos específicos son de interés ahora, desde el momento en que sobre ellos y sus pormenores, se sustentan los particulares de esta nota.

Dos ensayos de continuada y mejorada factura, fracasados ya en esas dos continuadas y recientes oportunidades y que ahora el gobierno revolucionario de Hugo Rafael Chávez Frías expone como novedad y de nuevo intenta, bajo los muy adaptados parámetros de control fuera de las fronteras y para ser ejecutado bajo la artificiosa capacidad, léase piratería, mando y dirección del gobierno de Cuba por órgano de la UCI de La Habana.

Primer intento:

Bajo el gobierno de Rafael Caldera Rodríguez se hizo presente y tomó cuerpo en Venezuela, la primera estudiada versión de un programa para el aniquilamiento y la destrucción absoluta de la condición ciudadana y para el ejerció del pertinente control sobre lo que en la práctica de la Ingeniería Social, serían convertidos de hecho y derecho, los habitantes de Venezuela: Cobayas humanas.

De manos del afamado constitucionalista, profesor universitario y en ese momento titular del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) José Guillermo Andueza y de la politólogo (UCV) Directora entonces de ONI–DEX Delia Da Silva, se pretendió el primer más completo y mejor elaborado programa para el control social.

Primera expresión que muy bien quedaría sintetizado en el documento de promoción y propaganda que el MRI editó e hizo publicar como encartado en el diario El Globo con fecha 17/08/1997 y en cuya primera página bajo el título “derechos tenemos”, el subtítulo “marchamos hacia el siglo XXI” señalaba el camino y que en la doble página central, en grandes letras titulaba: “Muéstrame tu cédula y te diré quién eres”.

En aquel momento el genio constitucionalista de José Guillermo Andueza, puso por primera vez sobre el tapete lo que él denominó “Derecho de Prestaciones”; eso que en términos prácticos en hechos y en derecho, definía la concepción que de la seguridad pública se tenía en los predios de poder de Rafael Caldera Rodríguez y su gabinete ejecutivo, al considerar y pautar para todos y cada uno de los habitantes del territorio venezolano dentro de una única, determinante y excluyente calificación:

Sospechoso.

Ese denigrante epíteto policial, sería la pautada norma válida no sólo para cualquier adulto en el territorio, sino también de oficializada aplicación a jóvenes, menores, niños y hasta los no natos. Recordemos en las propias textuales expresiones escritas del gobierno de ese entonces, las cualidades y calidades “constitucionalistas” y “politológicas” de aquellos términos y funcionamiento previsto para el Control Social:

“… No podemos quedarnos en derecho como no intromisión del Estado en nuestra esfera de libertad; tenemos que abogar por los llamados ‘Derechos Prestaciones’ que son los que no pueden ejecutarse si el Estado no establece mecanismos que los garanticen… Los derechos deben tener soporte…

Alguna vez en funciones de policía y de boca del alterado jefe de la Tribu, David Morales Bello, escucharíamos algo parecido puesto que para él el respeto y la satisfacción de los términos pautados en normas, reglamentos y procedimientos de policía, eran simples “… exquisiteces jurídicas…”. Frente a los problemas de delito, la delincuencia y la seguridad del Estado, así se denominaba entonces en esferas políticas de muy alto nivel –dependiendo del estrato social de pertenencia del afectado– a los derechos de determinadas individualidades; nada distinto a esta versión “constitucional” y “politológica” en comento.

“… 1-Digitalización: Será creado un archivo único digitalizado…”

Un archivo único digitalizado no tiene como objeto el registro de la identificación de los ciudadanos; su objetivo ha sido , es y seguirá siendo el Control Social de cada miembro de una comunidad.

“… Bastará el número de identidad para obtener los datos de la persona: en la pantalla aparecerá: fotografía, huella dactilar y firma, entre otros…”

Basta observar cuáles son todos esos “otros”, a los que no se refirió en expreso el ministro en ese encartado, pero que si estaban suficientemente discriminados en el proyecto propuesto y adelantado por la politólogo Delia Da Silva, jefa de ONI DEX.

“… Los centros regionales estarán conectados en redes que enviarán a un cerebro principal toda la información que recabe en la tercera fase del proyecto…”

Centralizar absolutamente toda la información de todos los registros oficiales de todos y cada uno de los habitantes o “pobladores” del territorio de Venezuela, jamás tendrá otro objeto distinto al Control Social.

“… Esta información podrá ser usada por todos los órganos gubernamentales para agilizar sus funciones administrativas y el desarrollo de programas…”

A confesión de parte, relevo de pruebas.

“… Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones…”

Algunos de los registros a ser incorporados a ese archivo central al cual hizo referencia el ministro del Interior de aquel momento.

“… En materia de Seguridad de Estado, de la vida y de los bienes el archivo único permitirá agilizar procedimientos en los cuerpos policiales…”

He aquí, en 23 palabras publicadas la más explícita y sólida versión oficial del objetivo que se perseguía en aquel momento con la instauración de una moderna Cédula de Identidad y que, a los efectos políticos, económicos, sociales, psicológicos y humanos derivados, consolida en la voz oficial autorizada de un experto y profesionalmente capacitado constitucionalista, secundado por la obra y el desempeño de una destacada politólogo.

Segundo intento:

Con la designación del segundo Ministro de Relaciones Interiores del período Hugo Rafael Chávez Frías, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila y su subalterno, viceministro y también coronel Igor Colmenares, un renovado y aumentado proyecto, como reza el anuncio oficial, destinado al “Control Ciudadano”, inicia su periplo.

Esta vez el coronel Luis Alfonso Dávila declara oficialmente a la prensa el 03/11/2000, “…con una nueva ley solicitada en la Habilitante…” y en los detalles de ulteriores declaraciones quedarán a la luz las nuevos detalles agregados que la revolución incorpora a ese medio de Control Social:

“… Nuevo Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (Sinacoc)… se basa en la emisión de una nueva cédula electrónica, provista de un micro’Chip’ inteligente… cada venezolano dispondrá, además de la cédula electrónica, de una Clave de Identificación Personal (CIP)… El sistema permitirá a las autoridades comprobar de una manera automática, a través de una red computarizada, si la huella digital de la persona chequeada corresponde con su respectiva ficha decadactilar, previamente digitalizada y almacenada en la sede del Sinacoc… las autoridades contarán con equipos en 24 oficinas estadales, 75 oficinas municipales, 12 puertos, 14 aeropuertos y 12 puestos fronterizos, además de 30 puestos móviles… Las bases de la licitación contemplan que, podrá utilizarse la firma electrónica de los ciudadanos, memorizada en el micro ‘Chip’ de la cédula, para transacciones electrónicas en sistemas adicionales como el fisco telemático del Seniat (aduanas y tributos internos), el Setra (licencia de conducir y registro automotor), la seguridad social (subsistemas de salud, pensiones, paro forzoso, recreación y vivienda) y otras aplicaciones… se establecería en breve plazo es la conexión del sistema con las bases de datos de antecedentes penales y prohibiciones de salida del país… aparte de los datos básicos del ciudadano (nombres, apellidos, estado civil, fecha de nacimiento, etcétera), la nueva cédula contendrá la dirección de éste o la de un ‘contacto’ que permitirá su localización por parte de las autoridades… como referencia la dirección registrada en el CNE… La información del ‘contacto’ deberá contener, entre otros datos, su dirección de correo electrónico y la relación o vínculo con el cedulado… En la nueva cédula estará también disponible el número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del titular… Todos estos elementos también irán a una Base de Datos Ciudadana, que será levantada al momento de recedular a los venezolanos…”

El siguiente martes 21 de noviembre Luis Alfonso Dávila quien declara: “… anunció la precalificación de 5 consorcios… Al llamado a licitación concurrieron inicialmente 168 empresas y/o personas interesadas, pero finalmente sólo 18 consorcios presentaron su manifestación de voluntad de participar en el proceso. Desde el 10 de noviembre, la comisión técnica integrada por expertos de la UCV, Ministerio de Interior y Justicia, PTJ y Oni–Dex trabajó en la precalificación, que incluyó el análisis del estado financiero, económico, técnico y legal de los grupos…. Dávila expresó… ‘Este proceso nos va a llevar a obtener un sistema de identificación que sea garantía verdadera de la identidad de los venezolanos…”

Nótese que en la expresa declaración oficial se hace mención al término identidad que en todo caso, nl ha sido, no es ni será lo mismo que la expresión identificación.

El viceministro coronel Igor Colmenares versiona nuevos detales: “… La dirección de habitación no irá impresa en la cédula, como mostraron documentos difundidos inicialmente por el MIJ. Ese dato irá grabado en el ‘Chip y sólo será legible con lectores especiales y por personal autorizado… Al policía lo único que le interesa es que la cédula coteje con la huella de la persona que presente el documento… el uso de estos equipos estará condicionado a una clave secreta… El nivel de acceso I permitirá saber si la identidad del portador se corresponde con la identidad que está en la ONI. El nivel II tendrá acceso a la dirección y teléfono. El III permitirá saber si usted tiene órdenes de detención y el IV dará acceso a la base de datos policiales…”

Bastaría entrar en los detalles del “anexo A” de setenta y nueve páginas, “Alcance y Especificaciones Técnicas del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC)… Nº Proceso de licitación MIJ–00–09–01”, 12 de diciembre de 2000, para que quede absolutamente comprobados dos precisiones:

El Proyecto de Cedulación ha sido y está totalmente elaborado y está técnica y suficientemente documentado enun legajo oficial con sus anexos.

Lo que se denomina como Proyecto de Cedulación tiene un específico objetivo, el control policial de todos los “cedulados” en todo el territorio nacional.

En este elaborado segundo diseño oficial para el control electrónico policial, previsto a ser ejecutado cada minutos de las 8.760 horas de cada año –desde el antes, durante y después de su nacimiento– y a lo largo de toda la existencia en vida de cada sujeto cedulado, vale detenerse y observar cómo se supera ampliamente a toda anterior idea o pretensión de control que haya sido pensada, implementada o puesta en ejecución en cualquier sea otro el país en el mundo; incluida quedan aquellas lucubraciones propias de la política ficción (George Orwell, 1984)

Los datos impresos en el artificio tipo formulario de tarjeta de crédito, quedan también incorporados al “chip”, la fotografía y la huella dactilar digitalizadas, el tipo de sangre, las alergias y otras enfermedades.

Lo importante son los datos no visibles al ojo humano para cuya lectura se requiere un aditamiento especial o Lector Electrónico; a saber: Número de Registro de Información Fiscal RIF; número de Registro de Identificación Tributario RIT; Licencia para Conducir cualquier tipo de vehículo; Vehículo; Seguridad Social; información sobre el estado de salud (Centros Asistenciales y de Atención Ambulatoria, médico tratante y sus especialidades, resumen clínico), información sobre situación laboral (empresa donde trabaja, empleador, tiempo acumulado, actividad, sueldo y otros ingresos, días y horas de labor, especialidad profesional u oficio, jubilación y los detalles de acumulados de prestaciones y otros emolumentos en depósito en bancos y otros entes, paro forzoso, pago de jubilaciones; información sobre recreación (uso del tiempo libre, lugar, fecha, tiempos, consumos montos en dinero, grupo de adscripción); firma electrónica del titular o clave individual personal; antecedentes penales; prohibiciones de salidas del país; SENIAT Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; CNE Consejo Nacional Electoral; I.V.S.S. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; SETRA Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre; CTPJ Cuerpo Técnico de Policía Judicial; OCI Centro de Coordinación de Inteligencia; CCP Centro de Coordinación Policial; CONACUID Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas; Operaciones en Registro Público; Operaciones en Notarías Públicas; Operaciones en Alcaldías, Jefaturas y otros entes públicos; Operaciones en Bancos e Instituciones Financieras.; Operaciones con Clínicas y Hospitales públicos y privados; Instituciones u Organizaciones Privadas como Grupos de Opinión, Grupos de Electores, Agrupaciones y Colegios Profesionales, Sindicatos, Asociaciones de Vecinos, Partidos Políticos, Juntas de Condominio, Escuelas Maternales, Colegios y Universidades Públicas y Privadas; Sistemas automatizados para la operación, registro, almacenamiento y facturación de las empresas privadas de comunicaciones telefónicas por cable o inalámbricas; Sistemas automatizados de comunicación, imagen, sonido y correspondencia in/out: Internet; Dirección y Datos de la Empresa donde trabaja; Dirección Registrada en el CNE; Dirección del Correo Electrónico; dirección de un “Contacto” (persona que conozca y le conozca, relación y vínculo, que permitan a los funcionarios del Estado localizar al titular del documento), incluirá: Identificación del ciudadano; Nombre, Teléfono, dirección de correo electrónico, Dirección de Habitación, Relación o vínculo. Las direcciones tanto del titular como del “contacto” deberán estar especificadas de acuerdo a los Campos previstos en el Sistema: Calle o avenida, número o nombre del inmueble, número o letra del apartamento, piso, bloque, urbanización, barrio, parroquia, sector, municipio, ciudad, estado, país, código postal.

Recordemos de aquella época que frente al problema de la inseguridad , el Ministro de Interior y Justicia, coronel Luis Alfonso Dávila responsable directo de la seguridad y el orden público según la norma vigente, que pareciera no existir dado su silencio frente al asunto y que cuando declara dice tener que ocuparse de otras cosas; acudió voluntariamente el miércoles 24/01/2001 por ante la Asamblea y se declaró incompetente para enfrentar el problema de la seguridad pública en país. Eso, mencionado en los medios de comunicación donde se reseño esa comparecencia, tendría que estar registrado en el Diario de Debates de esa fecha.

Carga de la prueba: Invertida

Como queda suficientemente sustentado en los datos de dos distintos períodos de gobierno; fuera durante el gobierno de civiles o el de militares, bajo la égida de constitucionalistas, politólogos o universitarios diplomados en las ciencias de la guerra; ayer y hoy, lo que se lee en el compendio de normas vigentes de aquella época y de ahora, es una cosa pero sobre el terreno de los hechos, ha sido, es y sigue siendo otra, en expresa respuesta tanto al argumento con el cual se cubre la pretensión, la inseguridad, como a las ya sempiternas realidades bajo el manto de necesidades impuestas por la “preservación de la democracia” y la “estabilidad del sistema” y es en función de ello y por ello que así queda inviertida la carga de la prueba.

Cuando al venezolano se le registran sus datos biométricos, se le toma la fotografía, se le toman las huellas dactilares, se le hace firmar formularios oficiales para luego hacerle entrega de un formato o tarjeta de identificación, el Estado, en función de este Programa de Control Ciudadano, no lo hace para que pueda ser reconocido como tal y que sea atendido en sus requerimientos por ante una cualquiera entidad pública donde acuda en demanda de atención y/o servicios
Todo habitante en el territorio, independiente de día, lugar, hora, espacio físico donde encuentre, actividad que realice, edad, sexo y estado o condición de salud para cualquiera sea el momento, está sujeto a ser detenido e interpelado en el “Programa de Control Ciudadano”, por cualquiera sea el funcionario representante del revolución, uniformado o no de verde, rojo, amarillo, marrón o beige.

Al venezolano y todo habitante del territorio, antes, durante y después de nacido, se le impone de hecho y de derecho en el Programa de Control Ciudadano, el indeleble rótulo de sospechoso.

Es un sospechoso de cualquier cosa que a bien tenga quien le interpela imaginar: Sospechoso de merodeador, de vagabundo, maleante, mal viviente; eso en todo momento y frente a cualquiera sea el funcionario del Estado y así debe ser considerado y tratado y hasta tanto el “Archivo Único Digitalizado”, no sea consultado y emita una información en contrario.

Cuando sea detenido e interpelado, ese su carnet de identidad lo debe exhibir, no a título de identificación sino para ser sujeto de chequeo y controlarle en todos sus movimientos y actividades; para constatar rápida y electrónicamente que como sospechoso, no está para ese momento solicitado por alguna instancia de control o que a lo mejor aún no ha sido denunciado. Será por el delito de existir y de vivir en Venezuela.

sigue…