Inseguridad como dúctil arma política

Y cifras de 27 años de secuestros pudieran evidenciarlo


Rafael Rivero Muñoz
Caracas 10/01/12




“… La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar sólo después de consumados los hechos…” Máo Zédōng 毛澤東 (1893-1976)

Uno de los inesperados hechos que saltan cuando se observan con detenimiento detalles de conjunto en la evolución en el tiempo en las secuencias interanuales de los secuestros en Venezuela, es precisamente algo que queda a la vista de los interesados y como derivado de cualesquiera sean las modalidades de presentación gráfica de esos acumulados registros en los últimos 27 años de ese modus operandi en Venezuela, 1.984 al 2011.

La interpretación política, técnica y policial de esa particular observación, aún cuando su soporte haya sido hecho público por los medios de comunicación y frecuentemente comentados por uno y otro sea el experto en uno u otro momento, pareciera sólo está al alcance de quien tenga la voluntad de tomarse el tiempo, se atreva a observarlo y sobre todo, arriesgue una interpretación especulativa, intentando con ello dilucidar el por qué, el para qué, dónde, cuándo, cómo y, sobre todo:

¿A quién beneficia el crimen?

Quizás una de las modalidades de terrorismo más efectivas en términos de objetivos políticos inmediatos, pero de esperados perversos y soterrados efectos psicosociales significativos que se van acumulando en el imaginario colectivo y con proyección hacia el mediano y largo plazo, son esos indiscriminados ataques contra múltiples individualidades de un colectivo y cada vez en mayor creciente número.

De esos ataques de extrema violencia, el asesinato es el más temido y en Venezuela ya se registran en las cifras de este largo período de este gobierno que está entrando en su décimo tercer año de continuidad, aproximadamente 180.000 asesinados en once años y está previsto que para el cierre de 2012 sean ya 200.000. Es decir, un equivalente sólo comparable a las cifras de una cualesquiera de las conflagraciones bélicas más conocidas

Sensación

Pero el crimen que más indelebles efectos directos impone al ciudadano común, individualmente considerado y que inevitablemente se extiende con severidad sobre su entorno social inmediato, luego el mediato y de allí al resto de la comunidad, es aquella modalidad criminal que tiene como objetivo y efecto, el sorpresivo ataque destinado a su captura, a la drástica y violenta anulación física de sus capacidades para la defensa, el siempre rudo traslado, agresivo aislamiento y confinamiento en lugares desconocidos, privado y limitado en todas sus necesidades físicas y médicas, si fuere el caso; seguido de esa inevitable sensación de ser sujeto a unas siempre aterradoras sesiones de torturas físicas y psíquicas y como corolario, la potencial desaparición física por un tiempo indeterminado o definitiva por el siempre temido eventual brutal asesinato y el abandono del cadáver a los hambrientos perros y zamuros en cualquiera sea carretera o cuneta en una u otra ruta entre ciudades.

Fuere ésta una práctica criminal ejecutada por los llamados delincuentes comunes, por grupos especializados o no; criminales vinculados o no al gobierno en turno, lo fuere como una técnica adelantada por grupos e individualidades que operando al interior de los cuerpos policiales y militares, que combinan sus capacidades y apoyos técnicos con los grupos de desechables criminales comunes y/o con los miembros del llamado crimen organizado, nacional o internacional.

Terrorismo de Estado

No hay que olvidar jamás sino el axioma sí la práctica sistematizada del terrorismo: “Cuando el terrorismo es retado por una población, no le queda a éste otro camino que la escalada para incrementar ostensiblemente la calidad y la cantidad de los actos de terrorismo”

En múltiples nota hemos adelantado el criterio de que la inseguridad que se ha impuesto sobre la comunidad de moradores del territorio venezolano, es una Política de Estado; definida por objetivos políticos impuestos por los más elevado personajes ubicado en el vértice del poder político y en curso de ejecución por múltiples y distintos grupos de actores; unos incorporados al cuerpo de funcionarios, otros bajo la cobertura de partido de gobierno o de grupos autónomos que han sido organizados, financiados, armados y aprovisionados con equipamiento y suministros bélicos y bajo el supuesto mando de uno u otro fuere el declarado (a) afecto (a) al régimen.

Afirmó en su momento Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) que “… La evidencia es la más decisiva demostración…”

Por su parte y algo más actualizado a los efectos en comento, Paulo Coelho (1947-?) afirmó: “… La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno…”

Veamos cifras:

Los 27 años de secuestros ejecutados en Venezuela

Período presidencial Número de Secuestros % de la Muestra

Jaime Lusinchi 1984/89 115 2,8 %
CAP II 1990/94 (+interinato) 248 5,9 %
Rafael Caldera II 1995/99 298 7,2 %
Hugo Chávez Frías 2000/11 3.491 84,1 %
Total Muestra 4.152 100,o %

Intentemos entender:

Ello significa que en promedio y durante el período de Jaime Lusinchi se ejecutó en Venezuela un secuestro cada 15,8 días; en el de CAP, un secuestro cada 7,3 días; en el de Caldera un secuestro cada 6 días y durante este particular y significativo período de la criminalidad con Hugo Rafael Chávez Frías en Miraflores y en los once años que se han asumido como muestra seleccionada, ha ocurrido de forma continuada y sostenida, un secuestro cada día, o mejor pautado a los efectos, uno cada 27 horas y diez minutos (11×365=4.015/3.491=1,15)

Cuando se observa particularidades en las cifras de la frecuencia de eventos de secuestro en estos últimos once años de la muestra seleccionada, otros interesantes y extraños detalles saltan a la vista.

Mientras en los primeros nueve años de la evolución en los secuestros y salvo un primer y significativo salto de 68,6 % en el 2001 con referencia al año anterior, en los siguientes años hasta 2008, se registra un promedio de incremento interanual de 23,8%; esto hasta 2009 que de nuevo brinca significativamente la cifra de secuestros y alcanza un incremento puntual de más 59,3% con relación a 2008; en el 2010 más 94,5% con referencia al 2009 y en el 2011 más 30% con relación al 2010.

En otros términos, mientras entre los años 2000 y 2008 ocurren 1.002 secuestros, entre el 2009 y 2011 ocurren 2.489.
Entre los años 2000 y 2008 de este último período de gobierno sujeto a observación (80% del lapso contemplado ocurren el 28,7 % de los eventos) en nueve años fueron 112 secuestros por año, mientras que entre el 2009 y 2011 (20% del lapso ocurrieron el 71,3% de los eventos) en tres años fueron 829,6 cada año.

El “Flujo de Caja” de la Industria del Secuestro

Asumiendo a los efectos de una especulativa comparación, un valor fijo de cincuenta mil dólares americanos (US$ 50.000,oo) para fijar como promedio en relación al monto de la demanda y del pago del rescate en todos los 4.152 secuestros ocurridos en el lapso de la muestra, el capital líquido que se movilizó y transfirió de manos habría sido de 207 millones seiscientos mil dólares americanos, de los cuales el 15,9 % transitó en los primeros 16 años de la muestra (US$ 33.008.000,oo) y el resto, lo hizo entre 2009 y 2011 (US$ 174.592.000,oo)

Pero falta un detalle, entre 2009 y 2011 de ese monto los autores de secuestros se apropiaron de US$ 124.450.000,oo, el 71,3 % del total del flujo de caja movilizado por el secuestro entre año 2000 y 2011 o más significativo aún, el equivalente al 60% del total general de rescates demandados y pagados en 27 años continuos de actividad de esa modalidad delictiva.

Si bien es cierto que el delincuente común desvinculado de los asuntos políticos ejecuta los secuestros para disfrutar de los placeres que le brinda esa riqueza mal habida, también es cierto y resulta innegable, que con tales montos financieros a la disposición de organizadores e interesados en el mundo político de los efectos deseados y programados a los fines en ese orden, también disponen con ello de capacidades que permiten el autofinanciamiento de los grupos afectos y expresamente organizados, aprovisionados, destinados y dedicados a la defensa del régimen que mediando la acción y la omisión los promueve y en forma soterrada los apoya. Eso resulta de innegable consideración.

¿Qué dispara esa frecuencia en 2009?

Una muy particular circunstancia a principios de ese año llama la atención; el 25 de febrero según se registra en la Gaceta Oficial de esa fecha en 2009 y bajo número 39.126, la expresa designación por Hugo Rafael Chávez Frías del viceministro de Seguridad Ciudadana y bajo el mando directo del actual ministro Tarek El Aissami, el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa.

En el caso de los secuestros que nos ocupa, se da la circunstancia de que el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, siendo aún coronel de la Guardia Nacional fue uno los premiados y asistente al curso de especialización en seguridad dictado en el Departamento de Estudios, Clase XLII del Colegio Interamericano de Defensa ubicado en Fort Lesley J. Macnair, Washintong DC, USA y en el mes de abril de ese año 2003, hace entrega de su tesis o trabajo para optar por el diploma de esa Academia y ésta tiene como objeto presentar los resultados de su estudio: El secuestro.

Firma y titula su especializado trabajo el coronel Juan Francisco Romero Figueroa bajo: “El delito del secuestro y su implicación en la seguridad hemisférica con énfasis en Venezuela y Colombia”

Casual o causal el asunto, el detalle está en que a partir de ese nombramiento como viceministro de Seguridad Ciudadana del ahora mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, existe una coincidencia que llama la atención, tal y como lo señalan con precisión las cifras analizadas y sus muy particulares fluctuaciones a partir del año 2009.

El nuevo hecho político de trascendente factura lo determina el reciente y expreso nombramiento que hace Hugo Rafael Chávez Frías, con la designación del mayor general Juan Francisco Romero Figueroa como Comandante General de la Guardia Nacional en sustitución del también mayor general Luís Alfredo Motta Dominguez quien ya de hecho y luego de un fatal accidente –donde muere un alumno y las heridas de otros en formación en el momento en que como piloto y sin licenciaMotta Dominguez intenta aterrizar un helicóptero en el patio de la escuela y del ahora reciente crimen cometido por su hijo mayor en un local nocturno– perdió el mando de la Guardia Nacional; por cierto durante su administración, el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, ejercía la sub Comandancia General.

¿Qué otra especialidad “técnica” tiene el nuevo Comandante General de la Guardia Nacional?

No lo sabemos, pero si habrá que observar con mucho detenimiento su desempeño no sólo como soporte para las decisiones políticas de Hugo Rafael Chávez Frías sino en la Ejecución de las Medidas y Operaciones Materiales de Policía, de esta Policía Militarizada.

Conclusión

Si uno y otro evento –el nombramiento del viceministro sumado al casi inmediato disparo de 59,3% en las cifras de secuestros en 2009–, coincidentes no sólo a) en el tiempo, b) en el espacio de ocurrencia, sino tanto c) en la modalidad delictiva como d) en la particular especialidad, experiencia y la capacidad para e) la preparación y la toma de decisiones del referido viceministro desde f) el despacho oficial principal responsable por la seguridad ciudadana y g) para el ordenamiento y la ejecución material de las medidas y operaciones de policía.

Si los siete parámetros de coincidencia tienen o no interés criminalístico y criminológico en el estudio del delito de secuestro en Venezuela, sólo podrá ser dilucidado por una verdadera investigación criminal que intente, entre otros, identificar los factores que determinan ese inédito disparo y su continuidad sostenida en los últimos tres años la secuencia de secuestros en Venezuela.

“Paso lento, vista larga y mala intención”, era esa frecuente expresión de aquel viejo policía graduado en el primer curso de la Escuela de Seguridad Pública en 1936, Miguel Villavicencio Ayala.

Para el policía poder presentar batalla al delito y a los delincuentes, resulta indiscutible la necesidad de pensar y razonar como el delincuente; para poder estar un paso delante del criminal, combatirlo y llevarlo ante la justicia y lo único que los diferencia en el terreno de la práctica cotidiana es el celo y la estricta sujeción absoluta del policía y de la policía, a su principal tarea, cumplir y hacer cumplir las leyes en vigencia, a defecto de lo cual, en los efectos políticos, técnicos y sociales de una y otra actividad, nada los distingue.

No corresponde más que a la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz en este caso, la investigación del asunto.
Mientras que de parte de quienes alguna experiencia han ido acumulando en el tiempo en ese tipo de dramática modalidad delictiva vinculada a factores políticos y partidistas; tal como lo fuera aquel recordado secuestro del menor de trece años de religión judía León Taurel, precisamente en su Bar Mitzvah y ocurrido en Caracas en el mes de enero de 1970 y donde fueron puestos al descubierto todos y cada uno de los autores materiales, entre quienes se contaron, el Fiscal Quinto del Ministerio Público en funciones –en cuya oficina se reunieron los complotados y sobre su escritorio se dieran los toque finales del plan para capturar a la víctima y gestionar el pago de los US$ 180.000,oo equivalentes–, abogados y ex jefes medios y otros funcionarios activos y en retiro de la PTJ y varios guerrilleros “pacificados” entre ellos, los dos hijos del Director General de la Fiscalía General de la República en funciones.

En múltiples notas anteriores ya hemos insistido en el punto culminante y señalando a la inseguridad como una dúctil arma política de dominación o de control social; en el caso que nos ocupa, salvo prueba irrefutable en contrario, la negada investigación pormenorizada de los eventos registrados en las cifras de los últimos 27 años de secuestros, pudieran evidenciarlo en forma definitiva.