Caracas, 30/11/10
"... La política es el paraíso de los charlatanes..."
George Bernard Shaw (1856-1950)
Abordamos un complejo tema en el ámbito de la seguridad pública contemporánea en Venezuela; asunto que dado lo intrincado de la trama y de las complicidades puestas al descubierto, se tiene que abordar sobre los hechos materiales que lo exponen a un articulado escrutinio; por ello, se soporta en las informaciones públicas de un caso criminal en pleno desarrollo y sobre el cual y para dar continuidad a la práctica del conocido instinto natural del gato convertido en conducta "política" en Venezuela –como se observa–, se articulan desde ya los medios y las precisas designaciones de las conocidas y experimentadas cabezas o piezas del juego, en los puestos claves del sistema de administración de justicia.
Es un asunto que si bien para algunos puede apenas asomar interés, para otros, muy posiblemente, pudiere representar una trascendente gravedad para el presente y para el futuro del gentilicio venezolano dentro y fuera del territorio y, evidentemente, del país como entidad política en el concierto de las naciones.
Es la simple, enrevesada y conocida historia donde, con la observación y graficado del caso de Walid Makled García, tenemos la oportunidad de percibir y de mostrar a otros en crudo, ese no tan oculto mundo donde la política, el crimen y los criminales, acuerdan y conjugan sus intereses en función de unos desempeños a imagen y semejanzas de los viejos tiempos de piratas, corsarios y bucaneros.
Aquellas hordas criminales quienes, siglos atrás, operando o no desde sus asentamientos y puertos en las islas de El Caribe, por los medios más violentos, asaltaban y tomaban bajo el control de las armas, toda ciudad que estuviera al alcance de sus cañones.
Esta vez, como veremos, no necesitaron cañones; luego de décadas de sus fracasos, bastó que el dejar de ser y el dejar de hacer de la política en Venezuela brindara ese resquicio y puerto por donde iniciar el abordaje para que lo lograran, sin disparar un cañón, ni siquiera un tiro y se hicieran por persona interpuesta, de la estructura del Estado en Venezuela.
Allí, donde se apoderan y controlan las riquezas; que sus subalternos convertidos en asociados y soportes locales, a cambio de un depredador apoyo, también buscan y disfrutan por habilitados medios del dinero fácil y sin esfuerzo mientras a la vez reparten y se reparten el sobrante o los restos del botín.
Se trata de una concatenada secuencia delictiva que no es nueva pero cuyas incidencias y derivados, desde nuestra limitada perspectiva y al igual que muchos otros desde las propias, hemos comentado con insistencia y que aunque en algunos momentos del pasado, sobre otros hechos criminales vinculamos también a aspectos concretos de las inconsistencias políticas en la seguridad pública, pareciera que jamás hayan sido considerados y analizados y por tanto, no recibieron, ni los unos ni lo otro, la pertinente atención del estamento políticos.
Pero es que tampoco del estamento social en lo que ahora se conoce como la sociedad civil y pareciera además, que ni siquiera del estamento profesional en cualesquiera fueren una u otra de sus múltiples y variadas especialidades.
Hoy, derivado directo de esa característica del dejar hacer y del dejar de hacer, del abandono o más bien de la dinámica de la evasión al conflicto como se traduce en política, se presenta con unas particularidades jamás registradas en la historia política y criminal de Venezuela; además, con unos potenciales derivados, cuyo ámbito, definición y tratamiento, por razones de espacio, se abordarán en otro momento.
Para unos y otros lectores se aborda en dos formatos.
Una primera parte en una veintena de gráficas que permitirán, esperamos, tanto una visión de conjunto –visión de helicóptero como la denominan algunos entendidos en la expresión moderna de la administración de empresas–, como la observación de las importantes y articuladas interrelaciones y trascendentes interdependencia que muestran la atención de unos y otros detalles.
Para los otros, los que dispongan del tiempo y del interés en el tema, una segunda parte en veinte mil caracteres, donde se aborda el texto y el contexto de ese antes, de ese durante y quizás, la percepción de un después que a lo mejor está a la vuelta de la esquina.
Como ha quedado ya definido en las expresiones de una titular de la Fiscalía General de la República y de una y otra organización policial para la investigación criminal, quienes a pesar de lo ya hecho público, no han iniciado la obligada –por ley– actividad de recopilación y documentación de los hechos señalados, ni la interpelación de tanto personaje identificado con pelos y señales, soportados en la espera de la supuesta extradición del citado eje del asunto, el sirio-venezolano Walid Makled García.
Causal mas no casualidad; se percibe una muy ajustada conducta a lo que ha sido y es un axioma en la investigación criminal y que uno de sus reconocidos estudiosos, Harry Söderman (1902-1956), afirmara en pocas palabras: "... El tiempo que pasa, es la verdad que huye..."
Primera parte
Segunda parte
La sostenida e imperturbable inconsistencia política
Como hemos afirmado en múltiples notas, en materia de seguridad pública, la primera vez que la política en Venezuela se concibió y ejerció en función de los términos pautados en una Constitución vigente, principio del abandono de la tesis promulgada por los intelectuales de la época, aquella del Gendarme Necesario de la cual su más gráfica expresión serían los desempeños de las ordas de "La Sagrada" de Juan Vicente Gómez.
Teniendo quizás como objetivo lo que en aquel momento pudiere considerarse como un incipiente nacer de variantes en los criterios políticos y sociales dominantes sobre la comunidad de moradores del territorio; hasta quizás, la idea del ascenso en estatus de las individualidades en la comunidad al considerarlo como ciudadano.
Fue a partir de aquel primero Decreto del 17/09/1936 donde se dispuso la creación de la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Pública; luego, con el proyecto de Ley de orden Público del ministro Alejandro Lara y la creación por decreto del Servicio Nacional de Seguridad del 04/08/1937.
De vuelta a las andadas
No transcurría mucho tiempo para que la dinámica política del corto plazo sin una visión ni un proyecto sustentable de futuro, de nuevo hiciera su entrada en escena con los Golpes de Estado que retomaron el camino del caudillaje.
Algunas de esas expresiones, fueron articuladas al interior de la organización de partidos de masa y hasta 1958, que de nuevo, sobre una contradictoria destrucción de lo avanzado en materia de seguridad pública, se retoma el camino y se decide recomenzar tomando como material humano de soporte, la sapiencia y la experiencia acumulada de las individualidades venezolanas que se entrenaron en esa primera escuela del año treinta y seis y siguientes.
Una muy particular variante distinguió esas decisiones: La pretensión de querer desvincular por completo a la función policial del ámbito de la política y su ejercicio, hasta el punto de organizar lo que en forma rimbombante sería la expresión más necia de la evasión al conflicto en expresión de la política venezolana a partir de 1830: La división del Código Penal en dos pedazos.
Así, nacen dos organizaciones paralelas de caracter nacional, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ o PTJ), llamada la "policía apolítica", destinada a atender la mitad del código referida e identificada como los delitos comunes y la Dirección General de Policía (Digepol) denominada "policia política", destinada a atender el otro pedazo del Código Penal, al que se le identificó como el apelativo de "delitos políticos".
Quedan los ejemplos gráficos que lo confirman: Como los atracos a bancos, financieras y transportes de valores –Banco Royal de Canadá, Puerto la Cruz Anzoátegui–; como los asesinatos diarios de policías en las calles de Caracas; como el secuestro del industrial William Frank Niehous.
Siendo todos esos ejemplos delitos comunes, fueron sin embargo asumidos y tratados por el estamento responsable de la seguridad pública, como "delitos políticos" y por tanto, sujetos a jurisdicción especial, a la de los tribunales militares que, como fue y es hábito y costumbre, estaba y está sujeta a la discreción y decisión personal del Presidente de la República, quien la ejecuta por órgano del Ministro de la Defensa.
No sólo droga venezolana también, la mafia de Sicilia
Otros serían los casos criminales de connotada factura que, impedidos de poder ser sometidos a la jurisdicción militar, fueron sin embargo objeto de las más hábiles maniobras políticas destinadas a evitar la investigación y a anular cualquiera fuera la posibilidad de llegar a los "autores tras los autores"; los encopetados operadores y soportadores en las altas posiciones de decisión en el gobierno de turno; como en los casos del capitán de navío Lizardo Márquez Perez y su complejo de soportadores en el negocio de las drogas, uno de los cuales compartía espacio de oficina con un Ministro del Interior en funciones; el otro, donde al destaparse el asunto de los hermanos Cuntreras–Caruana de la Mafia original de Sicilia revelarían, algunas estrechas relaciones –impedidas de conocer y de ser investigadas a fondo– con otro ministro del Interior en funciones.
En esas y otras oportunidades, otras fueron las formas adoptadas por el alto gobierno para impedir la intervención de los profesionales de la investigación criminal y que los resultados de sus indagaciones, fuesen consolidados y sometidos a la consideración de la jurisdicción penal ordinaria.
Riesgos implícitos de una policía profesional
Simplemente, para la política y los políticos, en gobierno y en oposición, quedaron en esos citados eventos y muchos otros, configurados y materializados los enormes riesgos derivados e inherentes a la actividad de la policía profesional en cualquiera de sus especialidades y formas de proceder. He allí, justamente, el "trasfondo político" de la política de seguridad en Venezuela.
Y lo político del asunto no deriva de la actividad estrictamente profesional de la policía, sino de los riesgos que ello implica para algunas figuras y "figurones" de la política y esa la que hoy, en una de sus más gráficas y graficadas expresiones, ocupa nuestro interés.
En la pluma del francés Casamayor, dos de sus afirmaciones: "... Nada más peligroso para la política, que una policía que piensa..."; "... La policía no es represiva, represivo es el uso que de ella hace la política...".
Y agregamos, peligroso para la política de los políticos comprometidos y pagados con los fondos derivados del crimen.
Represión
Y tiene que reprimir porque en función de sus propios y particulares intereses deben y tienen que despojar a la policía de su memoria, de sus métodos, de sus capacidades técnicas, de la experiencia acumulada, de la capacidad administrativa y de los procedimientos validados en los desempeños de los profesionales para que la ejecución de cada investigación criminal tenga y mantenga en el examen controvertido, el valor de una ejecutoria técnica de la voluntad administrativa y que su materialidad satisfaga, en cada caso, lo pautado por ley, fuere ante terceros fuere ello por ante la jurisdicción.
Ese complejo de actividades técnicas que le ponen en severo peligro de cárcel como derivado de las conductas ilícitas; mientras y a la vez, para el gran público y los medios, se hacenecesario brindar la sensación de que algo se están haciendo.
Esa es la comedia que montan cíclicamente, a la que juegan y en la que vive la sociedad venezolana y que se manifiestan en los eternos, efectistas e ineficientes "Operativos Policiales"; en las redadas puntuales; en las alcabalas o retenes policiales; en los asaltos y en la violencia sobre población civil desarmada; en los extremos, en los conocidos y tan nombrado y nunca juzgados y sentenciados pelotones de exterminio y sus "Operativos Contra el Crimen" o las desapariciones y los calificados oficialmente como "ajusticiamientos".
Nace la primera Tribu Judicial
La segunda gran decisión política de la más grande y determinante incidencia en la historia de esa época a esta, fue la decisión del electo presidente Rómulo Betancourt de entregar el control de las decisiones de los tribunales de la República, al abogado David Morales Bello y en lo que con los años sería luego conocido como: "La Tribu de David".
Algo que hemos definido siempre como la más trascendente decisión política del "padre de la democracia", Rómulo Betancourt, al entregar el "hacha al verdugo".
La más importante "política" que caracterizó y caracteriza al período que se conoce como "El Sistema de Conciliación de Elites" (Juan Carlos Rey), el "Pacto de Punto Fijo" como fue conocido o "IV República" como es estigmatizado por esto que llaman "Revolución Bolivariana o Socialismo del Siglo XXI".
En definitiva, si antes operó a sus anchas esa "Tribu de David", hoy más cómodamente lo hace "La Banda de los Enanos" y como ha sido y es habitual, aquí nadie exige rendición de cuentas ni nadie las rinde y por tanto, todo se resuelve en el escándalo de hoy que tapa el de ayer; en la cómoda “política” de la ley del menor esfuerzo.
Las expresiones del mismo esquema político y de los políticos, para la atención, desatención y tratamiento orgánico del complejo de la seguridad pública, que se expresa en un mayor y más importante desmembramiento, casi absoluto, de todo lo que pueda ser conocido y reconocido como un sistema articulado en y por un Estado soberano, para la atención y tratamiento de sus atribuciones y deberes.
Letra muerta
Se trata de una ruptura total con los términos pautados en el cuerpo de leyes vigentes –para algunos expertos se trata de la "Ruptura del Pacto Social"– y todo responde ahora y por ahora, al impune manejo de los intereses privados que se imponen por sobre y en detrimento de los etéreos cuando no inexistentes intereses públicos, en manos de una cofradía de oportunistas designados a la cabeza de todos y cada uno de los llamados poderes públicos del Estado, dedicados casi en exclusiva, a complacer los caprichos expresados o no del líder de turno, esta vez bajo la sombrilla de una supuesta revolución.
Esa modalidad de conducta y hacer político que retrotrae por entero al país al Siglo XIX.
Contexto
En ese es el marco de referencia sobre el cual nos toca hoy dejar constancia escrita para el futuro, de lo que ha degenerado tanto la idea, como el concepto y la función de la seguridad pública en la Venezuela contemporánea: Son los lodos de aquellas aguas.
Simplemente, son los derivados de la evasión al conflicto, de la ley del menor esfuerzo y de la ausencia de rendición de cuentas; las tres características que han distinguido a la política venezolana en materia de seguridad pública y que, por la simple dinámica de los hechos, ha impuesto en este dejar hacer la ausencia total de una orgánica expresión de la "voluntad de la Administración" y por vía de consecuencia, del abandono total de toda forma de organización social y política regida estrictamente por los términos de unas normas pautadas y vigentes en un cuerpo de leyes, de reglamentos y procedimientos.
Siendo así, no puede tener un resultado distinto al que hoy debemos referirnos en este espinoso asunto donde ya, a estas alturas del devenir político y social, no queda otro camino posible que dejarlo sentado y sustentado en esta visión de conjunto que nos permite en un juego de gráficas captar la trascendencia e importancia de las relaciones, vínculos y eventos puntuales entre personas naturales y personas jurídicas operado dentro y alrededor de los responsables de las decisiones políticas de un gobierno y que, a los efectos son reconocidas y citadas como Personas Políticamente Expuestas (PPE).
Expuestas sí, a una masa y lluvia de dinero líquido en moneda fuerte, libre de impuestos y ajena a toda forma o expresión de control en su origen y destino: El paraíso revolucionario.
Silencio cómplice
La constancia que debe quedar registrada, especialmente, frente unos hechos públicos suficientemente publicitados por los medios de comunicación nacionales e internacionales y sobre todo, frente a esa ausencia de reacción social, de respuesta política y social pertinente.
Un derivado indiscutible de un silencio sepulcral de una llamada oposición política, en su mayoría integrada por muchos de los que en el pasado –uniformados no– hicieron y dejaron de hacer lo pertinente y suficiente para que esta "política" de hoy sea no ya una repetición de la de ayer, sino –en una escalada– la expresión material más aterradora para el ciudadano común y para cualquiera sea el observador imparcial que pretenda abordar el tema de lo que llaman eufemísticamente corrupción.
Hoy y mañana, escondidos algunos tras sus ansiadas sillas en la Asamblea Nacional –esas que, como confiesan, si no las ganaban se morían de hambre–, esperan pacientes sólo el propicio momento para participar en el reparto del botín –derivado del manejo de los fondos públicos, de las drogas o de cualquiera sea otro el "negocio" del momento– y que uno u otro émulo de Walid Makled García, comprenda y emprenda y también, cubra con semejante holgura, no sólo las mensualidades sino también, algunas de las insatisfechas "necesidades personales".
El Complejo Makled les estalló en la cara
Novedoso resulta, jamás conocido en la historia política y criminal de la Venezuela independiente, esto de las relaciones y de vínculos directos entre operadores del delito –en este caso el tráfico de cocaína– y tantos funcionarios a la vez y con capacidades de decisión ubicados en los más altos rangos de los poderes del Estado; jamás habían quedado tan a la luz pública como en este caso del "narcotransitante" Walid Makled García.
Nunca oficiales generales del alto mando militar y político, habían sido tan insistente y abiertamente señalados por los medios nacionales e internacionales y menos aún, que éstos hayan guardado ese silencio y que en ningún momento luego de esos señalamientos, hayan desmentido de alguna forma la especie lanzada de viva voz por un detenido y señalado por los servicios internacionales como uno de los responsables de la carga y despegue de aeronaves con multi toneladas de drogas con destino a los mercados internacionales.
Si bien es cierto que en el pasado se pudo identificar a una y otra individualidad con rango de ministro, de oficial general de las Fuerzas Armadas, de altos jefes de policía de uno u otro organismo; de miembros del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía General; identificados no sólo como soporte de delincuentes, también como autores tras los autores, también como autores directos de crímenes de distintas modalidades, tráfico de drogas incluido; también es cierto que algunos no llegaron a conformar causas judiciales y que el silencio cubrió los ilícitos.
Pero jamás, como adelantamos, en ningún caso fueron tantos juntos y en tantas posiciones de decisión interconectadas y tan claves a los intereses operadores del delito.
Jamás pudimos estar en presencia de una tal constelación de soportadores pagados directamente por un operador y facilitador en el tránsito, embarque y salida de drogas a los mercados internacionales por y desde Venezuela; quien a su vez, como lo expresa de viva voz, cubrió con enormes montos financieros líquidos y en dólares, una que otra "necesidad personal" de uno u otro PPE.
Extraño
Que un sólo sujeto –operador de una extensa red para el embarque y despacho de drogas desde Venezuela– haya podido construir o edificar en tan poco tiempo, no más allá de seis años, una tan nutrida y eficiente red de soportes oficiales de tan alto nivel de decisión política, hasta el punto de que resulta imposible excusar al alto gobierno de las responsabilidades por ello derivadas, puesto que una de dos, o estaba perfectamente consciente del asunto y lo toleró o lo ignoró en expreso, en cuyo caso, demuestra absoluta incapacidad para el ejercicio de unas responsabilidades de Estado.
Un sujeto, Walid Makled García, que se sepa, con un nivel de escolaridad bastante limitado y sin embargo y a pesar de ello, logra colarse y codearse al parecer sin mucha resistencia, entre un nutrido grupo de supuestos universitarios graduados en distintas disciplinas del saber y en especial, las de las ciencias militares que, asumimos, por simple ámbito de sus actividades, algún criterio formado sobre información y seguridad, deberían poseer.
Pero al parecer, frente a la posibilidad material para la acumulación rápida y sin esfuerzo alguno de una riqueza que se presentaba y expresaba en una enorme liquidez rápidamente disponible en moneda fuerte, nada importaba eso de codearse y divertirse con algunos hábiles comerciantes de baja ralea –en drogas o cualquier fuere otro el rubro–; de paso, dejando atrás cualquiera fuera el título y los valores profesionales que hubiesen acumulado en sus años de servicio en un organismos de seguridad y en entes oficiales.
Para entenderlo, sólo una razón. Recordemos que en sólo dos embarques y salidas de aeronave desde aeropuertos venezolanos coordinados por Walid Makled García –el del 2006 con las 5,6 toneladas en un DC-9 capturado en México y las 10 toneladas del Boeing 727; aeronave que luego de bajar la carga de cocaína fuera totalmente incinerado en el desierto de Mali en el 2009–, a la tasa que se cita como la pagada por Makled a sus soportadores uniformados, tres mil dólares por cada kilo (US$3.000,oo/kilo) de cocaína que se embarque y salga de las fronteras de Venezuela, significaron cuarenta y seis millones ochocientos mil dólares americanos (US$46.800.000,oo) los que pagó Makled por los servicios, asistencias y apoyo militar sólo en esos dos embarques de drogas.
Al precio actual del dólar en el mercado negro, fueron trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos mil bolívares fuertes (BsF.394.400.000,oo)
Las gráficas
Las gráficas de lo que hemos denominado el Makled Complex, se explican por sí mismas.
Paso a paso, entidad por entidad, sujeto por sujeto y eventos trascendentes seleccionados en cada momento, toman su lugar.
Asumimos que cada quien frente a cada una de las gráficas, estará dotado de suficiente capacidad para interpretar y para deducir desde su propia óptica lo que de ellas se desprende.
Y así, quizás, podrá estar en capacidad para entender ese juego y manejo de las promesas y de los lapsos pautados por Juan Manuel Santos Calderón quien se identifica como el “… nuevo mejor amigo…”, mientras a un Walid Makled García los exprimen en Colombia, los colombianos y los norteamericanos; entender los silencios de unos "soleados" o asoleados, las angustias de otros y las huidas hacia delante del líder de la revolución.
Cuando ya al fin Walid Makled García sea extraditado a Venezuela, si es que lo fuere de aquí a 18 meses, ya serán otros los que tengan a mano la información y los soportes con las cuales las sustenta; llegará y podrá ser enterrado, literal o no, en cualquiera sea la ergástula de la que disponga el régimen o en cualquier acondicionado local en el cuartel de la DIM o del SEBIN, al igual que a "Ricardo X" quedará en silencio para siempre o mientras dure el régimen.
Pero ya serán otros muchos los que hablen, los que investiguen, substancien, documenten, aleguen y prueben, juzguen y sentencien.
A cada quien con sus responsabilidades, asumimos antes y asumimos hoy, las que hemos considerado y consideramos aún como las que corresponden al ciudadano de pleno derecho en un Estado moderno y soberano.
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