La impunidad se impone desde Miraflores

Cantaura, Yumare y siete masacres más



Rafael Rivero Muñoz
Caracas 16/09/11

“… Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda…”
Mark Twain (1835-1910)

Sobre conocidos y muy delicados detalles de ese tan candente tópico de la impunidad en los asesinatos colectivos, las masacres de civiles desarmados, alguien debería recordarle a Hugo Rafael Chávez Frías, aquella famosa y pertinente sugerencia de Juan Carlos I, Rey de España:

“… Por qué no te callas…”. (Santiago de Chile 10/11/2007)

Mientras todo el contingente militar y civil de Miraflores, tribunales, FGR y jefaturas militares y de policías tratan de poner sordina a los asesinatos del cabo segundo ® de la GN Luís Alberto Fuentes Pernía y de Edilberto Rosales Escalante, copiloto y transportista de esos 1.400 kilos de cocaína estibados en la narcoavioneta YV–2531 del Cabo San Román el 12/08/11, en paralelo, el líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, expresamente sabotea todo ese denodado y colectivo esfuerzo.

Difícil

Sino imposible a estas alturas, saber si se trata de una extraordinaria ignorancia que le distinguiría o si, presionado como está por el afanado lobby de los agentes de los carteles de la cocaína y sus soleados y asoleados afines del entorno, está haciendo llegar a interesados y subalternos la “voz del amo”: No se investiga y se silencia el asunto.

Precisamente, con esa, su… misión, para paralizar cualquiera sea el proceso de investigación criminal que se intente en cualquiera sea el momento y la instancia nacional de la cual se trate.

Pero, con estas histéricas manifestaciones de Hugo Rafael Chávez Frías, frenético por apagar el fuego, sólo le escancia más combustible y está avivando las llamas.

Imposible distinguir entre idiotez y complicidad

“… El presidente Hugo Chávez afirmó que algunos comisarios regionales están entrenados para matar… Hay algunos que yo conozco muy bien, comisarios de la antigua PTJ o de la antigua Disip, gente que está entrenada psicológicamente para matar, asesinos de Cantaura y de Yumare…” (El Nacional 15/09/11 página ocho)

Afirma Hugo Rafael Chávez Frías, conoce “… muy bien a algunos comisarios de la antigua PTJ o Disip… entrenados psicológicamente para matar…”, debemos asumir entonces que es porque también conoce al detalle uno y otro de esos crímenes a los cuales se refiere, desde el momento en que especifica dos de los impunes y más citados asesinatos de civiles desarmados, o masacres: Cantaura y Yumare.

Y se anuncia hoy la destitución del director del CICPC Wilmer Flores Trocel.

Sin embargo a estas alturas de la información no podemos asegurar si éste es entonces uno de esos comisarios “entrenados psicológicamente para matar” que conoce Hugo Rafael Chávez Frías y si unimos esa calificación a los dos asesinatos del 12/08/11 en el caso de la narcoavioneta, deberemos pensar en una de dos posibilidades: a) Es un señalamiento presidencial expreso de la responsabilidad por acción de Wilmer Flores Trocel en los dos asesinatos, dado su entrenamiento psicológico; b) la incompetencia en el control de ejecución de la misión de los 40 y tantos efectivos del CICPC destacado al Cabo San Román el 12/08/11 más un piloto titular del CICPC para la YV–2531, por omisión en las tareas de comando, trajo como consecuencia esos dos asesinatos que ahora resultan difícil de explicar y comprometen responsabilidades al más alto nivel del Ejecutivo.

También debe quedar claro a todos los efectos, que muchos son los comisarios de la antigua PTJ y Disip que, siendo su especialidad porque fue para eso que se entrenaron y de ello deriva su experiencia de décadas, conocen a cabalidad a uno y otro criminal de este entorno presidencial y los detalles de algunas de sus especialidades criminales, fuere en una u otra modalidad.

Si como afirma

Hugo Rafael Chávez Frías conoce bien a esos crímenes y los criminales, no podrá entonces jamás alegar ignorancia de los importantes detalles que distinguieron y distinguen aún sus modus operandi comenzando por la concepción del crimen, la planificación, la habilitación de capacidades, el aprovechamiento y/o la creación de las oportunidades y la argumentación de los motivos para la ejecución material de los crímenes que sistematizaron particularizando aquellos asesinatos en no menos de diez operaciones contra víctimas desarmadas y estos actualizados desempeños militares y civiles de la revolución.

Entre otras, a esas dos específicas masacres con las cuales pretende ejemplarizar su amplio conocimiento, quizás especializado, agreguemos algunos eventos de las subsiguientes matanzas de civiles desarmados: [vimeo http://vimeo.com/2061314]

Hugo Rafael Chávez Frías no podrá jamás alegar ignorancia de muy precisos detalles:

Los dos procedimientos militaro–policiales de Cantaura y de Yumare, necesariamente fueron en su momento aprobados por Miraflores y luego, cuando emergieron a la luz las realidades de las ejecutorias propias a criminales, comenzaron las mismas angustias y carreras que hoy se repiten en el caso de los dos citados e inexplicables asesinatos en la narcoavioneta YV–2531 y que agobian al Palacio de Gobierno en Venezuela.

La movilización de las unidades militares y civiles comisionadas para la ejecución de los crímenes en Cantaura y en Yumare, fueron, igualmente seleccionadas y autorizadas por Miraflores, tal y como dejaría sustentado en su testimonio por ante tribunales de la República, el general Alexis Ramón Sánchez Paz.

Recordemos que en la operación de Yumare, en el momento en que Henry López Sisco, terminada la balacera, comienza a revisar y rematar heridos, a su escolta y acompañante se le escapa un tiro y lo hiere de atrás hacia delante, de arriba abajo y de seguida hace acto de presencia Ramón Emilio Rodríguez Chacín –quien como siempre se mantiene a buena distancia de las balaceras y sólo se hace presente para el remate de heridos o “descabello” en términos taurinos–; ordena levantar y cargar a López Sisco, montarlo en el Jeep de “Ramirito” estacionado en la carretera y de allí a una clínica privada y así quedará, el uno como salvador de la vida del otro y éste, con la deuda.

Después de Cantaura y Yumare, esos dos principales criminales –Ramón Emilio Rodríguez Chacín de la Marina y Henry López Sisco de la Disip– regresan a las andadas y sería en aquel momento que a instancia de sus gestiones interesadas, se produce una expresa y legítima decisión político–administrativa, cuando Miraflores por decreto ordena la creación del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) y su adscripción al Comandante de la Segunda División de Infantería del Ejército, General Humberto Antonio Camejo Arias y como Jefe de Operaciones del CEJAP designa al Coronel del Ejército Enrique Vivas Quintero.

La derivada ejecución material de los subsiguientes operaciones contra seleccionados civiles desarmados, conocidas e identificadas en su momento por los medios de comunicación como La Masacre de El Amparo y las seis anteriores a ésta como Los Amparitos (siete masacres que suman no menos de sesenta víctimas desarmadas), fueron operaciones que necesariamente, una tras otra, contaron con la aprobación de Miraflores.

Recordemos que un día antes de La Masacre de El Amparo (28/10/88), los panificadores Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Henry López Sisco en momento en que sobrevolando en un UH del Ejército realizaban la inspección final del área seleccionada y pautada y donde ya su especializado agent provocateur había logrado fijar fecha y hora a las víctimas para la reunión; en ese momento, la aeronave sufre un desperfecto en vuelo y cae a tierra; resultan heridos ambos y es esto lo que les impide asistir personalmente a la matanza del día siguiente; el mando de la ejecución quedó en sus segundo en línea de mando; contingente de las fuerzas militares Alí Coromoto González, Capitán de Corbeta de la Armada y de las fuerza civiles, Andrés Alberto Román Moreno (a) Mario Perolito, Comisario General de la DISIP. Es por eso que Humberto Camejo Arias en su desesperada defensa afirma: “… Ni López Sisco ni Rodríguez Chacín estuvieron en El Amparo…”

En ese –a nuestros efectos de hoy– ejemplarizante caso de la Masacre de El Amparo, resistiendo a las sostenidas presiones del General Humberto Camejo Árias quien argumentaba la necesidad de “defender a los muchachos”, el 30/12/88 en auto motivado el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal integrado por el Coronel (EJ) Ángel Edesio Zambrano Chaparro, Jesús Alberto Southerland y el Teniente Coronel Jorge Luis Salcedo, por unanimidad sentenciaron y ordenando la detención de todos los autores materiales de la masacre.

Sin embargo, por órdenes de Miraflores tal decisión fue revocada y el expediente del caso radicado y es así que el 29/04/92 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dicta sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país; sentencia luego confirmada el 12/06/94 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza.

Ya hemos referido el notas anteriores que bajo la cobertura de lucha contra la guerrilla, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y su brazo ejecutor, Henry López Sisco, bajo el amparo de Miraflores, dieron comienzo a las tareas para la construcción de lo que hemos llamado “El Corredor Seguro para las Drogas”. No es posible olvidar que en la fiesta para la inauguración de su Centro de Operaciones, en su nueva hacienda en Barinas, entre los selectos y encopetados invitados para comerse un maute, estuvo el propio Jaime Lusinchi y su secretaria privada. Si para ese momento el inquilino de Miraflores estaba o no enterado de las vinculaciones del anfitrión con los grupos armados del vecino país y su más importante y rentable negocio, la cocaína, no ha sido posible establecerlo puesto que ninguna investigación criminal fue adelantada ni aún ha sido ejecutada por quien tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela, la FGR.

Recordemos a tenor de las expuestas sensibilidades políticas que además de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, muchos de los criminales que ejecutaron los civiles desarmados en esas masacres y a pesar de esos crímenes, se han desempeñado como funcionarios en este período: Omar Antonio Pérez Hudson director nacional de investigaciones de la Disip en el 2002; Celso Antonio Rincón Fuentes, subdirector y jefe de seguridad de la Cárcel de Yare 2002; Henry López Sisco, citado, asesor de seguridad del gobernador Manuel Rosales; general (r) Roger Cordero Lara, diputado por el PSUV en la AN.

Enterado o no de estos escabroso detalles, una realidad se impuso desde las primeras operaciones de Hugo Rafael Chávez Frías en función de la toma del poder político en Venezuela: Su vinculación y la cada vez más estrecha relación política, militar, económica y financiera con Ramón Emilio Rodríguez Chacín, el mismo que hemos referido como autor de no menos de diez masacres con un centenar de víctimas civiles desarmadas.

Ramón Emilio Rodríguez Chacín, según sus propias afirmaciones, participó activamente en el Golpe de Estado frustrado de 1992

Al tomar posesión como presidente electo Hugo Rafael Chávez Frías, Ramón Emilio Rodríguez fue citado públicamente como “El Rambo Venezolano” y designado inicialmente como enlace en las negociaciones con los secuestradores en los casos Mely Carrero y Richard Boulton; en esos casos éste designó como su representante y asesor de las familias de las víctimas, a su socio en las andadas Henry López Sisco a quien luego recomendaría a Manuel Rosales, gobernador del Zulia, contratarlo como Asesor de Seguridad, de hecho ejerció por un tiempo esa posición con cargo al presupuesto de esa gobernación.

Posteriormente Ramón Emilio Rodríguez Chacín es designado como representante personal de Hugo Rafael Chávez Frías, en las negociaciones políticas, militares, económicas y financiera con las FARC y las ELN colombianas.

Ramón Emilio Rodríguez Chacín fue designado en dos oportunidades Ministro del Interior; la primera vez en pleno ejercicio del cargo, dirigió desde su despacho y a la voz de “… bájame otra mano de cambur…”, las actividades de los francotiradores el 11A; sale del despacho y regresa en la segunda oportunidad hasta que en el 2008, públicamente incluido en la Lista Clinton de USA, alega haber sufrido un “espasmo cerebral”, designa a su segundo en el ministerio, Tarek El Aissami y renuncia.

Ramón Emilio Rodríguez Chacín, por expresa disposición de Hugo Rafael Chávez Frías, ejerce hoy el cargo de Presidente del Tribunal Disciplinario del partido de gobierno PSUV y desde allí mantiene sus capacidades de operación, selecciona o crea las oportunidades e impone a voluntad los motivos para el ejercicio de su empresa criminal.

De acuerdo a informaciones no confirmadas, desde el momento en que por razones políticas internas del partido PSUV, algunos de sus militantes insistieron en reabrir las causas penales por las masacres de Cantaura y Yumare; de inmediato Ramón Emilio Rodríguez Chacín tomó decisiones y sacó del país a Henry López Sisco; lo mantiene económicamente en Costa Rica donde éste logró el estatus de asilado. Esas sus declaraciones ante cualquiera sea el tribunal o juez, significarían en la práctica, la condena de ambos por las diez masacres y la centena de víctimas civiles desarmadas de aquella época. Se entiende entonces el especial tratamiento que brinda al asunto la FGR.

Como queda suficientemente argumentado, la especialidad de los profesionales de la policía, con o sin rango de comisarios de la antigua PTJ y de la Disip, es precisamente conocer a los criminales y sus crímenes, ubicarlos físicamente en espacio y tiempo y dejar sentado y sustentado aquellos elementos de convicción que la actividad profesional de tres décadas le haya permitido recopilar.

No ha correspondido jamás al policía juzgar, ni otra tarea distinta a informar los pormenores de los hechos criminales, sus autores inmediatos, mediatos, sus modus operandi y los mecanismos que les han permitido y permiten seguir disfrutando –a pesar de sus crímenes– de libertad plena para la continuidad en el ejercicio de sus actividades criminales.

Capacidades, oportunidades y motivos para el crimen, sustentados casi en exclusiva en la impunidad que le garantiza esa libertad para la acción y en beneficio de la Industria de la Ilegalidad –que algunos denominan Crimen Organizado–, todo ello indiscutiblemente, soportado en la ausencia de voluntad política de quienes desde el poder, en gobierno y oposición, fuere por cobardía, por conveniencia, por complicidad o por simple asociación criminosa, también sacan un enorme provecho político y crematístico con su dejar pasar y su dejar hacer.

Asunto que ya hemos ampliamente tratado en múltiples notas anteriores:
http://rriverom.wordpress.com/2011/05/23/walid-makled-garcia-confinado-y-silenciado%E2%80%A6/
http://rriverom.wordpress.com/2011/06/27/destacan-un-afiebrado-%E2%80%9Calzheimer-historico%E2%80%9D/
http://rriverom.wordpress.com/2011/06/16/tarek-el-aissami-sus-carceles-en-venezuela/
http://rriverom.wordpress.com/2011/07/15/operan-a-sus-anchas-el-crimen-y-los-criminales/
http://rriverom.wordpress.com/2011/08/28/ayer-se-confeso-narcotransitante-hoy-el-narcotrafico/
http://rriverom.wordpress.com/2011/08/19/%C2%BFlaberinto-de-%E2%80%9Cdroga-controlada%E2%80%9D-o-mas-bien%E2%80%A6/
http://rriverom.wordpress.com/2011/09/08/512/

La política del terror

Es una decisión política, la mantenida impunidad en las masacres de Cantaura, de Yumare y las otras siete masacres más de aquella época, a las cuales han de agregarse otras masacres ya citada en notas anteriores y el acumulado de los 180.000 asesinatos en los casi trece años de ejercicio de gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías.

Antes de este período, ese supuesto “entrenamiento psicológico para matar” –a lo Ian Fleming del 007– no ha existido jamás en Venezuela desde la creación de la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Pública con el Decreto del 17/09/1936.

Si alguna vez en estas más de siete décadas transcurridas, alguna información sobre ese entrenamiento para matar se ha hecho pública, se refiere precisamente a la adquisición de los 5.000 fusiles rusos Dragunov y a los anunciados entrenamientos para personal especializado que, al parecer, se contrataron con fuerzas extranjeras, Cuba y Bielorusia.

Como queda suficientemente sustentado en los hechos, esa compra de los Dragunov y entrenamiento es una decisión política hecha pública por el propio Hugo Rafael Chávez Frías http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=7Ac45QHoZJI

Estatuto de Roma

Ya lo advertimos en nota anterior, sin bien con el M16, calibre 5,56, el once de abril los francotiradores ubicados alrededor de Miraflores “dieron de baja” a 19 civiles desarmados, con heridas en la bóveda craneana y cuello y a otros cien los hirieron, en ningún caso ese calibre y peso de la bala produce estallido, son tiros limpios desde el momento en que esa bala blindada y de núcleo sólido, con el impacto se desintegra y en contadas ocasiones tiene orificio de salida.

Con la decidida dotación del especializado Dragunov, calibre 7,62×54, siendo una bala de mayor velocidad y significativo mayor calibre y peso, el impacto sobre el cráneo de un ser humano inevitablemente producirá el estallido de la masa encefálica.

Y es allí donde está el secreto de la esperada eficiencia del arma cuando se usa contra civiles desarmados, sea individualmente o en una manifestación pública:

Se trataría entonces, de la manifiesta y expresa voluntad política destinada a la siembra del terror como medio de represión para las manifestaciones públicas.

Vale a tenor recordar que, si bien el once de abril del 2002 el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o Protocolo de Roma, no estaba en vigencia y por tanto el uso de los M16 contra civiles permanece en silencio sino en el olvido; a partir del primero de julio de ese mismo año, ese instrumento internacional destinado a investigar y sancionar los crímenes contra la humanidad, entró en vigencia y no pasará jamás por debajo de la mesa y sin severas consecuencias, el eventual uso de los Dragunov contra los civiles:

“… Guerra avisada, no mata soldado y si lo mata, es por pendejo…” Decir popular

Venezuela: Política de las Drogas, o las drogas en política

El imperio de la industria de la ilegalidad se impone sobre el territorio

Política de las drogas, o las drogas en política

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 230310

“… A las dictaduras les pasa lo que a las bicicletas; si se paran, se caen…”

Maruja Torres (1943-?)

Frente a los derivados políticos, sociales, económicos y éticos de algunas trascendentes decisiones de gobierno, por años hemos insistido en lo difícil que viene resultando cada vez más, distinguir y separar nítidamente y con claridad, cuándo se trata de una decisión propia a los intereses particulares de los delincuentes en ejercicio de funciones de gobierno, o cuándo, en otra circunstancia –variante parecida mas no igual– se trata de la inclusión de múltiples y variadas determinantes del mundo de la ilegalidad, de los delincuentes y de la impunidad, en la preparación, en la toma y en la ejecución de las decisiones de gobierno.

Dos formas de expresión o modalidades han de ser distinguidas a los efectos de la comprensión, análisis y atención de esta particular política.

Primera modalidad

Como hemos aclarado en múltiples notas anteriores, se trata de las decisiones directas de encumbrados delincuentes quienes –electos o selectos– en el ejercicio directo de altos cargos de gobierno y en función y beneficio de sus limitados y particulares intereses, disponen a su albedrío de la maquinaria y de los mecanismos regulares del Estado.

Ello, tanto para garantizar la fluidez financiera de sus “negocios” regulares y/o relancinos, como para, por una parte, sacar expeditivamente de circulación a reales o potenciales competidores, como por la otra, para neutralizar o liquidar a cualquiera fuere aquel quien, por su hacer y/o decir, comprometa la dinámica, la vigencia y la consistencia de sus “ventajas comparativas”, y en ello, como la medida más efectiva y directa, se asume el sicariato judicial o judicialización de la respuesta.

No han quedado ni quedan nunca excluidas en las respuestas de este conocido desempeño criminal desde posiciones de gobierno y en una u otra fuere la circunstancia –especialmente cuando ésta se percibe severa o de riesgo en curso o de peligro inminente– los asesinatos, los secuestros y las desapariciones. Ejemplos sobran.

Segunda modalidad

Aun cuando pudieren tener similares o parecidos desempeños en y desde el funcionariado del Estado y hasta posiblemente los mimos resultados, en este caso los delincuentes no están en el ejercicio directo de posiciones de gobierno sino que, negocian e imponen las particularidades de sus intereses por personas interpuestas y bajo su control, a ese tenor, los funcionarios electos y selectos para el ejercicio de los cargos públicos en los distintos poderes del Estado, a quienes pagan jugosos dividendos en moneda fuerte y en cuentas dentro y fuera del país, a la vez que les controlan estrechamente mediando la explotación, exaltación y adulación de sus debilidades, y en los extremos, mediante la extorsión y las amenazas directas.

Este es el caso específico de lo que en los primeros años de la década de los cincuenta fue identificado y definido en los Estados Unidos como: El Crimen Organizado. Una de sus más publicitadas y conocidas expresiones, la Mafia o la Cosa Nostra.

El sui generis caso Venezuela

Cuando desde la perspectiva adoptada tomamos como referencia ejemplarizante las actividades de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, deberemos aceptar entonces la existencia de una tercera modalidad, cuando el delincuente en funciones públicas de mediano nivel impone la vigencia de sus particulares intereses y la de sus asociados en el negocio de las drogas, con la implementación y ejecución de un plan de trabajo de mediano y largo plazo: La construcción del Corredor Seguro de las Drogas.

Así, como funcionario subalterno, inicia sus actividades con las primeras pruebas de campo (Masacre de Cantaura octubre 1982; Masacre de Yumare, Mayo de 1986); las reinicia ya sobre el área geográfica de preciso interés con la Masacre de Isla de Charo (enero 1988) a la cual le siguen cinco masacres más (Los Amparitos) hasta culminar en octubre de 1988 con una séptima y la de mayor relevancia periodística, la Masacre del Amparo; escándalo político que condujo a la eliminación del creado a los efectos citados: Comando Específico José Antonio Páez (Cejap).

A pesar de la causa penal incoada en contra de Ramón Emilio Rodríguez Chacín y la medida judicial de detención dictad por el Juez Militar Ángel Edesio Zambrano Chaparro, esa decisión judicial jamás fue ejecutada, antes por el contrario, por instrucciones precisas emitidas desde Miraflores por Jaime Lusinchi, el juez fue despojado de la causa y enviada a una instancia sujeta al control, hasta que murió el interés y se cierra el caso en la jurisdicción nacional, más no así en la internacional.

Premiado

En todo caso, el citado potenciado delincuente regresa a gobierno y para 2002 ya ejerce el cargo público más importante en materia de seguridad en Venezuela: Ministro de Relaciones Interiores.

Desde esa posición, coordina las acciones de los grupos oficiales y para oficiales que enfrentan las manifestaciones públicas del 11 de abril 2002, y por vía telefónica giraba las instrucciones a los francotiradores ubicados en las azoteas de los edificios aledaños al Palacio de Miraflores: La voz de “… bájame otra mano de cambur…” precedió a más de uno de los disparos realizados contra civiles desarmados. Diecinueve muertos y más de 300 heridos fue el saldo de esa fecha.

Aún así, ni juicio ni investigación y regresa de nuevo al mismo cargo de ministro, hasta el día en que se entera que los norteamericanos dispusieron la congelación de los fondos financieros y de sus propiedades en los Estados Unidos por sus vínculos con las FARC y las drogas, situación que al producirle un llamado espasmo cerebral, le obliga a renunciar.

La sucesión

Deja sin embargo en el cargo del Ministerio, la garantía de continuidad en su esfuerzo delictual iniciado en 1982 y en beneficio propio y de sus asociados de las FARC, a su leal subalterno de los últimos años y jefe de seguridad pública, Tarek El Aissami, actual Ministro del Poder Popular para Interiores y Justicia.

Con el ejemplo de Ramón Emilio Rodríguez Chacín podemos observar la vigencia de las dos modalidades distinguidas y hasta la existencia de una tercera o derivada: Una adaptada combinación de ambas modalidades.

Esa tercera variante que hace de Venezuela en el terreno del estudio, del análisis, de la comprensión y, sobre todo, de la atención del delitos, de los delincuentes y de sus nexos con la política, un caso realmente sui generis.

Si queremos un caso típico de la segunda modalidad definida, ese que alguno denominan por comodidad –o por aquello de que … a nadie le gusta pensar, le gusta que le den todo pensado… (A. Hitler dixit)– Crimen Organizado, pero que nosotros denominamos Industria de la Ilegalidad, basta con recordar y observan al detalle las incidencias del reciente caso criminal donde se identifica a Ricardo Fernández Barrueco alias Ricardo X como el responsable directo; sujeto hoy supuestamente detenido y cuyas empresas y propiedades, al parecer y en medio del zafarrancho, han sido ya distribuidas entre algunos fieles al gobierno, ministros en especial.

Frente a esto qué

En dos décadas, el silencio, la tolerancia y hasta la complicidad de quienes desde el terreno y en función de la política, deberían ser los abanderados en la lucha contra la ilegalidad.

Ello, si al menos tomamos como válido el criterio que aunque eventualmente pudiere ser muy estudiado y del dominio de los políticos venezolanos en gobierno y oposición, y hasta muy citado por algunos, poca o ninguna expresión material ha tenido y tiene en la práctica diaria de estos políticos.

"... El hombre perfeccionado es el mejor de los animales, pero si se separa de la ley y de la justicia es el peor de todos; ya que la injusticia poderosa es la más peligrosa, y el hombre está equipado con armas desde su nacimiento, que deben ser utilizadas con inteligencia y virtud, pero pueden utilizarse para los peores fines... Si no tiene virtud es el más salvaje de los animales, el más lleno de lujuria y gula…" (Aristóteles, Política, 1253 AC)

¿Y el ciudadano qué?

Quizás una de las más determinantes y consistentes improntas; esas heredadas habituaciones individuales y colectivas derivadas de aquel tan nombrado Pacto de Punto Fijo, citado éste con precisión quirúrgica por Juan Carlos Rey como el Sistema de Conciliación de Élites, y que imperó durante cuatro décadas en Venezuela (1958/1998), haya sido lo que ayer y hoy hemos podido y podemos presenciar y evidenciar sin mucho esfuerzo: La domesticación del ciudadano.

Y un ciudadano domesticado, domeñado, desde nuestra particular óptica y salvo criterio o prueba en contrario en la voz y pluma de los conocidos expertos y estudiosos del tema, no existe; más aún, no puede existir.

Un morador, no es un ciudadano

En el caso del ciudadano sometido, reducido, rendido, avasallado o sujetado definitivamente por su propia voluntad, a lo sumo, la existencia del ser humano se resume a ser un simple morador de un territorio; no tiene otra forma de ser definido y de ser reconocido por los otros, dentro y fuera de su territorio.

Allí, en esa ya habitual entrega, en esa sumisión, abandono, comodidad y hasta cobardía en algunos casos de quienes pretendiendo ser reconocidos como ciudadanos pero no se atreven al ejercicio pleno y cabal de esa condición; allí, precisamente, radica el asiento, la consolidación y la solidificación de los lodos revolucionarios derivados de aquellas aguas puntofijistas.

Es propio de moradores de un territorio, la reacción de sumisión ante no importa cual fuere el tipo de violación a sus derechos como ser humano y por parte de los funcionarios del Estado.

Esa sumisión obliga entonces a hacer pública la entrega, hacer en silencio el paquete o la maleta con lo que necesitará en el calabozo, sin resistencia ni comentario alguno en contrario. Luego, a someterse una y otra vez a los vejámenes derivados de una y otra suspensión de audiencias; a ser esposado y trasladado en jaulas a los tribunales, y más aún, por vía directa e indirecta, a reconocer públicamente el buen trato del cual fuere o es objeto en una y otra instancia u oficina de gobierno.

Y esa sumisión en definitiva, siendo la más denigrante de la condición humana, es también la más aberrante de las conductas.

Es también, valga la acotación, la más ejemplarizante tanto en beneficio del gobierno que con ello incrementa sus capacidades para el ejercicio del terror sobre la población, como para el resto de los moradores del territorio a quienes en vivo se les hace ver la realidad en la que viven.

Existe sin embargo un pero, como todo en Venezuela.

También la buscada, programada, aceptada y sostenida pública sumisión, pudiere en algunos casos ser un arma en un amplio y versátil arsenal; la búsqueda de una actualización de imagen por una vía expresa hacia la victimización y derivado de ello, algunos beneficios políticos de algún tipo. En algunos casos y en la política venezolana, nunca se sabe.

Conclusión

Consecuencialmente, hoy en Venezuela, luego ya de más de dos décadas de implantación y consolidación de las “ventajas comparativas” del más rentable de los negocios de la Industria de la Ilegalidad y ante la política de las drogas o su variante, las drogas en la política, y puestos unos u otros ciudadanos frente a la acción y el ataque directo de los propulsores, promotores y beneficiarios del negocio de las drogas, sea cual fuere su materialidad, y más si fuere ésta en su expresión del ámbito de una pretendida justicia, no queda sino una excluyente alternativa para quien pretenda asumir, ser asumido y reconocido como ciudadano: La rebeldía.