El Panóptico
Tecnológico en Venezuela
Cronología de la
pérdida de soberanía de datos y el control social (1997-2026)
Rafael
Rivero Muñoz
Caracas,
06-06-2026
"…
El éxito del Panóptico reside en su capacidad para automatizar y
desindividualizar el poder. Quien está sometido a un campo de visibilidad, y lo
sabe, se convierte en el principio de su propio sometimiento…"
Michel Foucault, Vigilar y castigar (1975).
La construcción de una estructura centralizada de vigilancia
y control sobre la identidad ciudadana, los registros de propiedad y las
transacciones en Venezuela ha sido un proceso continuo desarrollado a lo largo
de casi tres décadas:
- 1997
(El Origen): El Ministro de Relaciones Interiores y
constitucionalista, José Guillermo Andueza Acuña, impulsa el proyecto
inicial para instaurar una Cédula de Identidad con chip electrónico que
permitiera el acceso y lectura externa de datos.
- 2000
(La Apertura): El Ministro de Relaciones Interiores, Luis Alfonso
Dávila, publica la primera licitación pública basada en el proyecto
Andueza. Ese mismo año, se firman los primeros acuerdos bilaterales de
suministro de tecnología de identificación con el gobierno de Cuba.
- 2003–2007
(La Transferencia Operativa): Las competencias de la Onidex sobre
Cédulas de Identidad, Pasaportes y movimientos migratorios son
transferidas formalmente a operadores y asesores informáticos cubanos.
- 2005–2007
(El Rediseño del SAIME): El ministro Jesse Chacón Escamillo firma el
contrato tecnológico inicial con la empresa estatal cubana Copextel (bajo
la dirección del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba
encabezado por Ramiro Valdés Menéndez). A partir de allí, el diseño
conceptual y la arquitectura de software del nuevo SAIME quedan a cargo de
José Lavandero, de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de
Cuba, centralizando el almacenamiento de huellas dactilares, datos
filiatorios y migratorios en plataformas de la isla.
- 2007–2011
(El Control Patrimonial y Mercantil): Mediante adendas contractuales
de carácter confidencial, se ceden los sistemas de la Cédula Electrónica y
la interconexión de bases de datos estatales a la firma cubana Albet
Ingeniería y Sistemas. Paralelamente, el traspaso de datos sobre la
propiedad privada, transacciones mercantiles, comerciales e inmobiliarias
se consolida con la reestructuración del Servicio Autónomo de Registros y
Notarías (SAREN).
- Enero
de 2011 (La Infraestructura Física): Inician los trabajos de
instalación del cable submarino de fibra óptica ALBA-1, con una capacidad
de 320 Gbps y una vida útil de 25 años, conectando la infraestructura
administrativa de Venezuela directamente con La Habana.
- Julio
de 2011 (La Certificación del Control): Un informe de la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela certifica que los
convenios otorgaban a la empresa Albet no solo el desarrollo de software,
sino también la administración exclusiva del código fuente, el manejo
remoto de servidores y el control de la emisión de documentos de identidad
civil, títulos de propiedad y registros mercantiles.
- Febrero
de 2013 (Conectividad Plena): Entra en operación comercial y
gubernamental el cable óptico ALBA-1.
- Abril
de 2026 (El Cierre Normativo): La Asamblea Nacional sanciona la Ley
Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos,
refrendada por Delcy Eloína Rodríguez Gómez en su carácter de presidenta
encargada. El instrumento entra en vigencia inmediata en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N.° 7.018, otorgando facultades extraordinarias
al Ejecutivo para centralizar, digitalizar y regular la interoperabilidad
de todas las ventanillas de trámites públicos del Estado.
- Evidencia
y Análisis de Respaldo: El engranaje y alcance de estos sistemas de
control pueden contrastarse a través de la investigación periodística
sobre la privatización de los sistemas electorales en Armando.info y el
análisis jurídico del consultor Zair Mundaray, quien advierte que la
fachada de modernización y celeridad institucional encubre una de las
operaciones de concentración de poder y fiscalización social más severas
de la historia contemporánea del país.
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