Los explosivos militares en manos de civiles

Dossier del “Terrorismo Ligth” en Venezuela












Rafael Rivero Muñoz
Caracas16/02/11

“… Un necio encuentra siempre otro necio aún mayor que le admira…”
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711)

El extraño y ya silenciado evento de ocho barras del explosivo plástico en manos de un civil, abre la espita para arrancar con la necesaria reseña o compendio de una de las más criminales conductas oficiales venezolanas donde se expone a severos peligros de muerte y de mutilación a individualidades en sectores no prevenidos de la población civil y como derivado directo de una dinámica que en deforme masa de circunstancias, se mezclan por un lado la ignorancia con la irresponsabilidad, la incapacidad con la cobardía y el oportunismo con la complicidad.

Y ese todo en su conjunto y en sus derivadas consecuencias, ponen en evidencia la más silenciada inobservancia de las leyes y procedimientos, los inevitables derivados de una silenciada e ignorada incapacidad en la formación técnica y en el ejercicio profesional, tanto de quienes, militares y civiles, son calificados por gobernantes y gobernados y hasta en los medios de comunicación se les asumen como diplomados y se hacen llamar, expertos en seguridad.

Baste para ello tomar como punto de encuentro de todo este conjunto de circunstancias señaladas, el manejo de uno de los más peligrosos explosivos, pero a la vez, el más mencionados y publicitados componentes para demoliciones de uso exclusivamente militar, pero que en Venezuela, por ignorancia y gozando de una tal fama de inocuo o de muy seguro, se dispone, maneja, almacena y transporta de forma tal que asombra o espanta a cualquier experto o conocedor de la materia de disposición de municiones.

El C4 es la ciclotrimetilentrinitramina, RDX (por Royal Demolitions Explosive), ciclonita o hexógeno; mejor conocido desde la Segunda Guerra Mundial como “Composición Cuatro”; fue el componente químico utilizado como iniciador para la reacción en cadena de los artefactos atómicos lanzados sobre Hiroshima Nagasaki el 6 y 9 agosto 1945; en Venezuela ha tenido y tiene una presentación en barras de una libra (453,6 gs) y como ya hemos adelantado, es un material de exclusiva custodia militar pero periódicamente citado en los medios de comunicación venezolanos por su presencia en áreas no militares y en manos de civiles.

De nuevo

Un abogado quien se desempeña como mensajero de la Oficina de Atención a las Comunas y Trascripción de Audio de la Secretaría Legislativa de la Asamblea Nacional, es detenido por Casa Militar el 02/02/11 en el sector de Catia en la ocasión de la visita de Hugo Chávez al 23 de Enero para celebrar el XII aniversario de su gobierno; al inspeccionar el vehículo que conduce el civil los efectivos del círculo de seguridad presidencial, localizan cuatro kilos de C4; luego, en una subsiguiente inspección en su residencia del 23 de Enero, localizan armas y uniformes militares.

El hecho se silencia, se conoce sólo diez días después de ocurrido, el 12/02/11, cuando se publica la información bajo la firma de Hernán Lugo-Galicia en El Nacional: “… César Isaías Occa… pasó de la Casa Militar a la Dirección de Inteligencia Militar y de allí fue trasladado ayer a El Rodeo, Miranda, y está a la orden de Fiscalía…”

Agrega Lugo-Galicia: “… Alberto ‘Chino’ Carías negó que pertenezca a los colectivos Túpa Amaruc, del cual es coordinador nacional, o La Piedrita: ‘No milita en grupos, aunque sí es un revolucionario’… “Occa es una persona excelente, trabajador, estudiante y serio… Se acaba de graduar de abogado en la Universidad Bolivariana. Tiene una sólida formación ideológica…"

Los detallazos de ese miércoles (020211)

1. No hubo carreras, reacción ni aspavientos de Hugo Rafael Chávez Frías, quien así como el 27F –para “preservarse” según las órdenes del su tutor Fidel Castro–, abandonó la acción prevista a ejecutar en el Golpe de Estado y se refugió con su unidad de combate en El Museo Militar y hasta tener la seguridad de su vida y de su integridad física de los negociadores y sólo después, en compañía de su protector el general Ramón Santeliz Ruiz a quien rindió las armas, salió de la improvisada madriguera.

2. En la ruta de desplazamiento de la comitiva presidencial y en lugar o sector de la ciudad donde Hugo Chávez Frías realizaría un acto público en espacio abierto, uno de los tantos anillos de seguridad detiene un vehículo que conduce un civil; a la vista alarma, en la inspección confirman: Detectan e incautan ocho barras (cuatro kilos) de explosivo plástico C4. Neutralizan y detienen al sujeto, aseguran los explosivos y seguidamente, sobre la marcha, en una rápida y subsiguiente visita al domicilio del detenido, nuevo hallazgo, esta vez son varias armas y uniformes militares.

3. A pesar de esta concreta y material alarma, de la derivada e inevitable alerta al resto de la comitiva presidencial y de estatutaria reacción de seguridad que obliga y dispara las rápidas, drásticas e inmediata medidas de aislamiento y del veloz retiro del principal del área –esto en cualquier fuere el grupo profesional de escolta de un personaje, en este caso presidencial–, no pasó absolutamente nada de eso; la visita y el acto político presidencial no sufrió ninguna alteración y lo programado continuó sin interrupción alguna hasta su también programado final.

4. Desde que Hugo Chávez llegó al Palacio de Miraflores ya lleva acumulados 55 alegatos públicos de conspiraciones para asesinarlo, de atentados o de magnicidio (http://www.noticiascentro.com/noticias/detalle/1084); el último, 74 días antes de los actos del 23 de Enero y de la detención con explosivos plásticos (C4), armas y uniforme militares de César Isaías Occa.(http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=44312&secid=28)

5. Es sólo diez días después que en dos mil caracteres en la página A4 de El Nacional, se hace referencia tanto al asunto de los cuatro kilos de C4 (ocho barras en su presentación original) en un vehículo como de la detención del abogado mensajero de la AN y de la ulterior localización de armas y uniformes militares en la residencia del detenido en el 23 de Enero.

Constante

Tan criminalmente irresponsable es el manejo y la disposición de estas letales presentaciones de explosivos, que bajo la indispensable tutela o tolerancia de superiores político y técnicos en altos cargos de gobierno, en más de una ocasión, personal subalterno dispone abiertamente de explosivos de distintos tipos y como veremos, han sido utilizados tanto para “ajustar las cuentas” a algún irreductible, para encubrir algún otro escándalo o alevoso crimen, como para esa especie de Terrorismo Light (modalidad venezolana que pretende no matar ni herir) y en su más reciente y peligrosa modalidad revolucionaria, para señalar, acusar y encausar a uno u otro opositor expresamente lanzado a la maquina y procesos de persecución política.

Precisemos

1. Ya olvidado el “Terrorismo Financiero”. Seis cargas de C4 estallan en Caracas entre 29/07 y 30/08/93, una de ellas en el lindero de la Estación de Servicios de gasolina en Altamira; otra el estallido de un vehículo en el sótano estacionamiento del CCCT (frente a la Base Aérea La Carlota); después, la serie de sobre bombas programada por Henry López Sisco, uno de los enviado a un magistrado de la Corte Suprema que le estalla en las manos al archivista Hugo Betancourt (los médicos tuvieron que amputale una mano 19/07/93)? Detenidos y encausados Ramiro Helmeyer, Walter Alexander del Nogal, Alberto Felipe Cabrices, Henry López Sisco, José Gregorio Hernández Villegas, José Enrique Moreno Hinojosa, Julio Requena, Gustavo Acosta, Emilio Rubino y Pablo Osorio. Helmeyer y Del Nogal, alegan en su defensa que se trataba de una operación destinada a tumbar el débil gobierno de Ramón J. Velásquez y señalan entre algunos de los implicados al general Radamés Muñoz León y a quien se decía agente de la CIA Thor Halvorsen. A pesar de esos y otros argumentos en descargo –no investigados–, por las bombas y el asesinato de Mario Rodolfo Patti (15/09/, cuyo cadáver lanzaron desde el avión de Helmeyer al mar Caribe en la ruta a Margarita), Helmeyer y Del Nogal son condenados a 30 años y durante el cumplimiento de su ya firme condena, gestionan y negocian un traslado a la cárcel donde estaba detenido Hugo Chávez Frías. Desde su llegada al penal se convierten de inmediato en sus amanuenses, financian algunas de sus necesidades y ejercen como hombres de su seguridad personal. Una vez que Hugo Chávez es indultado, es electo y llega al poder, su primera decisión ejecutiva, fue dictar el indulto a Helmeyer y Del Nogal. Seguidamente los dos son nombrados por el recién electo Alcalde Metropolitano, Juan Barreto Cipriani, Asesores de Seguridad y Prevención; luego serían designados por instrucciones precisas de Miraflores, como Asesores en la Dirección de DISIP y del DIM. Años después, el lunes 24/02/03, en la madrugada de nuevo el C4 entra en acción; dos cargas explosivas detonan en Caracas, la primera a las puertas de la Oficina Técnica de la representación de España en Venezuela, la segunda, a menos de dos kilómetros de ésta, en ka acera frente a la sede del Consulado de Colombia http://home.earthlink.net/~accioncivica/Articulos/terrorismorevo.htm

2. El expresamente empastelado y no resuelto homicidio del fiscal Danilo Anderson donde a pesar de no existir desmembramiento de cadáver ni los daños muy particulares y típicos del uso de ese explosivo en el vehículo vicepresidente, ministros, jefes de policía y más de un llamado experto citó de inmediato el C4 como el causante de la muerte: Danilo Ánderson como quedaría evidenciado luego –y en las gráficas del momento se observó–, murió quemado bajo una violenta, puntual e intensa fuente de calor que lo envolvió por completo. En ese caso detalles trascendentes han de citarse: a) Extrañamente toda el área transitada por la víctima desde que salió de la Escuela de PTJ hasta el sitio del estallido del artefacto, se encontraba acordonada, libre de tránsito y bajo control físico de comisiones de la DISIP; b) una vez detonado el artefacto aún sin apagarse el fuego, en sólo minutos llegó a la escena del crimen una tromba de personal oficial, desde el vicepresidente, el ministro del interior, otros ministros, el alcalde metropolitano, varios jefes policiales de distintos organismos civiles y militares; fueron no menos de 300 personas que se arremolinaron y patearon, se diría que expresamente, toda la escena alrededor del estrellado vehículo; algunos hasta tomaron posesión de objetos –al menos un celular o parte de uno– de la víctima regados sobre el piso; c) se conocería que Danilo Anderson antes de la fecha de su muerte, a instancias de la vice presidencia, habría sido en escalada –al principio sugerido y luego recomendado– presionado por su jefe el FGR, Isaías Rodríguez, para que abandonara las investigaciones de algunos banqueros y éste se había negado; d) quien al final de cuentas y sobre elementos de convicción inexistentes serían señalados como los autores del atentado, serían quienes en su momento, investigaron, identificaron y señalaron a los autores y los condenados a 30 años como responsables del llamado Terrorismo Financiero y quienes habiendo sido indultados, para la fecha de este asesinato de Danilo Anderson ejercían funciones oficiales en las directivas de la DISIP y del DIM

3. De ese mismo asesinato de Danilo Anderson derivan directamente otros dos asesinatos a partir de la necesidad y para cubrir exabruptos o para distraer la atención con el señalamiento de presuntos responsables; la DISIP secuestra en Caracas a Juan Carlos Sánchez, se les queda muerto en el interrogatorio y trasladan el cadáver en la noche a Barquisimeto y lo depositan en la habitación de un hotel, aparecería muerto producto de un supuesto intercambio de disparos con una comisión policial; luego, en otro supuesto enfrentamiento armado en el centro de Caracas del abogado Antonio López Castillo con comisiones policiales (22/11/04). En el subsiguiente movimiento de acomodos políticos, los órganos de seguridad acudieron al expediente de la siembra en la casa de habitación de los padres del abogado, de varias barras de C4 a lo que agregaron múltiples detonadores eléctricos y no eléctricos; en varios lugares de la casa colocarían los explosivos a la vista y hasta lanzacohetes originales T4 aparecían entre el amasijo de explosivos y de detonadores que apresuradamente sembraron bajo las camas y hasta debajo de la mesa del comedor. Sin embargo, sobre los explosivos nada más se informó después ni se informa aún. El 04/06/05 la FGR alega haber demostrado la inocencia de los habitantes de la casa donde pernoctaba la víctima y sus padres y el 11/07/06 el tribunal 6º de Control dictó sobreseimiento de la causa. http://elobservador.rctv.net/Reportajes/VerReportaje.aspx?ReportajeId=137. Esos asesinatos y los explosivos en la casa del abogado, sujeto expreso del olvido de la FGR en manos de Julián Isaías Rodríguez Díaz, hoy Embajador de Venezuela en España y fracasado candidato a presidir el TSJ.

4. El 28/07/04 tanto el ministro del Interior como el ministro de la Defensa, generales Lucas Rincón Romero y Jorge García Carneiro, denuncian públicamente en los medios el robo, extravío o distracción de explosivos de los almacenes militares. Desde las primeras informaciones (http://home.earthlink.net/~accioncivica/Articulos/vendioelsofa.htm) que manejaban los medios hasta esa confirmación oficial, se acumularían un total no mejor a las cien toneladas de explosivos en distintas presentaciones y “distraídos” del Cedeimague en Puerto Cabello; a la fecha de redacción de esta nota, a casi 2.400 días de la secuencia de eventos de “distracción” de explosivos, nada sabe el Ejecutivo de esas cien toneladas de materiales de uso exclusivo militar y bajo su responsabilidad y custodia: No menos de 5.000 barras de C4 y centenares de metros de cordón detonante; centenares de detonadores eléctricos o no, se cuentan entre el material que se “extravió”. La única decisión administrativa tomada apresuradamente en aquel momento por Hugo Chávez, fue desocupar por completo Cedeimague y trasladar todos los explosivos a Fuerte Tiuna.

5. Las informaciones más recientes señalarían que para aquellos años, los acuerdos “estratégicos” del gobierno con sus aliados y representantes de las FARC y de la ETA, habrían articulado la ejecución de entrenamientos en Venezuela para el uso de explosivos y para las pruebas de campo en el uso algunas combinaciones o dosificaciones de componentes destinadas a incrementar sustancialmente las capacidades de destrucción de los artefactos explosivos –a tenor la detección de hexógeno, componente del C4 en los restos químicos de la voladura del edificio T4 del Aeropuerto de Barajas en España el 30/12/06, han sido tratados ya en un serial de cuatro notas–. Se apunta directamente como el coordinador de las capacidades, tiempos, experiencias y habilidades –Venezuela, Cuba, Colombia, España– y administrador de tal desempeño técnico, al natural español Arturo Cubillas Fontán, a la sazón para el momento y aún, funcionario venezolano, Jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela; por cierto, el juicio contra los terroristas está en curso por ante la Audiencia Nacional de España.

6. Más reciente, es el caso de la detención de Alejandro Peña Esclusa (12/07/10) operación derivada de las informaciones de un fabricado confidente (el supuesto terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, por cierto rápidamente sacado de circulación; extraditado a Cuba antes del juicio y de exponer su señalamiento por ante un juez), aparece de nuevo la mención al C4 y esta vez, agregan expresamente en la escena múltiples detonadores eléctricos y no eléctrico. Señalan como materiales que supuestamente eran guardados por Peña Esclusa en varios lugares del apartamento donde vive con su familia; hasta en la gaveta de la mesa de noche de las dos niñas menores de edad, la policía dice que encontró varios detonadores y explosivos, así fue informado a los medios.

7. El 30/01/11 en plena zona poblada de civiles en la ciudad de Maracay, en cuatro de los 20 galpones ubicados a la entrada de Cavim, industrias militares, se declara un incendio y se inician una serie continuada de explosiones; vuelan por los aires piezas para cañones 155, 105, 106. Munición de 84mm Carl Gustav, munición 7.62x39 (Kalashnikov), 7.62x54 (Fal), granadas, metralla, munición; en plena lluvia de metralla de las seis urbanizaciones que rodean el área del siniestro se evacuan no menos de 10.000 personas hacia sectores supuestamente seguras, sin embargo, de acuerdo a los expertos, todos estos espacios seleccionados estaban ubicados en zona de peligro. Un muerto y cinco heridos fue la cifra inicial de daños personales. Informaría el gobernador Rafael Isea luego de controlado el incendio y ya sin explosiones, que de las 6.552 viviendas civiles inspeccionadas hasta ese momento, 3.332 (53%) resultaron con “afectaciones diversas”, no se habían determinado aún los daños estructurales sobre algunas de estas viviendas inspeccionadas. Para este momento, a más de 400 horas de ocurrido el siniestro el ministro de la Defensa aún no tiene información precisa sobre el asunto y menos se ha informado sobre el origen o las causas de las explosiones.

Temeridad

Sobre la afamada estabilidad y una derivada seguridad en almacenamiento, el manejo y transporte del componente C4, se centra la idea de que barras de ese plástico pueden ser expuestas al fuego, moldeadas, manipuladas, golpeadas sin que exista ningún peligro de explosión; sobre ello y las ahora “técnicas” opiniones de los expertos peninsulares en explosivos, reposa la criminal ligereza revolucionaria con la cual se maneja no sólo el C4 sino también todo el resto de los componentes explosivos, detonadores incluidos.

Bien es cierto que los ahora aliados revolucionarios y afamados especialistas de la ETA tienen una muy bien ganada fama y reputación en el uso y la utilización terrorista de los explosivos en sus atentados; comenzando con el ejecutado contra el presidente del gobierno español Luís Carrero Blanco el 20/12/73 (Carga hueca con 100 Kgs Goma-2 velocidad 5.250 m/s), cuando a la salida de una misa y en dirección a su residencia, en Coello y Maldonado hacen estallar los cien kilos de goma-2 y hacen volar por el aire el vehículo hasta pasar en claro por sobre un edificio de seis pisos para caer al otro lado en el patio interior y con ello ponen el punto final al gobierno de Franco http://www.vianetworks.es/personal/angelberto/CarrBlanco.htm; si bien es cierto también que han entrenado en el uso de artefactos explosivos tanto a los miembros de la IRA como a los grupos chechenos y que últimamente en Venezuela lo hacen con las FARC, también cabe recordar que no todos los atentados han terminado como esperaban.





Treinta y siete (37) etarras han volado manipulando los explosivos y bombas que pretendían colocar en uno u otro atentado.
Quizás el primero de los que estalló con su artefacto, sea Felipe Fermoso Linares quien en los inicios de los sesenta en combinación con la campaña que adelantaban los grupos armados del PCV y MIR en Venezuela, tratando de colocar una bomba de tiempo de seis cartuchos de dinamita en San Bernardino en Caracas, activo por error el artefacto y voló por los aires; los otros 36 etarras murieron de la misma forma a partir del año 1969 y entre el año 1983 y 1991, otro seis asociados a la ETA, también entrenados por ellos, han muerto en ese momento cuando manipulaban las bombas que preparaban o transportaban para uno u otro atentado.

Explosivos

Definitivamente los funcionarios de esto que llaman gobierno revolucionario y vinculados a las decisiones políticas, administrativas y técnicas para el tratamiento y manejos de explosivos; sobre almacenamiento y disposición de materiales explosivos y especialmente en cuanto a los controles para flujos de almacén, distribución, transporte y uso de materiales explosivos, parecieran no tener la más mínima idea de lo que tienen en sus manos y que viene a ser de su absoluta e indelegable responsabilidad.

No tienen la más mínima idea de lo que significa el poder detonante de una barra de C4 y si bien es cierto que la estabilidad del compuesto impide que estalle a los golpes o puesta al fuego, también es cierto que la presencia o cercanía de esas barras a otros explosivos de menor velocidad, de cordón detonante o de detonadores de cualquier tipo –que si pueden reaccionar ante golpes y fuego– si pueden producir su estallido por simpatía.

Para hacer comprender lo que se tiene en la mano con una barra de C4, una referencia.

Recientemente en Cali Colombia para la rápida demolición de seis edificios de un complejo habitacional se utilizaron solamente 75 kgs de indugel, un explosivo con una velocidad de detonación de 4.200 metros por segundo; el C4 a los efectos de una comparación, tiene una velocidad de detonación de 8.720 metros por segundo, el doble del indugel: Ocho barras de C4 en manos de un civil significarían en teoría, por peso el 5% de esa capacidad de destrucción, por velocidad de detonación m/s, el 10%.

Baste saber que un detonador, sea de aluminio o de cobre e independiente del tipo, puede estallar con cambios violentos de temperatura, con un golpe que reciba sobre determinados puntos, con el roce/golpe sostenido entre un amasijo de ellos y que el estallido de uno basta, dependiendo de la distancia, para seccionar de un solo tajo una pierna humana a la altura del tercio medio del muslo; que esa detonación de uno en presencia de otros detonadores producirá una reacción en cadena o secuencia de explosiones y aun sin estar cebadas, por simpatía detonarán todas y cada una de las barras de C4, TNT o granadas, que puedan estar en el área física de esa inicial detonación, la del primer detonador que se active.

No se comprende entonces cómo en una operación que se pretende policial, los funcionarios sobre el terreno, transporten y manipulen a la vez y en el mismo espacio confinado, irresponsablemente, una o varias barras de C4 y múltiples detonadores de varios tipo; menos aun se comprende, que en el mismo espacio de un vehículo se transporten en la vía pública explosivos y detonadores.

No se comprende, si fuere el caso, cómo funcionarios o cualquiera fuere el interesado, puede permitir o poner al acceso o a la mano de civiles y de menores de edad, unos detonadores, como pareció ser ese desempeño criminal en el caso de el supuesto decomiso de explosivos en el momento del allanamiento y la detención de Alejandro Peña Esclusa.
Menos se comprende, cómo en el caso de la detención del abogado mensajero de la AN con ocho barras de C4 en un vehículo, armas y equipos militares, haya tenido el soterrado tratamiento oficial que se reseña en los medios de comunicación.

En definitiva

Sólo en la presencia y en la acción de una criminal indiferencia o quizás cobardía, cuando no tolerancia, conveniencia o complicidad en los cuadros superiores de mando civil y militar en un gobierno, es posible que se hayan acumulado evento tras evento en este dossier del “Terrorismo Ligth” en Venezuela y cuya material o evidenciada materialidad, está precisamente, en la presencia o tenencia de explosivos militares en manos de civiles.

Si bien es cierto que, independiente de bandos, no existe garantía alguna para la población civil, tampoco existe para ninguno de los interesados, capitoste o no del régimen, de que ese manejo imprudente e irresponsable de materiales explosivos de alto poder, no les afecte y les coloque a ellos y su entorno en el terreno de las víctimas –o de “objetivos militares” como suelen gritar a voz en cuello algunos de los líderes de los ya incontrolados grupos violentos o revolucionarios–, muy a pesar de sus blindados y escoltados medios de transporte o de sus custodiadas oficinas y residencias, nada ni nadie puede garantizar, en el menor de los casos, las “simpáticas reacciones” de una barra de C4 manejada imprudentemente y en los extremos, baste la citada referencia al atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco

¿En quien recae la total responsabilidad cuando una u otra de estas famosas barras de C4 y demás aditamentos, en momentos de ser colocadas o “sembradas” en alguna edificación, o mientras es transportadas en algún vehículo civil, estalle por simpatía en un momento cualquiera y en medio de una multitud de civiles no prevenidos de ese peligro?