Los explosivos militares en manos de civiles

Dossier del “Terrorismo Ligth” en Venezuela












Rafael Rivero Muñoz
Caracas16/02/11

“… Un necio encuentra siempre otro necio aún mayor que le admira…”
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711)

El extraño y ya silenciado evento de ocho barras del explosivo plástico en manos de un civil, abre la espita para arrancar con la necesaria reseña o compendio de una de las más criminales conductas oficiales venezolanas donde se expone a severos peligros de muerte y de mutilación a individualidades en sectores no prevenidos de la población civil y como derivado directo de una dinámica que en deforme masa de circunstancias, se mezclan por un lado la ignorancia con la irresponsabilidad, la incapacidad con la cobardía y el oportunismo con la complicidad.

Y ese todo en su conjunto y en sus derivadas consecuencias, ponen en evidencia la más silenciada inobservancia de las leyes y procedimientos, los inevitables derivados de una silenciada e ignorada incapacidad en la formación técnica y en el ejercicio profesional, tanto de quienes, militares y civiles, son calificados por gobernantes y gobernados y hasta en los medios de comunicación se les asumen como diplomados y se hacen llamar, expertos en seguridad.

Baste para ello tomar como punto de encuentro de todo este conjunto de circunstancias señaladas, el manejo de uno de los más peligrosos explosivos, pero a la vez, el más mencionados y publicitados componentes para demoliciones de uso exclusivamente militar, pero que en Venezuela, por ignorancia y gozando de una tal fama de inocuo o de muy seguro, se dispone, maneja, almacena y transporta de forma tal que asombra o espanta a cualquier experto o conocedor de la materia de disposición de municiones.

El C4 es la ciclotrimetilentrinitramina, RDX (por Royal Demolitions Explosive), ciclonita o hexógeno; mejor conocido desde la Segunda Guerra Mundial como “Composición Cuatro”; fue el componente químico utilizado como iniciador para la reacción en cadena de los artefactos atómicos lanzados sobre Hiroshima Nagasaki el 6 y 9 agosto 1945; en Venezuela ha tenido y tiene una presentación en barras de una libra (453,6 gs) y como ya hemos adelantado, es un material de exclusiva custodia militar pero periódicamente citado en los medios de comunicación venezolanos por su presencia en áreas no militares y en manos de civiles.

De nuevo

Un abogado quien se desempeña como mensajero de la Oficina de Atención a las Comunas y Trascripción de Audio de la Secretaría Legislativa de la Asamblea Nacional, es detenido por Casa Militar el 02/02/11 en el sector de Catia en la ocasión de la visita de Hugo Chávez al 23 de Enero para celebrar el XII aniversario de su gobierno; al inspeccionar el vehículo que conduce el civil los efectivos del círculo de seguridad presidencial, localizan cuatro kilos de C4; luego, en una subsiguiente inspección en su residencia del 23 de Enero, localizan armas y uniformes militares.

El hecho se silencia, se conoce sólo diez días después de ocurrido, el 12/02/11, cuando se publica la información bajo la firma de Hernán Lugo-Galicia en El Nacional: “… César Isaías Occa… pasó de la Casa Militar a la Dirección de Inteligencia Militar y de allí fue trasladado ayer a El Rodeo, Miranda, y está a la orden de Fiscalía…”

Agrega Lugo-Galicia: “… Alberto ‘Chino’ Carías negó que pertenezca a los colectivos Túpa Amaruc, del cual es coordinador nacional, o La Piedrita: ‘No milita en grupos, aunque sí es un revolucionario’… “Occa es una persona excelente, trabajador, estudiante y serio… Se acaba de graduar de abogado en la Universidad Bolivariana. Tiene una sólida formación ideológica…"

Los detallazos de ese miércoles (020211)

1. No hubo carreras, reacción ni aspavientos de Hugo Rafael Chávez Frías, quien así como el 27F –para “preservarse” según las órdenes del su tutor Fidel Castro–, abandonó la acción prevista a ejecutar en el Golpe de Estado y se refugió con su unidad de combate en El Museo Militar y hasta tener la seguridad de su vida y de su integridad física de los negociadores y sólo después, en compañía de su protector el general Ramón Santeliz Ruiz a quien rindió las armas, salió de la improvisada madriguera.

2. En la ruta de desplazamiento de la comitiva presidencial y en lugar o sector de la ciudad donde Hugo Chávez Frías realizaría un acto público en espacio abierto, uno de los tantos anillos de seguridad detiene un vehículo que conduce un civil; a la vista alarma, en la inspección confirman: Detectan e incautan ocho barras (cuatro kilos) de explosivo plástico C4. Neutralizan y detienen al sujeto, aseguran los explosivos y seguidamente, sobre la marcha, en una rápida y subsiguiente visita al domicilio del detenido, nuevo hallazgo, esta vez son varias armas y uniformes militares.

3. A pesar de esta concreta y material alarma, de la derivada e inevitable alerta al resto de la comitiva presidencial y de estatutaria reacción de seguridad que obliga y dispara las rápidas, drásticas e inmediata medidas de aislamiento y del veloz retiro del principal del área –esto en cualquier fuere el grupo profesional de escolta de un personaje, en este caso presidencial–, no pasó absolutamente nada de eso; la visita y el acto político presidencial no sufrió ninguna alteración y lo programado continuó sin interrupción alguna hasta su también programado final.

4. Desde que Hugo Chávez llegó al Palacio de Miraflores ya lleva acumulados 55 alegatos públicos de conspiraciones para asesinarlo, de atentados o de magnicidio (http://www.noticiascentro.com/noticias/detalle/1084); el último, 74 días antes de los actos del 23 de Enero y de la detención con explosivos plásticos (C4), armas y uniforme militares de César Isaías Occa.(http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=44312&secid=28)

5. Es sólo diez días después que en dos mil caracteres en la página A4 de El Nacional, se hace referencia tanto al asunto de los cuatro kilos de C4 (ocho barras en su presentación original) en un vehículo como de la detención del abogado mensajero de la AN y de la ulterior localización de armas y uniformes militares en la residencia del detenido en el 23 de Enero.

Constante

Tan criminalmente irresponsable es el manejo y la disposición de estas letales presentaciones de explosivos, que bajo la indispensable tutela o tolerancia de superiores político y técnicos en altos cargos de gobierno, en más de una ocasión, personal subalterno dispone abiertamente de explosivos de distintos tipos y como veremos, han sido utilizados tanto para “ajustar las cuentas” a algún irreductible, para encubrir algún otro escándalo o alevoso crimen, como para esa especie de Terrorismo Light (modalidad venezolana que pretende no matar ni herir) y en su más reciente y peligrosa modalidad revolucionaria, para señalar, acusar y encausar a uno u otro opositor expresamente lanzado a la maquina y procesos de persecución política.

Precisemos

1. Ya olvidado el “Terrorismo Financiero”. Seis cargas de C4 estallan en Caracas entre 29/07 y 30/08/93, una de ellas en el lindero de la Estación de Servicios de gasolina en Altamira; otra el estallido de un vehículo en el sótano estacionamiento del CCCT (frente a la Base Aérea La Carlota); después, la serie de sobre bombas programada por Henry López Sisco, uno de los enviado a un magistrado de la Corte Suprema que le estalla en las manos al archivista Hugo Betancourt (los médicos tuvieron que amputale una mano 19/07/93)? Detenidos y encausados Ramiro Helmeyer, Walter Alexander del Nogal, Alberto Felipe Cabrices, Henry López Sisco, José Gregorio Hernández Villegas, José Enrique Moreno Hinojosa, Julio Requena, Gustavo Acosta, Emilio Rubino y Pablo Osorio. Helmeyer y Del Nogal, alegan en su defensa que se trataba de una operación destinada a tumbar el débil gobierno de Ramón J. Velásquez y señalan entre algunos de los implicados al general Radamés Muñoz León y a quien se decía agente de la CIA Thor Halvorsen. A pesar de esos y otros argumentos en descargo –no investigados–, por las bombas y el asesinato de Mario Rodolfo Patti (15/09/, cuyo cadáver lanzaron desde el avión de Helmeyer al mar Caribe en la ruta a Margarita), Helmeyer y Del Nogal son condenados a 30 años y durante el cumplimiento de su ya firme condena, gestionan y negocian un traslado a la cárcel donde estaba detenido Hugo Chávez Frías. Desde su llegada al penal se convierten de inmediato en sus amanuenses, financian algunas de sus necesidades y ejercen como hombres de su seguridad personal. Una vez que Hugo Chávez es indultado, es electo y llega al poder, su primera decisión ejecutiva, fue dictar el indulto a Helmeyer y Del Nogal. Seguidamente los dos son nombrados por el recién electo Alcalde Metropolitano, Juan Barreto Cipriani, Asesores de Seguridad y Prevención; luego serían designados por instrucciones precisas de Miraflores, como Asesores en la Dirección de DISIP y del DIM. Años después, el lunes 24/02/03, en la madrugada de nuevo el C4 entra en acción; dos cargas explosivas detonan en Caracas, la primera a las puertas de la Oficina Técnica de la representación de España en Venezuela, la segunda, a menos de dos kilómetros de ésta, en ka acera frente a la sede del Consulado de Colombia http://home.earthlink.net/~accioncivica/Articulos/terrorismorevo.htm

2. El expresamente empastelado y no resuelto homicidio del fiscal Danilo Anderson donde a pesar de no existir desmembramiento de cadáver ni los daños muy particulares y típicos del uso de ese explosivo en el vehículo vicepresidente, ministros, jefes de policía y más de un llamado experto citó de inmediato el C4 como el causante de la muerte: Danilo Ánderson como quedaría evidenciado luego –y en las gráficas del momento se observó–, murió quemado bajo una violenta, puntual e intensa fuente de calor que lo envolvió por completo. En ese caso detalles trascendentes han de citarse: a) Extrañamente toda el área transitada por la víctima desde que salió de la Escuela de PTJ hasta el sitio del estallido del artefacto, se encontraba acordonada, libre de tránsito y bajo control físico de comisiones de la DISIP; b) una vez detonado el artefacto aún sin apagarse el fuego, en sólo minutos llegó a la escena del crimen una tromba de personal oficial, desde el vicepresidente, el ministro del interior, otros ministros, el alcalde metropolitano, varios jefes policiales de distintos organismos civiles y militares; fueron no menos de 300 personas que se arremolinaron y patearon, se diría que expresamente, toda la escena alrededor del estrellado vehículo; algunos hasta tomaron posesión de objetos –al menos un celular o parte de uno– de la víctima regados sobre el piso; c) se conocería que Danilo Anderson antes de la fecha de su muerte, a instancias de la vice presidencia, habría sido en escalada –al principio sugerido y luego recomendado– presionado por su jefe el FGR, Isaías Rodríguez, para que abandonara las investigaciones de algunos banqueros y éste se había negado; d) quien al final de cuentas y sobre elementos de convicción inexistentes serían señalados como los autores del atentado, serían quienes en su momento, investigaron, identificaron y señalaron a los autores y los condenados a 30 años como responsables del llamado Terrorismo Financiero y quienes habiendo sido indultados, para la fecha de este asesinato de Danilo Anderson ejercían funciones oficiales en las directivas de la DISIP y del DIM

3. De ese mismo asesinato de Danilo Anderson derivan directamente otros dos asesinatos a partir de la necesidad y para cubrir exabruptos o para distraer la atención con el señalamiento de presuntos responsables; la DISIP secuestra en Caracas a Juan Carlos Sánchez, se les queda muerto en el interrogatorio y trasladan el cadáver en la noche a Barquisimeto y lo depositan en la habitación de un hotel, aparecería muerto producto de un supuesto intercambio de disparos con una comisión policial; luego, en otro supuesto enfrentamiento armado en el centro de Caracas del abogado Antonio López Castillo con comisiones policiales (22/11/04). En el subsiguiente movimiento de acomodos políticos, los órganos de seguridad acudieron al expediente de la siembra en la casa de habitación de los padres del abogado, de varias barras de C4 a lo que agregaron múltiples detonadores eléctricos y no eléctricos; en varios lugares de la casa colocarían los explosivos a la vista y hasta lanzacohetes originales T4 aparecían entre el amasijo de explosivos y de detonadores que apresuradamente sembraron bajo las camas y hasta debajo de la mesa del comedor. Sin embargo, sobre los explosivos nada más se informó después ni se informa aún. El 04/06/05 la FGR alega haber demostrado la inocencia de los habitantes de la casa donde pernoctaba la víctima y sus padres y el 11/07/06 el tribunal 6º de Control dictó sobreseimiento de la causa. http://elobservador.rctv.net/Reportajes/VerReportaje.aspx?ReportajeId=137. Esos asesinatos y los explosivos en la casa del abogado, sujeto expreso del olvido de la FGR en manos de Julián Isaías Rodríguez Díaz, hoy Embajador de Venezuela en España y fracasado candidato a presidir el TSJ.

4. El 28/07/04 tanto el ministro del Interior como el ministro de la Defensa, generales Lucas Rincón Romero y Jorge García Carneiro, denuncian públicamente en los medios el robo, extravío o distracción de explosivos de los almacenes militares. Desde las primeras informaciones (http://home.earthlink.net/~accioncivica/Articulos/vendioelsofa.htm) que manejaban los medios hasta esa confirmación oficial, se acumularían un total no mejor a las cien toneladas de explosivos en distintas presentaciones y “distraídos” del Cedeimague en Puerto Cabello; a la fecha de redacción de esta nota, a casi 2.400 días de la secuencia de eventos de “distracción” de explosivos, nada sabe el Ejecutivo de esas cien toneladas de materiales de uso exclusivo militar y bajo su responsabilidad y custodia: No menos de 5.000 barras de C4 y centenares de metros de cordón detonante; centenares de detonadores eléctricos o no, se cuentan entre el material que se “extravió”. La única decisión administrativa tomada apresuradamente en aquel momento por Hugo Chávez, fue desocupar por completo Cedeimague y trasladar todos los explosivos a Fuerte Tiuna.

5. Las informaciones más recientes señalarían que para aquellos años, los acuerdos “estratégicos” del gobierno con sus aliados y representantes de las FARC y de la ETA, habrían articulado la ejecución de entrenamientos en Venezuela para el uso de explosivos y para las pruebas de campo en el uso algunas combinaciones o dosificaciones de componentes destinadas a incrementar sustancialmente las capacidades de destrucción de los artefactos explosivos –a tenor la detección de hexógeno, componente del C4 en los restos químicos de la voladura del edificio T4 del Aeropuerto de Barajas en España el 30/12/06, han sido tratados ya en un serial de cuatro notas–. Se apunta directamente como el coordinador de las capacidades, tiempos, experiencias y habilidades –Venezuela, Cuba, Colombia, España– y administrador de tal desempeño técnico, al natural español Arturo Cubillas Fontán, a la sazón para el momento y aún, funcionario venezolano, Jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela; por cierto, el juicio contra los terroristas está en curso por ante la Audiencia Nacional de España.

6. Más reciente, es el caso de la detención de Alejandro Peña Esclusa (12/07/10) operación derivada de las informaciones de un fabricado confidente (el supuesto terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, por cierto rápidamente sacado de circulación; extraditado a Cuba antes del juicio y de exponer su señalamiento por ante un juez), aparece de nuevo la mención al C4 y esta vez, agregan expresamente en la escena múltiples detonadores eléctricos y no eléctrico. Señalan como materiales que supuestamente eran guardados por Peña Esclusa en varios lugares del apartamento donde vive con su familia; hasta en la gaveta de la mesa de noche de las dos niñas menores de edad, la policía dice que encontró varios detonadores y explosivos, así fue informado a los medios.

7. El 30/01/11 en plena zona poblada de civiles en la ciudad de Maracay, en cuatro de los 20 galpones ubicados a la entrada de Cavim, industrias militares, se declara un incendio y se inician una serie continuada de explosiones; vuelan por los aires piezas para cañones 155, 105, 106. Munición de 84mm Carl Gustav, munición 7.62x39 (Kalashnikov), 7.62x54 (Fal), granadas, metralla, munición; en plena lluvia de metralla de las seis urbanizaciones que rodean el área del siniestro se evacuan no menos de 10.000 personas hacia sectores supuestamente seguras, sin embargo, de acuerdo a los expertos, todos estos espacios seleccionados estaban ubicados en zona de peligro. Un muerto y cinco heridos fue la cifra inicial de daños personales. Informaría el gobernador Rafael Isea luego de controlado el incendio y ya sin explosiones, que de las 6.552 viviendas civiles inspeccionadas hasta ese momento, 3.332 (53%) resultaron con “afectaciones diversas”, no se habían determinado aún los daños estructurales sobre algunas de estas viviendas inspeccionadas. Para este momento, a más de 400 horas de ocurrido el siniestro el ministro de la Defensa aún no tiene información precisa sobre el asunto y menos se ha informado sobre el origen o las causas de las explosiones.

Temeridad

Sobre la afamada estabilidad y una derivada seguridad en almacenamiento, el manejo y transporte del componente C4, se centra la idea de que barras de ese plástico pueden ser expuestas al fuego, moldeadas, manipuladas, golpeadas sin que exista ningún peligro de explosión; sobre ello y las ahora “técnicas” opiniones de los expertos peninsulares en explosivos, reposa la criminal ligereza revolucionaria con la cual se maneja no sólo el C4 sino también todo el resto de los componentes explosivos, detonadores incluidos.

Bien es cierto que los ahora aliados revolucionarios y afamados especialistas de la ETA tienen una muy bien ganada fama y reputación en el uso y la utilización terrorista de los explosivos en sus atentados; comenzando con el ejecutado contra el presidente del gobierno español Luís Carrero Blanco el 20/12/73 (Carga hueca con 100 Kgs Goma-2 velocidad 5.250 m/s), cuando a la salida de una misa y en dirección a su residencia, en Coello y Maldonado hacen estallar los cien kilos de goma-2 y hacen volar por el aire el vehículo hasta pasar en claro por sobre un edificio de seis pisos para caer al otro lado en el patio interior y con ello ponen el punto final al gobierno de Franco http://www.vianetworks.es/personal/angelberto/CarrBlanco.htm; si bien es cierto también que han entrenado en el uso de artefactos explosivos tanto a los miembros de la IRA como a los grupos chechenos y que últimamente en Venezuela lo hacen con las FARC, también cabe recordar que no todos los atentados han terminado como esperaban.





Treinta y siete (37) etarras han volado manipulando los explosivos y bombas que pretendían colocar en uno u otro atentado.
Quizás el primero de los que estalló con su artefacto, sea Felipe Fermoso Linares quien en los inicios de los sesenta en combinación con la campaña que adelantaban los grupos armados del PCV y MIR en Venezuela, tratando de colocar una bomba de tiempo de seis cartuchos de dinamita en San Bernardino en Caracas, activo por error el artefacto y voló por los aires; los otros 36 etarras murieron de la misma forma a partir del año 1969 y entre el año 1983 y 1991, otro seis asociados a la ETA, también entrenados por ellos, han muerto en ese momento cuando manipulaban las bombas que preparaban o transportaban para uno u otro atentado.

Explosivos

Definitivamente los funcionarios de esto que llaman gobierno revolucionario y vinculados a las decisiones políticas, administrativas y técnicas para el tratamiento y manejos de explosivos; sobre almacenamiento y disposición de materiales explosivos y especialmente en cuanto a los controles para flujos de almacén, distribución, transporte y uso de materiales explosivos, parecieran no tener la más mínima idea de lo que tienen en sus manos y que viene a ser de su absoluta e indelegable responsabilidad.

No tienen la más mínima idea de lo que significa el poder detonante de una barra de C4 y si bien es cierto que la estabilidad del compuesto impide que estalle a los golpes o puesta al fuego, también es cierto que la presencia o cercanía de esas barras a otros explosivos de menor velocidad, de cordón detonante o de detonadores de cualquier tipo –que si pueden reaccionar ante golpes y fuego– si pueden producir su estallido por simpatía.

Para hacer comprender lo que se tiene en la mano con una barra de C4, una referencia.

Recientemente en Cali Colombia para la rápida demolición de seis edificios de un complejo habitacional se utilizaron solamente 75 kgs de indugel, un explosivo con una velocidad de detonación de 4.200 metros por segundo; el C4 a los efectos de una comparación, tiene una velocidad de detonación de 8.720 metros por segundo, el doble del indugel: Ocho barras de C4 en manos de un civil significarían en teoría, por peso el 5% de esa capacidad de destrucción, por velocidad de detonación m/s, el 10%.

Baste saber que un detonador, sea de aluminio o de cobre e independiente del tipo, puede estallar con cambios violentos de temperatura, con un golpe que reciba sobre determinados puntos, con el roce/golpe sostenido entre un amasijo de ellos y que el estallido de uno basta, dependiendo de la distancia, para seccionar de un solo tajo una pierna humana a la altura del tercio medio del muslo; que esa detonación de uno en presencia de otros detonadores producirá una reacción en cadena o secuencia de explosiones y aun sin estar cebadas, por simpatía detonarán todas y cada una de las barras de C4, TNT o granadas, que puedan estar en el área física de esa inicial detonación, la del primer detonador que se active.

No se comprende entonces cómo en una operación que se pretende policial, los funcionarios sobre el terreno, transporten y manipulen a la vez y en el mismo espacio confinado, irresponsablemente, una o varias barras de C4 y múltiples detonadores de varios tipo; menos aun se comprende, que en el mismo espacio de un vehículo se transporten en la vía pública explosivos y detonadores.

No se comprende, si fuere el caso, cómo funcionarios o cualquiera fuere el interesado, puede permitir o poner al acceso o a la mano de civiles y de menores de edad, unos detonadores, como pareció ser ese desempeño criminal en el caso de el supuesto decomiso de explosivos en el momento del allanamiento y la detención de Alejandro Peña Esclusa.
Menos se comprende, cómo en el caso de la detención del abogado mensajero de la AN con ocho barras de C4 en un vehículo, armas y equipos militares, haya tenido el soterrado tratamiento oficial que se reseña en los medios de comunicación.

En definitiva

Sólo en la presencia y en la acción de una criminal indiferencia o quizás cobardía, cuando no tolerancia, conveniencia o complicidad en los cuadros superiores de mando civil y militar en un gobierno, es posible que se hayan acumulado evento tras evento en este dossier del “Terrorismo Ligth” en Venezuela y cuya material o evidenciada materialidad, está precisamente, en la presencia o tenencia de explosivos militares en manos de civiles.

Si bien es cierto que, independiente de bandos, no existe garantía alguna para la población civil, tampoco existe para ninguno de los interesados, capitoste o no del régimen, de que ese manejo imprudente e irresponsable de materiales explosivos de alto poder, no les afecte y les coloque a ellos y su entorno en el terreno de las víctimas –o de “objetivos militares” como suelen gritar a voz en cuello algunos de los líderes de los ya incontrolados grupos violentos o revolucionarios–, muy a pesar de sus blindados y escoltados medios de transporte o de sus custodiadas oficinas y residencias, nada ni nadie puede garantizar, en el menor de los casos, las “simpáticas reacciones” de una barra de C4 manejada imprudentemente y en los extremos, baste la citada referencia al atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco

¿En quien recae la total responsabilidad cuando una u otra de estas famosas barras de C4 y demás aditamentos, en momentos de ser colocadas o “sembradas” en alguna edificación, o mientras es transportadas en algún vehículo civil, estalle por simpatía en un momento cualquiera y en medio de una multitud de civiles no prevenidos de ese peligro?

Líder revolucionario excita y alimenta las secreciones en las fauces de los…

“Caimanes en boca e’ caño”

Rafael Rivero Muñoz
Caracas, 080211

“… Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo… Lanza sobre los otros tus propios errores y defectos; responde el ataque con el ataque. ‘Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan’…”
Joseph Goebbels 1.940

“… Crea problemas y después ofrece soluciones… una ‘situación’ prevista para causar… reacción en el público… que éste sea el mandante de las medidas que deseas hacer aceptar… deja que se desenvuelva y se intensifique la violencia urbana… organiza atentados sangrientos… que el público sea el demandante de leyes de seguridad y de políticas en perjuicio de la libertad… crea una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos…”
Noam Chomsky, 2010


Este proyecto de control social convertido en bufonada zarzueloide en la que se juegan unos y otros –gobierno y oposición– un sempiterno y creciente déficit habitacional y las sucesivas promesas pero la total y absoluta ausencia de soluciones.

Desde aquella del doctor Rafael Caldera Rodríguez con la “Consolidación de Barrios”, hasta la ya casi paranoica del teniente coronel (raspado en el Curso de Estado Mayor) Hugo Chávez Frías y su pretendida revolución bolivariana, al “… ofrecer a cada rato la construcción de 180.000, 200.000, 250.000… nuevas viviendas anuales, cuando los funcionarios del gobierno de turno ni siquiera se han planteado la necesidad de formular un Plan, técnicamente estructurado…” (Alfredo Cilento Sarli; “Penuria habitacional y vulnerabilidad urbana”)

Indiscutible la radical diferencias que existen entre el cabo alemán y el teniente coronel.

En tiempos de aquel, de acuerdo a las ventajas geográficas y recursos a disposición, se planificaba primero el lugar para la instalación de los complejos de producción, la(s) fábrica(s) o de unidad(es) de producción complementarias. De acuerdo a la mano de obra y a las especialidades necesarias, se planificaban y ejecutaban todos los servicios y sólo después se edificaban los complejos habitacionales; el paulatino y sostenido desplazamiento de la población lo dictaban en principio las necesidades para la construcción y en segundo lugar, las especialidades de la mano de obra y los puestos de trabajo disponibles. Así, las carretas siempre se colocan detrás de los bueyes.

Más

Ni gobierno ni la oposición de ahora, abordan el verdadero problema que enfrenta la población venezolana: a) reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y físicas por la vía de; b) mejores oportunidades de trabajo y de subsistencia; c) salud, educación, alimentación; d) seguridad para las personas y sus bienes, seguridad social y jurídica; e) facilidades para el desplazamiento entre ciudades y en la ciudad misma; f) acceso a los fondos necesarios a la inventiva y a las capacidades para asumir los riesgos de los emprendedores creadores de puestos de trabajo, los créditos posibles de costear.

Antes por el contrario, si algo ha distinguido y distingue a esta dizque revolución del teniente coronel Hugo Chávez Frías, es la destrucción de puestos de trabajo y de posibilidades para la obtención de medios de subsistencia de la población más vulnerable; esta es una revolución destinada a empobrecer paso por paso a toda la población y nivelarla por abajo; así el llamado hombre nuevo que pregonan, no es otro que el derivado de una nueva clase forjada y mantenida en la penuria, la limosna y el voluntarismo de un mesias.

Lo afirmó bien claro el lúcido intelectual y ministro de finanzas revolucionario Jorge Giordani: “… No sea pendejo… la revolución necesita a los pobres…”.

Y si no los hay han de ser creados, de allí el derivado.

Pobretariado.

Ese es el verdadero tema, “… por eso el llamado ‘problema de la vivienda’ nunca ha encabezado ninguna encuesta en ninguna parte, salvo en coyunturas, como en Venezuela…” (A. Cilento Sarli)

En Venezuela según este y otros estudiosos de la materia ya casi el 90% de la población está radicada en ciudades grandes, medianas y pequeñas (40% en las ciudades de mas de 500.000 habitantes); de esos, el 60% habita en los barrios más pobres; allí, donde malvive la fuerza de trabajo del país.

Oportunismo de algunos, colaboracionismo en otros

En materia del déficit habitacional mientras el presidente hace sus eternos rimbombantes anuncios, el MinpopoViHa Ricardo Molina, aprovecha para una “jaladita” y comenta que a partir del 4 de febrero, “el pueblo venezolano se dio cuenta que es capaz de adelantar su propio destino”.

Ahora salta a la palestra el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y de Banesco, Banco Universal, Juan Carlos Escotet, quien asegura que con las condiciones de mercado adecuadas es posible construir hasta un millón de viviendas en un lapso de cuatro años.

En fin, entre una y otra cifra, el promedio anual que anuncian unos y otros se ubica en las trescientas mil casas por año; esa será entonces la definitiva; sobre esa versará “la solución especulativa” para cualquiera sea la apreciación del asunto de la crisis de viviendas en Venezuela; a los efectos del estimado, dividido en tres lotes por año: 100.000 casas cada cuatro meses.

Queda por ver:

a) Una vez que las casas estén construidas y a cada familia beneficiaria le haya sido entregada en usufructo la vivienda –que no la propiedad como ha quedado suficiente y repetidamente dicho a los interesados– en esa macrourbanización de 100.000 casas (500.000 habitantes), queda por resolver aún entonces:

1. ¿De dónde van a generar 100.000 hogares, unas 200.000 cabezas de familia, los medios económicos para cubrir el diario sustento propios y los de sus dependientes?

2. ¿Dónde serán atendidas las necesidades de educación y formación de una población no menor a dos tercios, unos 300.000 entre 5 y 15 años?

3. ¿Dónde cubrirán las necesidades de atención médicas necesaria para la población entre 0 y 5 años y los no natos o en proceso de gestación?

b) La segunda interrogante quizás la tenga solucionada el presidente y los demás miembros de la Asociación Bancaria de Venezuela, desde el momento en que las prevista casas de la revolución, 300.000 por año, no son asignadas en propiedad, sino sólo y exclusivamente el uso; por tanto, los tenedores no la pueden traspasar, alquilar, comprometer o vender puesto que no tienen la propiedad y cada residente es y sólo será dueño del aire que consuma y que se cobija entre techo y las paredes de la casa que habita:

1. ¿Qué modalidad de crédito hipotecario propone la presidencia de la Asociación Bancaria para respaldar y garantizar los créditos?

2. Será una de esas tantas modalidades comerciales “adaptadas” al momento y que se resume en la expresión más común de esta revolución? Asigne, disponga y entregue usted los fondos del Estado que va a destinar para la construcción de un millón de viviendas en cuatro años y la banca se las construye y se las entrega al gobierno llave en mano, quien luego podrá disponer de ellas a su libre voluntad.

Algunos banqueros realmente tienen que cuidarse mucho, en cualquier momento cualquier carrito de helados se lleva por delante al Mercedes o al BMW donde se transportan a diario; si no es que los atropella al paso.

Miente el líder y miente la caterva de adulantes

Baste para comprobarlo un simple ejercicio especulativo que cualquier mortal puede abordar con base a las cuatro operaciones básicas aprendidas en la primaria que se dictaba en el siglo pasado en Venezuela; no son aplicables en lo absoluto las tablas donde estudio el teniente coronel Hugo Chávez Frías (7x8=52 http://www.youtube.com/watch?v=zagcKHmFoW4&feature=player_embedded; 6x8=24 http://www.youtube.com/watch?v=f4ziMkYSnB8&feature=player_embedded)

A los efectos del ejercicio, se asume que ya en y sobre las áreas o espacios físicos destinados a la construcción de los complejos habitacionales, se hayan hechos los movimientos de tierra, habilitadas la terrazas; dotadas cada una de los servicios básicos, acueductos, cloacas, electricidad, gas; más los otros requerimientos urbanísticos en el sector, con las vías de acceso desde las vías principales de comunicación; además hayan sido dotados los conjuntos residenciales de las áreas para edificaciones comerciales, centro de salud, escuelas, áreas de parques y para la recreación.

Y se asumen además tres determinantes:

a) Que todos los insumos necesarios estén disponible en el espacio y el tiempo de construcción de cada casa.

b) Que los obreros son especializados, es decir conocen el oficio, han desarrollado experiencia y no requieren entrenamiento previo y supervisión permanente en línea durante una actividad continua de 44 horas semanales, sin ausentismo.

c) Se toma sin embargo en cuenta que las casas “… se construirán con la ayuda del ‘pueblo’ y el Estado…” (Ricardo Molina, MinpopoViHa) y derivado de ello, las estructuras planas de administración –por la sempiterna animadversión de la izquierda latinoamericana a todo lo que se refiera a respeto de normas y procedimientos preestablecidos y a la supervisión y a la rendición de cuentas– en la metodología del hacer colectivo ahora en manos del principal actor contemporáneo de la técnica (Hugo Chávez Frías y su pandilla).

d) Se asumen todos los derivados del punto anterior, materializado en la persistente anulación y absoluta ausencia o inexistencia total de capacidades y de términos mínimos de planificación; por tanto los períodos estimados son lineales y no producto de ninguna consideración técnica destinada a la optimización de los tiempos de ejecución y de la economía de los recursos disponibles.

e) En consecuencia, los equipos para la construcción de vivienda son separados en cada caso de unidades o de los lotes que pudieren ser decididos en uno u otro espacio geográfico seleccionado para su las obras.

f) No se consideran edificaciones de más de un nivel por dos razones; se ha hablado y se anuncia una casa para cada familia y en segundo, porque dada las mayores complejidades implícitas en construcciones de más de un nivel en cuyo caso, no es posible imaginar cómo serán construidas sin planificación, sin una supervisión y las periódicas rendiciones de cuentas sobre la tarea y en cada proceso, momento y actividad.

Las cifras de un simple ejercicio especulativo dejan entonces al descubierto la falacia sobre la que soportan los argumentos tanto gobierno como la sarta de aduladores y oportunista a la caza de dinero fresco.

US$ 157 mil millones de capitales ilícitos han salido ya de Venezuela, sólo hasta el 2.008

¿Será allí donde está el negocio para banqueros y asociados?

Con Vladímir Putin y las empresas rusas por ejemplo existe ya un programa para la construcción de 300.000 metros cuadrados de vivienda (± 3.750 unidades de 80 m2 cada una) y parece estar en ejecución; las cifras financieras y el flujo de caja previsto han sido acordados; si bien no han sido reveladas en Venezuela, si lo han sido en el país de ese otro "nuevo mejor amigo": http://rusiahoy.com/articles/2010/12/03/las_chabolas_de_oleg_deripasca.html

1) 2010 US $ 1.440.000.000,oo

2) 2011 US $ 1.310.000.000,oo

3) 2012 US $ 1.380.000.000,oo

En tres años US$ 4.130.000.000,oo

El pequeño y significativo detalle del “negocio” de estos desinteresados inversores rusos, está en el hecho de que el margen de ganancia estandarizado por metro cuadrado de construcción en su país, es del orden del 10% mientras que en Venezuela en sus extremos será de el 3% y según la información, una ganancia no mayor a nueve millones (US$ 9.000.000,oo) de dólares americanos en tres años; algo así como US$ 250.000,oo por mes.

Definitivamente: “… Algo huele mal, pero muy mal y no es en Dinamarca…”

Negocios colaterales

Sólo y exclusivamente para ejecutar un tercio (1/3) de lo pautado anual y en insumos que deberán ser puesto a disposición de cada unidad de construcción en cada lugar y obra.

1. ¿De dónde saldrá el millón de metros cúbicos de concreto a tiempo y sobre cada obra?
2. ¿De donde los doscientos cincuenta millones de bloques de concreto?
3. ¿De dónde los doscientos ochenta millones de kilos de cabillas?
4. ¿De dónde los ciento cincuenta millones de tejas de arcilla?
5. ¿De dónde el resto de los insumos necesarios puestos a tiempo sobre la obra?
6. ¿Y dónde obtendrá y cuándo contratará el gobierno ese personal especializado –parte del cual ya sacó del país– para cumplir estrictamente –dentro una revolucionaria estructura plana de administración y de ejecución– con el casi medio millón
de horas hombre de trabajo para sujetarse al plazo de entrega de 120 días, cuatro meses, del primer lote de casas en un año?

“… Se puede engañar a todos una vez, se puede engañar a uno todas las veces, pero lo que no se puede es engañar a todos todas las veces…” (Wiston Churchill)

Así que Hugo Chávez podrá seguir día tras día, cadena tras cadena, mitin tras mitin, anuncio tras anuncio y como líder revolucionario, excitando y alimenta con fatuas esperanzas a sus seguidores, más aún, las ávidas fauces de los “Caimanes en boca e’ caño”; ronco sino mudo quedará, pero lo que no podrá hacer jamás porque no está –tampoco el equipo que lo acompaña– en capacidad, es construir 100.000 casas en cuatro meses, menos aún, 300.000 casas en un año.

El tiempo, nos dará la razón.

Entre los “Topos” de la ETA y los “007/Rambos” de las FARC

“Maestros del engaño” o el engaño de los maestros


Rafael Rivero Muñoz
Caracas 280111

“… El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo y todo lo vuelve confuso, misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte explicable…”
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Si bien en las famosas novelas de política ficción destacan personajes como “El Topo” en la pluma del inglés John Le Carre; el “007” en la pluma del también inglés Ian Fleming y el “Rambo” en la del canadiense David Morrell, nada de ficción o fantasía tienen en estos doce años de la Venezuela revolucionaria, las actividades en conjunto y por separado, de algunos pretendidos émulos de uno y otro de estos personajes de novela, algunos llevados al cine por Hollywood.

Los “Topos” de y para Euskadi Ta Askatasuna (ETA), operando en función de sus objetivos en España y los “007/Rambos” de y para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operando en función de los propios: Políticos, militares y económicos en su país y ambos disfrutan de un territorio y base alterna de comando y operación: Venezuela.

Ese es el tema que abordamos, queda al descubierto parte de esa maquinaria de propaganda propia al viejo decálogo de Joseph Goebbels y su versión moderna en la pluma del intelectual de izquierda Noam Chomsky.

Precisión

Como ha quedado suficientemente comprobado en las últimas incidencias referidas y tomadas de los medios de comunicación, ETA y FARC comparten de muy vieja data objetivos financieros, políticos, militares, terroristas; tanto, que sobre el terreno de los hechos y de sus espacios geográficos para la búsqueda, almacenamiento y acumulación de logística, de pertrechos, entrenamiento, pruebas de campo de nuevas armas y combinaciones de explosivos y especialmente de los medios económicos para el mantenimiento de sus estructuras de funcionamiento que se complementan, tanto para la distribución, transporte y acarreo de los suministros bélicos y de los productos; hacia las áreas de combate unos y del mercado de consumo los otros.

Disponen para ello del acceso y uso tutelado e ilimitado de los medios y de las rutas de transporte terrestres, aéreos y marítimos.

Son el indiscutible derivado de las negociaciones de los cuadros de comando general de la ETA y de las FARC –por separado y en conjunto en algunos casos– con el gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías.

Así han logrado ambos grupos terroristas, sustanciales, vigentes y dinámicos acuerdos en cada uno de los ámbitos citados,

Ventajas comparativas

Si antes de este período ETA y FARC estaban muy limitados para operar en territorio venezolano y sus cuadros destacados aquí –antenas, activistas, operadores, agentes en cubierta durmientes o activos y sus topos– estaban expuestos a ser descubierto y sacados a la luz y a cualquiera fuera la intervención y la acción de captura, con riesgo de muerte, confinamiento o expulsión del territorio por parte de autoridades venezolanas; ahora con Hugo Chávez Frías, resulta radicalmente diferente:

Gozan tanto de libertad de acción, de financiamiento directo del Estado, de las facilidades para dedicarse a cualquier actividad o negocio de elevado y rápido flujo financiero, lícita o ilícita como es el caso del tráfico armas y de cocaína.

Tanta es la libertad de ETA y las FARC para las operaciones de financiamiento y para cualquiera otra fuere la acción directa o indirecta, que ya no es posible distinguir en ese desempeño de sus cuadros de línea y comandos intermedios y de sus soportes oficiales venezolanos, cuándo se trata de un particular objetivo de la ETA, de las FARC o de ambos y aquellos propios y exclusivos del gobierno de Venezuela.

Y es esa capacidad para operar a la libre, tanto de la ETA como de las FARC, la que están obligados y tienen que mantenerla e incrementarla sustancialmente con el tiempo y en virtud de que en sus dos países de origen y asentamiento permanente, las operaciones políticas, militares, policiales y judiciales de esos gobierno, han reducido y siguen reduciendo severamente el ámbito estratégico y táctico, político, militar y geográfico de acción.

Modalidades y órganos de ejecución material

El contenido de una reciente comunicación de la supuesta Organización No Gubernamental (ONG) –“Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos” (Provea), fechada en Caracas el 26.01.11 y dirigida la presidencia de la Asamblea Nacional http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=10223–, hace de obligado tenor un muy pormenorizado análisis y observación, tanto por las circunstancias del momento político del país, como por los viejos, continuos y no atendidos ataques armados contra la población civil desarmada en Venezuela.

No se trata sólo de lo se que dice en la correspondencia, sino de lo que no se dice, se deja de decir o se oculta a un público lector necesariamente ignorante de los detalles y circunstancias de cada momento y evento criminal y seguros de ser un auditorio sin posibilidades de acceso libre a los registros y archivos de prensa y/o de los anales criminales del país.

Indispensable abordar algunos muy particulares y significativos puntos sobre específicos actores y las múltiples circunstancias vinculadas tanto al antes, al durante y al después de este gobierno de Hugo Chávez Frías en turno, como al equivalente del conjunto o de la combinación de eventos citados en la misiva de Provea y que el compendio de sus detalles revelan en los extremos, indicios importantes para sus expertos y estudiosos, sobre la perceptible y ya vieja conocida modalidad o modus operandi de crímenes colectivos en serie.

En esos 9.916 caracteres de la comunicación de Provea en comento y bajo la firma de su representante, Marino Alvarado Betancourt, es un tema que abarca en la historia ignorada no menos de diez (10) particulares asesinatos individuales y colectivos con no menos de (100) cien víctimas como resultado de unas orgías de asesinatos y de una más actual pero eventualmente frustrada, como fue la operación montada para la liquidación o exterminio de más de doscientos (200) civiles desarmados y que los medios en su momento denominaron: El caso de “Los Paracachitos”.

Un eficiente “Topo” de la ETA

Un primer detalle de la correspondencia debe ser tratado y se refiere al funcionario, representante o responsable por la ONG Provea y que en función de su cargo, firma la comunicación dirigida a la AN: Se trata del profesional del derecho, Marino Alvarado Betancourt.

Marino Alvarado Betancourt puede disfrutar a plenitud de todos sus derechos, entre ellos está ese, el de representar política y jurídicamente a quien mejor le parezca.

El asunto está de si existe o no un conflicto de intereses propios a las dos encontradas representaciones que el citado abogado ha hecho públicas y que reconoce ejerce en los mismos tiempos –fechas y horas–, momentos –circunstancias políticas, sociales y jurídicas que afectan en el mismo momento a y desde posiciones encontradas a sus dos representados–, mismo ámbito –jurídico penal, civil y hasta mercantil– y los mismos espacios físicos donde se ejercen esas dos representaciones –en el mismo territorio, la misma ciudad y la misma dependencia o lugar oficial.

Más el asunto está en la identidad del defendido por el abogado Marino Alvarado Betancourt: El licenciado Arturo Cubillas Fontán, quien a la sazón ejerce el cargo de Jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras desde el primero de julio de 2008

En otros términos por órgano de su representante la ONG Provea defensora de los derechos humanos, también es a la vez la defensora de un funcionario del Estado venezolano, por cierto señalado de responsabilidad en caso de violaciones a los derechos humanos de algunos de sus coterráneos residentes y propietarios en Venezuela; por tanto representante Marino Alvarado Betancourt y representado, Provea, defienden los dos extremos de una eventual controversia http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=43173 Un verdadero patuque.

Pero el asunto tiene ribetes de mucha mayor gravedad, cuando son otras informaciones que se incorporan al ya mencionado y simple conflicto de intereses.

A saber:

1. Particularidades:

a. Marino Alvarado Betancourt, al parecer, nació en la península, precisamente en la región noreste de España; ya residente en Venezuela, fue naturalizado venezolano el cinco de abril del 2005 según Gaceta Oficial de la Fecha y Nº 5.767; desde hace no menos de diez años (1999) forma parte de la ONG Provea.

b. Como abogado y según los medios, ha asumido con anterioridad la representación y la defensa pública y judicial de individualidades integrantes de los grupos terroristas ETA y Sendero Luminoso.

c. En representación de José Arturo Cubillas Fontán y en la ocasión de diligencias conjuntas por ante la Fiscalía General de la República para consignar un documento, por un error material en la oficina de Marino Alvarado Betancourt, en el párrafo de introducción al identificar al solicitante Cubillas Fontán se le individualiza como peticionario con el número de cédula venezolana 22.646.830 pero cuando se le individualiza al final del documento donde estampa su firma, el número de cedula es distinto, cambia y se lee el 22.647.822, que corresponde a la identidad de María Asunción Arana Altúve, una residente de La Candelaria en Caracas y viuda de un ya fallecido, reconocido e importante jefe de la organización terrorista ETA http://www.el-nacional.com/www/files/upload/ARTURO%20CUBILLAS.pdf

d. Este primero y otros elementos que se puntualizarán a continuación, cuando menos hacen pensar o establecen entonces, una relación abogado/cliente que traspasa de largo ese estricto binomio y está más allá de la simple relación con el representado para trasladarla a la relación con una estructura de pertenencia del cliente y para quien evidentemente trabajaría el abogado en la atención y para la defensa de los integrantes de esa organización: La señalada agrupación terrorista ETA en su destacamento Venezuela.

2. Euskadi Ta Askatasuna (ETA)

a. “… En Euskal Herria –desde 1998– el proceso bolivariano ha causado interés por varios motivos: El proceso constituyente que se realizó aquí es algo que la izquierda independentista ya venía trabajando para Euskal Herria, el concepto de democracia participativa, las empresas de propiedad social, el tema de los consejos comunales y las comunas.…”. Apuntaría en un trabajo periodístico publicado bajo la firma de Raúl Pineda. (Euskal Herria designa un espacio y región cultural europea, situado a ambos lados de los Pirineos).

b. “… un escolta motorizado que no duda en descubrir su «glock» ante la aproximación de cualquier sospechoso… tomaba café y bocadillos criollos (torta de pan) junto a su abogado, Marino Alvarado, en un discreto y recién estrenado establecimiento de la avenida Universitaria, en la parroquia San Pedro, al sur de Caracas… debatían acerca de las estrategias que utilizarían el próximo martes durante la comparecencia de Cubillas ante el Ministerio Público venezolano…” (Ronna Rísquez La Razón de España 311010 primera)

c. “… ETA desarrolla un nuevo explosivo con un producto robado en Francia 080208… la detención en Francia de José Lorenzo Ayestarán Legorburu cuando preparaba un atentado y tras conocerse las investigaciones del juez Eloy Velasco sobre las conexiones entre las FARC colombiana y los dirigentes etarras José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta. Los dos últimos, con numerosos delitos de sangre a sus espaldas, residen en Cuba…”http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?
COMPID=53434016416&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false

d. “… En el auto de la Audiencia española, Echarte aparece en una carta solicitando la autorización de Eta para realizar pruebas con morteros en Venezuela…” Juan Camilo Maldonado T; El Espectador 16 Mar 2010

e. “… ETA ensayó en Venezuela con FARC explosivo que voló terminal aéreo… Los informes de las Comisaría General de Información de la Policía revelan que al menos cuatro etarras ensayaron con los terroristas colombianos en plena selva cómo utilizar “hexógeno”, una sustancia que se utiliza como potenciador de los artefactos explosivos que ETA emplearía medio año después, en diciembre de 2006, para volar el aparcamiento de la T-4 de Barajas… fechado el 10 de noviembre de 2009, apunta además que en 2006 los instructores de ETA revelaron muchos otros de sus secretos, tales como ‘fabricar iniciadores (de bombas) de mercurio dentro de una jeringa de metal para activarse con el movimiento’ o ‘cómo y dónde poner las cargas para hacer coches bombas y colocar bombas lapas… Les enseñaron… a utilizar teléfonos móviles como sistemas para iniciar cargas. Para ello debían utilizar un cable unido al conector de batería… después se realizaba una llamada a ese teléfono y, tras oír el primer tono, estallaba el explosivo’. El ‘arrepentido’ dio además todo tipo de detalles de cómo los etarras controlaban el uso del C-4 y cómo les explicaron hacer bombas con ‘sistemas de iniciación por movimiento y por presión’…”

f. “… En la fracción orgánica se ha detectado… una sustancia explosiva conocida con los nombres de «hexógeno, ciclonita y RDX», normalmente utilizada para multiplicar los efectos del explosivo, amonal en este caso… ETA utilizó en el atentado de Barajas una mezcla de explosivos: uno de naturaleza inorgánica con una base de nitratos (amonal o amosal) y un segundo hexógeno para hacer más mortífera la capacidad detonante de la carga que hizo saltar por los aires el aparcamiento de la terminal…” http://noticiasrtv.com/noticiasrtv/2010/03/29/eta-ensayo-en-venezuela-con-farc-explosivo-que-volo-terminal-aereo/

g. “… Terminal T4 de Barajas ETA utilizó una mezcla de explosivos entre los cuales estaba el hexógeno, es decir, el RDX, uno de los explosivos militares similares al C4 (del cual es componente) que podrían explicar, según el jefe provincial de los TEDAX de Madrid, esos agujeros redondos que en los trenes dejaron las bombas del 11-M?...” http://www.desiertoslejanos.com/blog/?p=78

h. Auto de Procesamiento Audiencia Nacional de España http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/2010-03-01%20AUTO%20PROCESAMIENTO%20FARC-ETA.pdf

i. Y para culminar toda la secuencia de hechos y circunstancias antes anotadas, las circunstancias que determinaron en Venezuela, la pérdida de cien (100) toneladas de explosivos (entre ellos, más de cinco mil barras de hexógeno, C4), denunciadas tanto por el ministro del Interior general Lucas Rincón Romero como por el general Jorge García Carneiro, ministro de la Defensa el 27 de julio de 2008. Una cantidad de explosivos que aún en más de 900 días continuos transcurrido, el gobierno de de Venezuela no ha informado el resultado de las investigaciones y de haber recuperado parte o el total.

j. Existe una pormenorizada apreciación en cuatro entregas sobre la posible vinculación entre: a) la pérdida de los explosivos; b) la logística para los cursos de entrenamientos en explosivos dictados por la ETA en Venezuela; c) la coordinación de toda esa actividad por Arturo José Cubillas Fontán y d) el uso de hexógenos (C4) en la voladura del edificio T4 del Aeropuerto en Barajas. (Entrega IV: http://rriveromunoz.blogspot.com/2010/04/terrorismo-etafarcvenezuela.html )

El 007/Rambo de las FARC

De asesinatos de civiles y de violaciones a los derechos humanos trata la comunicación de Provea y para sujetarnos exclusivamente a los precisos eventos y situaciones a las cuales en su texto se individualizan, comencemos por el evento criminal más antiguo citado.

Un asesinato en masa o como lo denomina Provea, una masacre; ampliamente conocida y difundida periódicamente en los 22 años que han transcurrido desde su ocurrencia.

Permite entonces la detenida lectura de la difundida correspondencia de Provea a la Asamblea Nacional (AN), abrir una necesaria y muy particularizada apreciación sobre algunos de los detalles de su contenido.

Detenida lectura; fuere ésta del párrafo de la felicitación y el reconocimiento a los destinatarios en la AN; fuere a lo mejor el de la expresa adhesión a las actividades del partido de gobierno PSUV; fuere acaso a una expresión voluntaria de asimilación, de complemento y soporte a la continua y sostenida línea política del gobierno en función de la descarada manipulación de masas en la expresa aplicación de las conocidas viejas técnicas del nacionalsocialista Joseph Goebbel y/o las del intelectual de izquierda Noam Chomsky quien las compendia ahora pretendiendo originalidad.

Dándose una extraña circunstancia donde se combinan y confluyen por una parte los hechos criminales denunciados por Provea, por la otra los conocidos de vieja data y señalados como responsables materiales en la ejecución de esas matanzas y uno de ellos, el principal y más activo jefe de las unidades combinadas, militares y civiles, que ejecutaron a los civiles, precisamente, en el momento y fecha de redacción y firma de la correspondencia de Provea, desempeña el cargo de Presidente del Tribunal Disciplinario del partido de gobierno PSUV.

Y eso no lo puede ignorar la ONG Provea y/o su representante y vocero oficial, el abogado Marino Alvarado Betancourt, quien firma la correspondencia.

En su contexto histórico

Obligado estamos entonces a revisar en detalle la sucesión de eventos criminales que permitieron en su momento y que permiten aún a cualquiera fuere el observador imparcial, experto o no en el área de investigación criminal, establecer estrechos vínculos en esa particular secuencial de detalles o modus operandi; en los modos de proceder y conductas individuales y colectivas amparadas por los gobiernos de turno, muy dignas de observación y de eventuales análisis clínicos tanto de las individualidades que intervinieron e intervienen aún en una u otra fuere la forma, actividad o modalidad criminal como para el equivalente en aquellas individualidades y colectivos –organizados o no– que desde ayer hasta hoy, casi en una sucesión continuada de relevos, ha permitido y permite, sobre el silencio de otros, seguir operando desde elevadas, medias o bajas posiciones de gobierno con absoluta impunidad.

Allí está lo trascendente del momento de Provea, de la forma, del tema, de lo dicho, de los destinatarios y en el fondo, de lo que se pretende ignorar o no se dice en la comunicación.

Obliga ello a organizar y a sintetizar los eventos tanto para lograr un listado no tedioso de la secuencia de asesinatos –en unidades y grupos– de civiles, como para tratar de dilucidar cómo han podido los criminales, articular y lograr en múltiples, distintos y sucesivos períodos de gobierno, de diferentes y sucesivos responsables por la seguridad pública, mantener el silencio sobre los crímenes y disfrutar de la más grande derivada impunidad que se haya conocido, no sólo en los anales de la historia criminal venezolana, sino quizás del continente americano o más allá.

En cronológico algunos detalles:

1. Masacre de Cantaura, octubre 1982, opera un comando conjunto militar y policial. Comandante del componente militar capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín; el componente civil al mando del comisario general de la Disip Henry López Sisco: 25 civiles asesinados.

a. Incidencias particulares:

i. Un exilado chileno residente en Venezuela y vinculado a la izquierda, operando como infiltrado de la DISIP bajo el seudónimo de “El Quinto”; transmite información y ejecuta determinantes de un proyecto en proceso de planificación.
ii. En DISIP preparan la operación, fijan fecha y lugar, ordenan a “El Quinto” reunir a las víctimas en el matadero, organizan personal militar y civil que desplazan cerca de la zona para la fecha y hora prevista de ejecución.
iii. Planificado el uso inicial de unidades aéreas, se deciden por las acantonadas en Zulia. Se ejecutan los enlaces y coordinaciones: Un rápido Camberra para el bombardeo inicial y un lento Bronco para el ulterior barrido y en función de un supuesto apoyo a las unidades de tierra.
iv. Luego que termina el bombardeo del Camberra, de las pasadas rasantes del Bronco y en el momento en que los integrantes de las unidades militares y civiles “de combate” entraron a la bombardeada y barrida por metralla área, comenzaron la revisión y remate de víctimas. En ese momento, al escolta personal de López Sisco – quien se desplazaba a pocos metros detrás de él– se le escapa un tiro del fusil que portaba e impacta por la espalda a López Sisco.
v. Lo recogen herido y es Ramón Emilio Rodríguez Chacín quien ya estaba sobre el terreno coordinando las operaciones, quien ordena bajar de la colina hasta la carretera a López Sisco, allí ordena montarlo en el jeep estacionado que en ese momento conduce “Ramirito” y lo trasladan a la población más cercana.
vi. La comisión que traslada al herido arriba a una clínica privada del lugar; con apoyo de otro personal habilitado por radio y que ya estaba allí y les espera, en tromba allanan la clínica, meten al herido al quirófano –en momentos en que a una paciente ya sedada la están preparando para intervenirla– a punta de pistola hacen despejar la mesa de cirugía y montan en ella a López Sisco; de seguida de viva voz conminan al aterrado equipo de médicos y enfermeras atender a López Sisco. Esa rápida y expresa intervención de Ramón Emlio Rodríguez Chacín es lo que le salva la vida a Henry López Sisco.

2. Masacre de Yumare, mayo de 1986, opera el mismo comando conjunto militar y policial. Comandante del componente militar capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, del componente civil, el comisario general de DISIP Henry López Sisco: nueve civiles asesinados.

3. El 27 de octubre de 1987 con Decreto Nº 1.810 firmado por Jaime Lusinchi, se crea el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), queda bajo el mando superior del general Humberto Camejo Árias e integrado por efectivos del de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la DISIP, de la PTJ y de la DIEX, y organizados como unidades especiales de combate de selva. Sobre el terreno y las operaciones órdenes superiores designan como comandante del componente militar al capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín y como jefe del componente civil, al comisario general Henry López Sisco. A partir de ese momento se organiza el zafarrancho de combate para la ejecución de las operaciones militares y civiles en el área o franja geográfica venezolana comprendida entre el borde de la frontera suroeste con Colombia y las rutas que comunican ese sector con el centro y resto del país:

a. Fueron operaciones puntuales que serían compendiadas y conocidas luego en los medios de comunicación como: “Los Amparitos”, así se discriminan por nombre, fecha de ocurrencia y número de asesinados:
i. Masacre de Isla de Charo, 16 de enero de 1988, diez asesinados
ii. Masacre del Caño Las Gaviotas, 22 de abril de 1988, dos asesinados
iii. Masacre de Fila de Margua, 19 de mayo de 1988, un asesinado
iv. Masacre de El Vallado o Ureña, octubre de 1988, tres asesinados.
v. Masacre de Oropé Boca de la Grita, 10 de junio de 1988, tres asesinados
vi. Masacre del Paso Las Mayitas cerca de Los Totumos, 9 de julio 1988, cinco asesinados.
4. Cierra el ciclo de vida del CEJAP, la Masacre de El Amparo el 29 de octubre de 1988, catorce asesinados:

a. Incidencias particulares:

i. El día anterior a la masacre Henry López Sisco y un grupo de subalternos sobrevolaba en un helicóptero (UH) el área del Caño La Colorada, lugar que habría sido seleccionado por los operadores de tierra y los que habían ya captado al grupo de víctimas en la cercana población de El Amparo; en uno de los pases y en un giro a baja altura, la aeronave se precipita a tierra; de nuevo López Sisco, herido en el accidente, es auxiliado por su compañero de jefatura en el CEJAP, Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

ii. El día previsto para la ejecución de la operación, López Sisco estaba en el hospital, le corresponde entonces a Rodríguez Chacín, tomar el mando de unidades de tierra, aún cuando, como siempre, se mantiene en la periferia del terreno hasta que ya las víctimas han sido neutralizadas y comienza el remate de los heridos y la siembra de armas y otros aperos de combate. En este caso, terminada la primera andanada de metralla, se percata la unidad que algunas de las víctimas había logrado escapar de la balacera y se dieron a la tarea de buscarla; al no encontrarlas, asumieron que se habían ahogado o heridos como se suponía habían quedado, aparecerían luego y siguieron con el programa de acción previsto (remate de herido y siembra de armas) y antes de que arribara en su helicóptero el comandante del CEJAP.

iii. Rueda de prensa y la parafernalia de propaganda subsiguiente, hasta el momento en que regresan a la vida activa dos de las víctimas que se habían salvado de la carnicería. Allí comenzaron los problemas que luego decretarían la medida política: La eliminación del CEJAP

iv. La causa penal de El Amparo, había sido inicialmente adelantada por el tribunal del juez militar Ángel Edecio Zambrano Chaparro, quien en presencia de las evidencias y testimoniales iniciales, dispuso y ordenó como primera medida el aseguramiento bajo detención de varios de los responsables.

v. El general Humberto Camejo Árias en persona reacciona y presiona fuertemente al juez militar pero no logra los efectos deseados y a partir de ese momento, se comunica con sus superiores y por enlaces directos, con Jaime Lusinchi. El asunto Caño La Colorada o Masacre de El Amparo, pasa entonces a manos de mandos militares centrales por instrucciones de Miraflores. El expediente le fue seguidamente arrebatado de las manos al juez Zambrano Chaparro y radicado en la jurisdicción militar de Caracas donde se revocan las previsiones judiciales ya adelantadas por el juez Ángel Edecio Zambrano Chaparro.

5. Quedan por citar de este período entre la fundación del CEJAP y su primer publicitado “combate” (06/01/88), un sinnúmero de “pruebas de campo” y de otros eventos criminales (enterrados) en la región de la frontera y con varias victimas civiles, pero de muy poca o ninguna divulgación; tal sería, entre otros, el silenciado caso de Evencio Sosa Matheus, un colombiano traficante de drogas y de armas, muerto por el grupo de López Sisco en la ruta o cerca de Barquisimeto y en un supuesto enfrentamiento armado. La información de la época señaló que había amenazado con “echar algunos cuentos en Colombia”, si no le pagaban el dinero que le debían.

6. La particular modalidad de operación planificada, adoptada y ejecutada por los dos asociados comandantes de Cantaura, oficialmente designados como jefes, militar y civil, de los componentes de la fuerza pública integrados en el CEJAP, Rodríguez Chacín y López Sisco, quedaría al descubierto con la Masacre de El Amparo y luego de las múltiples entrevistas e investigaciones realizadas y publicadas; distintos medios de información y en variados formatos lo hicieron público y puede ésta ser resumida en estos términos:

Sistematización:

a. En función de algunos definidos objetivos –políticos, económicos, militares o simplemente criminales– en curso de ejecución; un momento de necesidad acordados o previstos por la coyunda Rodríguez Chacín/López Sisco, seleccionada la oportunidad y coyuntura para la ejecución de una operación de asesinatos colectivos, se organizan las capacidades y se seleccionaba el área geográfica determinada para ejecución.

b. Se destaca a esa área o lugar a uno o más operadores por separado y bajo las órdenes de la “Unidad de Combate” –circunstancial como en el período de las iniciales pruebas de campo 1982/87 o permanente como en el caso del CEJAP 1987/1988–, con la misión de “agente provocador”; infiltrado en uno u otro grupo aislado o la comunidad de moradores que fuera seleccionada a la sazón, se conquistaba a sus líderes naturales y se les invitaba con algunos otros miembros de su grupo para alguna actividad, trabajo, reunión o fiesta en el lugar, día y hora que había sido ya preseleccionada por el comando de la unidad. Se llagaba hasta entregarle dinero en efectivo para pasaje, comida, caña o sarao, para lograr el enganche

c. Antes de la hora y fecha prevista la “Unidad de Combate” era desplazada y ubicada ocultada o camuflada en la periferia del lugar seleccionado para la matanza; presentes ya todos los “invitados” y a la voz o alerta de mando acordada, desde varios puntos en esa periferia, se daba inicio al fuego cruzado de fusilería y el lanzamiento de metralla.

d. Una vez derribados, tocados todos y cada uno de los “invitados”, los efectivos de la “Unidad de Combate” salían de sus lugares seguros y cubiertas y uno a uno revisaban cada víctimas, asegurándose que estaba muerta, de no estarlo, procedían a “solucionar el problema”.

e. Terminada la matanza, llegan los aditamentos dispuestos y que estaban guardados en algún lugar cercano; se procedía a su distribución entre los cadáveres –la “siembra” de las armas, explosivos, granadas, uniformes y demás aperos de combate– y antes de comunicar al comando superior el resultado de la “batalla” que ganaron.

l El fotógrafo oficial de la "Unidad de Combate" imprimía la escena y las placas fotográficas de cada cadáver, destacando por cierto uniforme, granadas y el armamento a su lado; lo demás en adelante, era decisión de los superiores en Caracas y si se convoca o no a la escena de “la batalla” a los medios de comunicación y sus fotógrafos.

f. Quedó suficientemente comprobado y sustentado en los hechos el “modus operandi” ejecutado desde la primera operación de Cantaura hasta la última masacre que eventualmente y sólo por la simple casualidad derivada de un acto de desconfianza de una mujer, fue frustrada con la no prevista e inesperada intervención de los efectivos de la policía Metropolitana, en Miranda, la población de El Hatillo el 09/05/04 y que los medios de comunicación, ante la ausencia de información o su exceso en las explicaciones e informaciones encontradas, distintas y contradictorias entre si, denominaron el caso: “Los Paracachitos”

g. Como bien quedó definido en las primeras declaraciones oficiales sobre el asunto de “Los Paracachitos” suministradas por el general José Luís García Carneiro: “… pretendían atacar el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional, en El Paraíso… habían sido traídos a Caracas por vía terrestre y en pequeños grupos, bajo la promesa de ser agricultores y cobrar 550 mil pesos colombianos al mes…” (El Universal lunes 10/05/04, primera página)

h. Quedó sin embargo evidenciado en los medios, el método para el abordaje, la oferta, la captación de los seleccionados en Colombia, para el paso éstos en la frontera, para el traslado seguro a Caracas sin ser detenidos en una ruta de más de mil kilómetros de carretera; luego para la concentración de las víctimas y para su traslado en grupos al lugar donde una inicial masacre de no menos de doscientos civiles desarmados sería ejecutada en el "montado" ataque al Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional, en El Paraíso y sin ninguna sorpresa quedó plasmado en los medios y viene a ser, mutatis mutandi, el mismo aplicado en todas y cada una de las masacres de civiles que hemos referido, desde Cantaura hasta El Amparo.

7. El 27 de noviembre de 1992 Ramón Emilio Rodríguez Chacín participa en el Golpe de Estado, detenido y encarcelado, sale el libertad en 1994 por amnistía.

8. El capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín tan pronto como llega a Miraflores Hugo Chávez Frías, es asimilado a posiciones relevantes en el área de la seguridad pública; salta a la palestra pública con el secuestro de Mely Carrero en cuya ocasión, públicamente el presidente le designa como el enlace directo con los secuestradores, para ese momento identificados como miembros del grupo terrorista colombiano FARC. Bajo la expresión “El Rambo Venezolano” que le atribuye en el discurso de su designación Hugo Chávez, se hace público entonces la vieja vinculación directa con ese grupo terrorista colombiano.

9. A la salida de Luís Miquilena, Ramón Emilio Rodríguez Chacín es designado titular del Ministerio de Interior por primera vez en el gobierno, sobrevienen los hechos del once de abril del 2002 y quedó registrado en la histórica de esos eventos, la criminal actividad de los francotiradores y de ello muy en particular, aquella modalidad de órdenes que el ministro desde su despacho emitía por teléfono a uno y otro de quienes desde posiciones seguras en azoteas y de edificios; a cubierto de miradas y de peligros, disparaban una y otra vez en contra de ciudadanos desarmados que manifestaban en la calle a la voz de: “… Bájame otra mano de cambur…”. http://rriveromunoz.blogspot.com/2010/04/ayuda-memoria-11-abril-2002.html

10. En el secuestro de Richard Boulton, Ramón Emilio Rodríguez Chacín es de nuevo ratificado públicamente como el enlace directo de Miraflores con la jefatura de las FARC.

a. Incidencias particulares:

i. Ramón Emilio Rodríguez Chacín le “recomienda” a los familiares del secuestrado que contraten y paguen a Henry López Sisco como asesor para así coordinar la liberación de Richard Boulton
ii. La madre de la víctima señora Vinkerman logra reunir en efectivo la mitad del monto del rescate demandado para liberar a su hijo y se lo entrega a las autoridades de policía de investigación criminal CICPC.
iii. Miguel Dao Dao, director del CICPC monta un aparatoso “operativo” para entregar el rescate en Caracas.
1. En medio de la espera de quien recogería el dinero, los secuestradores se comunican con Ramón Emilio Rodríguez Chacín y le informan que no recogerán el rescate porque el lugar acordado estaba invadida por policías y patrullas; éste comunica la información a Dao Dao y se suspende la operación. Dao Dao regresa y guarda el dinero entregado por Vinkerman en la caja fuerte de su oficina.
iv. Henry López Sisco se presenta a la oficina del director del CICPC quien en ese momento recibe una llamada por el ministerial de Ramón Emilio Rodríguez Chacín quien le ordena entregar el dinero a López Sisco quien una vez que lo recibe de manos de Dao Dao, se va al ministerio del Interior. Luego informarían los medios de comunicación que esa parte del rescate entregado por Vinkerman se había extraviado en alguna parte del camino entre Caracas y la frontera con Colombia.

11. En enero de 2008 es de nuevo designado Ramón Emilio Rodríguez Chacín como ministro del Interior. Luego en la ocasión de difundir los medios internacionales la noticia de que sus cuentas y bienes en los Estados Unidos habían sido congeladas y había sido incorporado a la lista Clinton, renuncia alegando padecer un espasmo cerebral. Deja en el cargo a su segundo, a quien se había traído de Mérida: Tarek El Aissami.

12. Siendo gobernador del Zulia Manuel Rosales, por una sugerencia o recomendación expresa de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, Henry López Sisco es designado oficialmente Jefe de Seguridad de la gobernación del Zulia.

13. Un punto que no debe ser ignorado es el complejo asunto. Henry López Sisco quien desde hace cuatro años salió de Venezuela y está refugiado en Centro América, con base en Costa Rica:

a. Incidencias particulares

i. Aparte de todo lo comentado, queda establecido por las informaciones y los antecedentes sobre el sujeto, que su salida de Venezuela tiene su origen en la decisión de Ramón Emilio Rodríguez Chacín para quien la presencia de López Sisco en el país se traduce en un elevado riesgo y tiene su por qué.
ii. En 1994, durante el interinato de Ramón J. Velásquez, pese a todas las diligencias y presiones de su suegro, sobre Henry López Sisco cayó una orden detención, para ese momento tenía ya bastante tiempo privado de libertad cuando un fin de semana, en la visita de sus hijos, repentinamente entró en una crisis –le pasó como en aquella escena del Rambo original de la primera película, cuando, luego de acabar con todo un pueblo a plomo limpio, lloró por largo rato sobre el hombro de su jefe– y entró en una de largo llanto en los hombros de sus hijos. Esa escena fue impactante, tanto, que al siguiente día produjo una severa tragedia con una de sus hijas. Esa remembranza tuvo y tiene severos efectos en la confianza de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien prefiere financiar la estadía definitiva de su socio en Cetro América.

14. El once de enero 2011, Ramón Emilio Rodríguez Chacín es designado por Hugo Chávez como Presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV.

15. Queda por referir la más constante, sostenida y eficiente actividad en el papel de 007/Rambo de las FARC del capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, oficialmente doble cedulado con el alias Rafael Alberto Montenegro, justo a semejanzas de aquel otro de los barones venezolanos de la droga, Lázaro Rogelio Ugarte y de Bresselau, esposo de una juez y conectado directamente con su tutor, el cubano Orlando García Vásquez, aquel sempiterno jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez desde su época de exilio en Cuba y luego en Costa Rica.

a. Incidencias particulares

i. El objetivo práctico y vigente de aquellas operaciones planificadas y realizadas contra la población civil desarmada desde la frontera con Colombia hasta las rutas principales de circulación en el centro del territorio y en ruta hacia puertos y aeropuertos en las costas de El Caribe, puede resumirse en pocas palabras: Impulsar desplazamiento forzado de los pobladores del sector y toma de control de terrenos y de los rurales entre frontera y centro del país.
ii. Es decir, si bien estamos en presencia de los resultados de una operación de crímenes en serie pensada, planificada y ejecutada con absoluta frialdad, tanto de planificadores como de ejecutores; también estamos en presencia de un sistematizado proceso destinado a múltiples ataques letales contra población civil desarmada. Si bien por su período de ejecución 1982/1988, a pesar de su gravedad, no es posible calificarlos como crimen de lesa humanidad puesto que el Protocolo de Roma y la Corte Penal Internacional entró en vigencia el primero de julio del 2002; resulta también cierto que, de llevar adelante una verdadera, profesional y técnica investigación criminal de todos los eventos registrados, queda una sola vía de acción posible a esos efectos, el caso de “Los Paracachitos”.
iii. De determinarse las circunstancias de la sistematización, de tiempo, de espacio, de tipo de víctima, de autores materiales y de autores tras los autores, del modus operandi para la selección, acarreo y disposición en la escena (frustrada) de las víctimas previas al inicio de la masacre, se estaría en presencia de la modalidad de delito continuado y siendo así, “Los Paracachitos” (2004, vigente el Protocolo de Roma) arrastrarían a una misma causa penal a todas y cada una de las masacres desde 1982 hasta 1988, en cuyo caso y a todos los efectos, a pesar del tiempo y por esa circunstancia, se asimilan a delitos de lesa humanidad y no tienen fecha de prescripción. He allí el mayor y latente riesgo para los criminales y todos aquellos quienes durante 22 años, les han permitido y tutelado su impunidad.
iv. El resultado también práctico y vigente de esas operaciones, ha sido lo que hoy es del dominio público: La estructura funcional del “Corredor Seguro para las Drogas” http://www.noticiascentro.com/noticias/detalle/3490
v. Antes y durante la actividad del CEJAP, recordaremos, con cada nueva área o espacio geográfico tomado bajo control, había una celebración; en una de ellas, cuando se inauguró la enorme extensión de la hacienda de Ramón Emilio Rodríguez Chacín en Barinas, maute, carne en vara y cajas whisky mayor de edad, contaban con la presencia personal del presidente de la República en funciones y su secretaria privada, en esas oportunidades, sin el uniforme militar de oficial.
vi. Si existiere duda alguna de la operación, consolidación y existencia del “Corredor Seguro para las Drogas”, baste con asomarnos a los detalles sobre los señalamientos de uno de los broker de la cocaína identificados por el gobierno y detenido en una cárcel de máxima seguridad en Colombia y desde donde manda vía medios, periódicos mensajes que vienen a constituir una buena ayuda en función del particular interés de presidente Juan Manuel Santos Calderón ”el mejor nuevo amigo” en su empeño porque Hugo Chávez pague las facturas a los comerciantes colombianos: Walid Makled García; ver http://rriveromunoz.blogspot.com/2010/12/politica-de-las-drogas-y-las-drogas-en.html
vii. Como guinda de un enorme pastel; quedan en términos suficientemente claros dos circunstancias de este largo acontecer y hacer del 007/Rambo de las FARC operando en Venezuela: a) ¿por qué en aquel momento sale de Venezuela la DEA?; b) de dónde emana el interés, el por qué y el para qué, de la expresada pretensión de Hugo Chávez Frías para que Walid Makled García sea extraditado a Venezuela y no a los Estados Unidos.
viii. Para cerrar el espacio del asunto del 007/Rambo, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, a la luz de todos los hechos que le han vinculado por décadas y le vinculan ahora estrechamente a los objetivos políticos, militares, económicos y comerciales de las FARC, salta a la vista una simple pregunta: ¿Para quién realmente ha trabajado desde 1982 y trabaja ahora en el 2011 desde su asegurada posición como presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV?

Acusan los hechos, no el mensajero

Independiente del formato, siempre ha quedado sustentado frente a cualquiera fuere el tema, momento y auditorio, lo que vendría a conformar una conducta cuando no una doctrina:

La policía en general y el profesional de policía en particular, en función y en el ámbito del desempeño de sus actividades, jamás acusa.

No es esa su tarea ni es esa su responsabilidad.

Acusan en todo caso y a todo evento, los hechos y esos precisamente, los hechos, son el objeto y la finalidad sobre la cual se concentra y a la que está en expreso dirigido el desempeño y la actividad técnica y profesional del policía y de la policía.

Esa deberá ser y es una conducta de arraigo asumida y propia de quien se dice profesional de policía.

Una vigente conducta y práctica, dentro y/o fuera de servicio, que se aprende y se practica .

“… Lo oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro, lleva más tiempo…”, afirmó a tenor en plena Segunda Guerra Mundial el reportero y comentarista norteamericano de la CBS Edward Roscoe Murrow (1908-1965) y en uno de esos tantos enfrentamientos públicos con el poderoso senador Joseph Raymond McCarthy.

La acusación

La materia de las probanzas, la derivada e indispensable indagación, la controvertida actividad para la presentación, sustentación, sustanciación y determinación de las pruebas en un determinado ilícito y destinada al juzgamiento y sentencia de un hecho criminal, en todo caso y a todo evento, están suficientemente definidas por las normas y como indispensable e inevitable complemento, derivado o no ello, de esa inicial labor policial sobre el tratamiento de unos hechos.

Eso, la acusación, ha sido, es y será siempre, una especializada materia del exclusivo ámbito de quienes esa misma norma, la doctrina y la técnica jurídica de vieja data, señala como los tenedores exclusivos tanto de las responsabilidades en el soporte de una acción por ante la jurisdicción, como en aquella de la sustanciación, del juicio y de la sentencia de los ilícitos si ello fuere el caso y el eventual derivado de un informe policial: El Ministerio Fiscal y los tribunales.

Un complemento para interesados

Comentemos puntos importantes sobre algunos extractos de la correspondencia del “Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos” (Provea), fechada en Caracas el 26.01.11 y dirigida la presidencia de la Asamblea Nacional; indispensables para el desarrollo del tema y el soporte de la ulterior interpretación que pueda de ella derivar frente y en comparación con los hechos ya expuestos:

“… En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez…”

Significativa introducción que en expreso se dirige al ex guerrillero Luís Fernando Soto Rojas , alias “Ramírez”, “Villa”, “Comandante Ramiro”, “Martínez”, “Namo”, “El Viejo”, “El Paisa”, “Montiel”; quien el 260908 en la inauguración de la Plaza Marulanda –comandante supremo de la organización terrorista FARC y desaparecido por muerte natural– es el encargado de pronunciar el discurso de orden; se trata del mismo soldado cubano de los sesenta quien luego de una rápida visita del vicepresidente de Cuba José Ramón Machado Ventura (050111) y de la expresa entrevista –que parecen en este caso una transmisión de instrucciones– a Hugo Chávez, es designado a dedo por éste para presidir la AN .

“… Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…”

Luego, se asume y así se deduce de esta acotación, Provea tiene un absoluto dominio de todas las incidencias y de los detalles del antes, del durante y del después de los eventos que culminarían con el asesinato en masa de 14 campesinos desarmados y de las ulteriores sostenidas ejecutorias oficiales para el ocultamiento de esos crímenes en el Caño La Colorada; crimen en masa que ellos mismos califican y se reconoce desde ese momento en los medios de comunicación como “La Masacre de El Amparo”.

“… En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto…”

Por tanto y sin lugar a duda alguna, Provea conoce también y a cabalidad, todos los detalles, personajes y circunstancias del antes, del durante y del después de esta segunda masacre o segundo crimen colectivo en serie.

“… Nuestro combate a la impunidad nos obligó a pronunciarnos públicamente en medio del proceso electoral para que tanto los candidatos José Sánchez “Mazuco” y el ciudadano Roger Cordero no fuesen electos pues ello dificultaría la investigación de los hechos en los cuales se les involucra…”

No es casual sino causal para una orquestada campaña que adelanta gobierno y partido de gobierno. Así, en términos prácticos y en sus extremos, se percibe que bajo el argumento de la superior defensa de derechos humanos Provea argumenta y se incorpora con ello como soporte de prestigio a una campaña del gobierno y para impedir la elección de un opositor.

Para soportar una cacareada imparcialidad señala Provea también a un candidato de gobierno de acuerdo con éste puesto que, sobre razones políticas y técnicas que en el siguiente párrafo se comentan, no será encausado; pero ese argumento de Provea sustenta a la vez la violación de los derechos y el manejo político para que el diputado de la oposición en cuestión, además de no poder incorporarse a su curul, se le mantenga detenido aún después de haber sido electo y en expresa contravención de sus derechos y los de sus electores, pautados en las normas vigentes.

“… En el caso del actual diputado por el PSUV Cordero Lara hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 04 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura estado Anzoátegui. Ese día, como todos ustedes conocen, una operación combinada de militares y policías produjo la Masacre de Cantaura en la cual fueron asesinados 24 revolucionarios…”

Más claro el asunto el diputado del gobierno objetado por Provea y lo es porque aclara que como piloto de combate bombardeó el área de la masacre puntualizando que se trató de una operación combinada de militares y civiles donde “… fueron asesinados 24 revolucionarios…”.

En otros términos la posición de Provea en su comunicación no se refiere a víctimas civiles sino a combatientes armados desde el momento en que los define expresamente como guerrilleros.

Si fuere así el asunto, con ese mismo argumento de Provea resulta el piloto de combate quien recibió las órdenes para la misión, supervisó el apresto de la aeronave, la carga de los proyectiles y la colocación de las espoletas en las bombas, luego del despegue desde su base se desplaza en vuelo a unas coordenadas recibidas que ubican una zona de combate donde combatientes, guerrilleros en este caso, presentaban batalla.

Ningún piloto de aeronave de combate en un campo de guerra y con la tecnología para la fecha de los hechos, estaba en capacidad de percibir y de tener perfectamente claro y visible el área sobre la debía descargar la capacidad de fuego de la aeronave; a lo sumo un piloto de combate conoce sólo las coordenadas precisas, ese el punto geográfico donde, según las órdenes y desde una altura en vuelo prevista deberá liberar y descargar bombas y metralla, a lo sumo sabrá las condiciones del terreno por retransmisión de otros desde tierra.

En decir, definido un acotado campo de batalla, tiene definido la supuesta presencia de enemigos, tiene definido altura, hora, momento y cantidad de bombas y metralla que debe liberar; eso es todo.

Posiblemente y con los elementos que se cuentan, sea el caso de este piloto uno de los pocos donde el alegato de obediencia debida a sus superiores y el de la ejecución de una misión de combate en una zona de guerra y en los términos que le fueran ordenados, potencialmente le libere de responsabilidad penal. Lo demás es política.

Sin embargo y a pesar de todo lo comentado, que antes y ahora ha sido reflejado una y otra vez por los medios de comunicación, Provea y su representante, el abogado Marino Alvarado Betancourt, no solicita la suspensión del cargo para el principal operador de todas las matanzas, directamente y sobre el terreno de los hechos, el actual Presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV, Ramón Emilio Rodríguez Chácín. Su insistencia en uno de los señalados, el piloto y la ignorancia del otro, el comandante de la unidades de tierra, viene a resultar una expresa decisión de ambos peticionarios, la persona jurídica y su representante, la persona natural.

“… han condenado en reiteradas oportunidades la masacre de Cantaura, señalándola como uno de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos ocurrido en la Cuarta República…”

El término “Cuarta República” es una expresión política tomada como bandera del gobierno revolucionario en funciones y como una estigma para señalar a los oponentes políticos; en consecuencia, pareciera que la comunicación de Provea se distancia de su ámbito de acción como defensora de los derechos humanos para compartir expresiones políticas de arraigo en el gobierno de turno; se trata entonces de una comunicación que expresa más bien solidaridad revolucionaria.

“… compartimos con ustedes el reclamo de justicia, no sólo en este caso, sino también en las masacres de Yumare y El Amparo y en otros graves hechos de violaciones a los derechos humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80…”

Ratifica entonces Provea que se trata sólo de la defensa de los de los derechos humanos, sino de una comunicación con la cual anuncia su solidaridad y comparte criterios políticos y los reclamos del gobierno en funciones; vinculando a la vez en ello las dos iniciales operaciones para asesinatos colectivos, crímenes en serie o masacres, ejecutadas por funcionarios de gobierno contra distintos grupos de civiles y en dos fechas y momentos y en dos espacios geográficos diferentes.

“… Ustedes saben que en el caso de la masacre de Cantaura, como también ocurrió en la masacre de Yumare y de El Amparo, la justicia militar dictó sentencias declarando no culpables a los responsables bajo el argumento de actuar en legítima defensa…”

En el caso de El Amparo, en expreso la Provea ignora hechos conocidos y muy divulgados en su momento, tal fue la actuación inicial del tribunal presidido por el juez militar Ángel Edecio Zambrano Chaparro y a quien por cierto, luego de que dictara las primeras medidas para el aseguramiento de los ya identificados responsables de la masacre, le fuera inmediatamente arrebatado el expediente por instrucción expresa emanada directamente desde Miraflores y de seguida revocadas las providencias dictadas, declarando la libertad de todos los funcionarios. Precisamente, en esas diligencias del juez militar Zambrano Chaparro, quedaron plenamente identificados los responsables en la ejecución de la matanza y la identidad de unidades militares y civiles y sus dos respectivos comandantes, uno militar y uno civil.

Provea se olvidó o ignora en expreso, al menos no aparece citado en la comunicación un preciso hecho sobre la causa penal cuya prosecución sería luego abandonada por instrucciones de Miraflores: La Corte Marcial presidida por el general Ubaldo López Barrios señaló responsabilidades a investigar en el caso de "Los Amparitos" y dicto el 20 de junio de 1994, auto de detención al capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Desde nuestra óptica asumimos que Provea conoce esas identidades y los pasados y presentes desempeños oficiales de los señalados.

“… Ustedes y nosotros hemos denunciado que en los tres casos las masacres fueron resultado de un uso abusivo del poder, una manera de intimidar a los millones de venezolanos y venezolanas…”

“… recordamos que el PSUV se pronunció, el 05 de octubre de 2009, a favor de la investigación y sanción de los responsables de la masacre en los siguientes términos: “La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apoya a la Fiscalía General de la República en la investigación que adelanta para determinar los responsables de la masacre de Cantaura, estado Anzoátegui, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982 y en el cual murieron 25 venezolanos…”

¿Se trata entonces de una acción independiente de Provea en defensa de los derechos humanos o se trata de un acto de solidaridad con los funcionarios a quienes está dirigida la comunicación y por su órgano de solidaridad con el partido de gobierno?

“… Por estas razones nos parece importante que como Junta Directiva tomen la iniciativa de iniciar los procedimientos correspondientes para que se allane la inmunidad parlamentaria del diputado Roger Cordero Lara. Apoyamos igualmente toda iniciativa de esta naturaleza que se adopte en cualquier otro diputado o diputada a quien se le señale de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos…”

Redundando en halagos hacia la nueva directiva de la Asamblea Nacional y posiblemente en ese afán de “agradar” quizás se salta el gazapo: “… tomen la iniciativa de iniciar…”.

¿Cuál es el apuro que no brindó al firmante el tiempo suficiente para una buena revisión del texto?

Si bien el argumento de Provea pudiere sustentar la idea de la defensa de los derechos humanos, salta a la vista que la precisión y señalamiento de uno de los pilotos que operó en la Masacre de Cantaura, no es más que una artimaña para soportar al gobierno en su empeño por impedir que algunos opositores se juramenten en la curul para la cual fueron electos.

Conclusión

Si bien, como queda reseñado en todo este largo y pormenorizado recuento derivado de esa comunicación oficial a la AN, todos y cada uno de los integrantes del “Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos” (Provea) y su conspicuo representante, el abogado Marino Alvarado Betancourt, están en el perfecto derechos de ejercer –dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de los tribunales, en público y en privado– la defensa de quien a bien se les antoje e independiente de delitos y circunstancias y sin que nadie pueda impedirlo, también es cierto que, desde el mismo momento en que su vocero y representante oficial y por tanto toda la organización, comienza a recibir –fueren pagos, fueren donaciones en metálico, cualquier especie o beneficios de cualquier otro género derivados de esa actividad de defensa– honorarios de un funcionario del gobierno, desde ese momento, Provea ha dejado de ser una Organización No Gubernamental, para convertirse en una dependencia del gobierno.

Por tanto y a partir del momento de haber iniciado la defensa pública y la asistencia jurídica al señalado como miembro de la ETA y terrorista Arturo José Cubillas Fontán, el ejercicio de ese derecho de Provea y su representante, lo es en función de cualquier otra modalidad de organización, pero jamás como ONG.

Posiblemente alguna vez, de darse inicio a la verdadera investigación sobre la enorme cantidad de crímenes reseñados y ocurridos en Venezuela; sobre los ochocientas y tantas víctimas de la ETA en territorio español y los millares de víctimas de las FARC en Colombia, salga a la luz un trascendente detalle que ha quedado en la oscuridad absoluta y que es necesario aclarar en cuanto a una de dos posibilidades en el caso de Provea:

1. Cuando el ocho de noviembre de 1988 el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), hace su registro en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre del Estado Miranda y queda asentada bajo el N° 19, tomo 8, Protocolo Primero. ¿Quienes la registraron actuaban secretamente como agente durmientes y en función de los intereses de Euskadi Ta Askatasuna (ETA)?

2. O fue después de hace unos diez años y con la llegada e incorporación a la organización de “Topos”, uno de ellos, el abogado extranjero Marino Alvarado Betancourt y es en ese momento cuando se inicia el desplazamiento de los objetivo originales como ONG y asume con esa careta la condición de organización durmiente destinada la defensa de los intereses de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y en función de una comunidad de intereses entre éstos y el gobierno revolucionario de Hugo Chávez. ¿Es cuando secreta y paulatinamente se desplazan las condiciones de operación y presencia pública hasta convertir a la ONG, en una cubierta dependencia de gobierno, destinada por tanto también, al apoyo público de sus políticas revolucionarias?

Son esas indiscutiblemente, las habilidades de los viejos y conocidos “Maestros del engaño”, quienes una vez en el poder y consolidado un gobierno de izquierda en Venezuela, entre el y los “Topos” de la ETA y las actividades de terrorismo de unos y otros émulos del 007/Rambo y en función de los intereses de las FARC, operan en Venezuela a su libre albedrío.

Falta por aclarar el trascendente punto y mientras tanto, sigamos observando y registrando sus actividades; algún día llegará el momento en que se pueda en Venezuela tener en manos de la dirigencia, la voluntad política para que los intereses que priven y se impongan por sobre los aventureros, sean los de Venezuela y su población y como derivado, sean investigados, juzgados y sentenciadas las metódicamente ejecutadas diez masacres con más de cien víctimas civiles desarmadas.