Una larga cadena de “errores inexcusables” tiene Estela

Fueron, son y serán, expresión material de una pragmática voluntad

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 160612

• “… La mala fe: es la mentira inmanente, el autoengaño; en ella nos engañamos a nosotros mismos…”

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)

Ya el origen, el por qué y para qué de la Reforma Flores/Varela del COPP, fue tratado ampliamente en la nota anterior y ahora, materializado como había sido lo programado es anunciado a los medios oficiales y privados por la presidente del TSJ Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta.

Protocolizado y medido anuncio expresamente hecho desde el presidium de un articulado acto oficial con la convocatoria y obligada asistencia de no menos de 700 jueces, fiscales, defensores públicos y estudiantes y durante el “coincidente” Primer Congreso de Derecho Penal en el auditorium del TSJ en Caracas.

El anuncio político y oficial del TSJ: la aprobación no sólo del texto sino también, del expreso carácter de Ley Orgánica de esta sexta y consecutiva Reforma del COPP en doce años, contados a partir de su promulgación en 1.999.

En menos de 24 horas el TSJ recibió el Proyecto Reforma Flores/Varela, leyó las 221 páginas, revisó los términos de cada uno de los 518 artículos y las ocho disposiciones transitorias, derogatorias y finales y convalidó el texto, aprobando el solicitado  rango de Ley Orgánica.

Continuemos

Nos corresponde, dentro del mismos esquema, considerar estos nuevos pormenores de este desempeño definitiva y estrictamente político que no jurídico del TSJ, sobre un texto que, a todas luces siendo precariamente legítimo, será materia para la consideración de los estudiosos y especialistas en la disciplina.

Sólo abordaremos en esta como en la nota anterior, lo trascendente, el antes, durante y después en el ámbito político del asunto puesto que lo jurídico no nos compete y digan lo que digan además, como hemos sostenido en calidad de lo único que nos queda como morador del territorio: sin la sujeción precisa a las formas pautadas en este apresurado hacer político con la Reforma Flores/Varela, necio resulta para cualquiera siquiera considerar o discernir sobre el fondo del asunto.

De cuentas y de cuentos

Sólo ha sido posible a este régimen de marionetas consistentemente manejadas desde La Habana, llevar adelante el pautado y sostenido proceso de destrucción de la otrora organización político–social y sociedad venezolana hoy simples moradores de un territorio, con la presencia, programada voluntad y pautada acción de esta caterva de servidores al régimen de Hugo Rafael Chávez Frías, expresamente seleccionados y muy bien sujetos por los titiriteros, dentro y fuera de fronteras, a precisos controles y  operando a su libre y artero albedrío sobre una comunidad que no reacciona.

Paradigmático

Caso especial a considerar, el de Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta, presidente en funciones del  Tribunal Supremo de Justicia y a la vez, presidente de la Sala de Constitucional.

Ratificada Presidente del TSJ período 2011/2013; vice Presidente del TSJ 2006; reingreso al Poder Judicial 2004; Magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (2004); Conjuez de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (2001); Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy (1984-90); Juez de Tierras, Bosques y Aguas de la Región Agraria Yaracuy y Falcón; Gerente Regional de Tierras de la Región Centro-Occidental (Lara, Falcón, Portuguesa y Yaracuy) del Instituto Agrario Nacional (IAN), entre 1979-80; Asesor Nacional de Promoción, Capacitación y Organización Campesina del IAN (1976-1979).

“Errores inexcusables”

“… El error judicial inexcusable atenta contra principios de derecho y por ello entra en la modalidad de lo antijurídico. Se dice entonces –y así lo ha elaborado como doctrina de la Sala Político Administrativa– que por error judicial inexcusable se entiende aquel que no puede justificarse por criterios razonables, que lesiona gravemente la conciencia jurídica, revistiendo por vía consecuencial carácter de falta grave que pueda concluir a la máxima sanción disciplinaria. De manera que en el error judicial inexcusable no existen las razones jurídicas para sustentar un criterio, existe lo absurdo, es decir, eso, lo que la Sala Político–Administrativa ha considerado, con relación al pronunciamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, “una irregularidad sumamente grave” porque ella es contraria a derecho…” (Ponencia del Magistrado Beltrán Haddad, expediente 1052-2003)

Como juez, destituida dos veces

Reza la sentencia de la Comisión de Funcionamiento y Restauración del Sistema Judicial,  por la “… alteración de actas y otro concurso de infracciones…” Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta, juez titular del Tribunal de Primera Instancia Agraria del estado Yaracuy, es destituida; Gaceta Oficial N° 34.354 publicada el viernes 24/06/1989

En la Gaceta Oficial Nº 37.810 publicada en fecha 04/11/2003 y en la ponencia del magistrado Beltrán Haddad, Luisa Estela Morales Lamuño vuelve a ser destituida, como “… responsable de ilícitos disciplinarios…”

El 14/07/2004, el miembro de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial Laurence Quijada, con oficio Nº 01-2004, impone al diputado Pedro Carreño acerca de la lista de los postulados a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia puesto que en ella aparece la dos veces destituida Luisa Estela Morales Lamuño.

La mejor selección

Es precisamente esa alerta de Laurence Quijada la que expresamente ignorada, abre de nuevo y de par en par las puertas del TSJ a la dos veces destituida y es así, como es deliberadamente seleccionada por Hugo Rafael Chávez Frías y nombrada por la AN Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta; primero como miembro del más alto tribunal de la República, luego como presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que ejerce en la actualidad y luego selecta Presidente, una y otra vez, del TSJ.

Expresiones de voluntaria y sostenida conducta:

27/ 12/2006: “… Uh ha Chávez no se va…”

05/12/ 2009: “… No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado… La existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar…”

18/05/2011: “… durante la visita que realiza la junta directiva del TSJ a la nación caribeña, donde sostiene una serie de encuentros con la directiva del Tribunal Supremo Popular cubano… modelo de justicia cubano sirve de referencia para Venezuela… Presidenta del TSJ aplaude sistema judicial cubano…

Paradigma para la justicia venezolana.

04/05/2012: “… La reforma Código Orgánico Procesal Penal es necesario, por el bien de todos…”

“… La justicia se ve de manos atadas por los formalismos del COPP…”

“… En un día se va a presentar al procesado y se va a tener una sentencia del juez, y la sentencia va a consistir, en la mayoría de los casos, en el cumplimiento de un trabajo comunitario que será fiscalizado por parte del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, pero fundamentalmente por los consejos comunales…”

Su misión la sumisión a Miraflores

09/05/2012: “… Designada Luisa Estela Morales como miembro del Consejo de Estado…

… La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales y el presidente de la Sala de Casación Social, Omar Mora Díaz son los representantes del Poder Judicial en el Consejo de Estado… Con la designación de los representantes del Poder Judicial queda conformado el Consejo de Estado que analizará la posible salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)…”

No es un rastro o una Estela, es una muy larga y consistente cadena de “errores inexcusables” que tienen un por qué pragmático.

La franquicia

Una donde antes que los principios, son los fines y sobre los que se edifican o construyen las conductas de todos los franquiciados

Hasta ahora y salvo prueba en contrario, para un simple observador común no especializado, este complejo asunto de la magistrada Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta, debe medirse por los resultados políticos que no jurídicos y ha quedado en los hechos sustentado, fueron, son y serán esos hechos, las expresiones materiales de su muy expresa y material voluntad.

Una calculada voluntad que bien se pueden medir en signos monetario puesto que, a partir del 2004 con su reingreso al Poder Judicial, no sólo se ha garantizado hasta ahora un paquete anual superior a un millón cien mil bolívares fuertes (BsF 1.100.000,oo); a su retiro tiene asegurada unas prestaciones sociales por el orden de un mil quinientos millones de bolívares fuertes (BsF 1.500.000.000,oo); más aún, independiente del gobierno en turno, aseguró como pensión de retiro de por vida cuarenta y cuarenta y cinco mil bolívares fuertes (BsF 45.000,oo) mensuales (paquete anual no menor a los ochocientos mil bolívares fuertes –BsF 800.000,oo–, 12 pagos mensuales más el bono de fin de año) y no menos de la mitad de ese paquete, pagado con los impuestos, seguirá siendo cobrado por los herederos que designe, una vez que abandone el mundo de los vivos.

Enanos y afines

En todos esos montos no se han incorporado otros extras en paralelo, en cuyo caso habrá que contar con los extraordinarios montos derivados de “Justicia de Plastilina” (Eladio Ramón Aponte Aponte) concomitante o no, con la silenciosa pero muy dinamizada actividad de los otros franquiciados que operan en la periferia de esta “Justicia Administrada”; sean éstos los activos operadores de la llamada Banda de los Enanos o, lo fueren de cualesquiera otros grupos afines.

El “Efecto Santa María”, COPP y la “Reforma Flores/Varela”

Posponen urgencia en la decisión sobre cárceles mientras mutilan derechos entre otros a Hugo Chávez

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 130612

“… Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda…”

Jean de La Fontaine (1621-1695)

La recientemente anunciada y apresurada Sexta Reforma en el Texto del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), nos obliga a incursionar de nuevo y sólo desde la perspectiva de sus reales y ya consuetudinarios efectos y su, de hecho, impuesta proyección allende el 7O.

Es decir, la política o más bien la ausencia de política de seguridad pública, que bien se aborda en sus pormenores y proyecciones utilitarias, éstas no necesariamente tocan, se ubican o se circunscriben, exclusivamente al ámbito de lo jurídico menos aún de lo académico; que no se asume en este caso.

Pasado y futuro

Dos directos ámbitos han de ser tocados como derivados de aspectos divulgados de esta reforma; el primero de ellos, referidos al antes y durante de la pretendidas y nunca puesta a punto y ejercidas modificaciones del COPP y el segundo, al después de su vigencia.

Y necesariamente este después debe ser vinculado o concatenado con los eventos y resultas en varios ejemplarizantes juicios y recientes condenas contra expresidentes de algunos países; fueran éstos derrocados, fugados o simplemente, si fuere el caso, perdedores en pretendida reelección.

En este importante último punto, nos referimos a dos precisas instancias jurisdiccionales que también hemos referido en notas anteriores.

2 jurisdicciones; 3 expresidentes y 3 condenas

Jurisdicción internacional

Una de ellas, en el ámbito internacional, donde recientemente fuera condenado el ex presidente de Liberia Charles Taylor (02/05/12) por  crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Sierra Leona 1996/2002.

Sentencia dictada por un Tribunal Especial cuya sede fue instalada en predios de la CPI de La Haya.

La condena se dicta por una modalidad de inculpación que si bien no lo imputa como autor material de los crímenes, lo hace bajo el argumento de que: “… ayudó y animó a una campaña de terror con vistas a obtener el control de Sierra Leona, con el objetivo de explotar sus recursos diamantíferos en el curso de una guerra civil que causó la muerte de 120.000 personas en este país entre 1991 y 2001…”

Jurisdicción nacional

En el ámbito de la jurisdicción interna a cada país, dos casos:

El primer caso, la condena a cadena perpetua contra Hosni Mubrak: “… El expresidente egipcio… de 84 años…”, quien “… dirigió el país durante 30 años y cayó derrotado en la ‘primavera árabe’… condenado este sábado a cadena perpetua por la sangrienta represión de manifestantes durante la revuelta de 2011… el exministro del Interior Habib el Adli, también recibió la misma sentencia, mientras que seis antiguos altos cargos de los servicios de seguridad resultaron absueltos…”

El segundo caso: “… Un tribunal militar de Túnez condenó este miércoles a 20 años de cárcel en ausencia al depuesto dictador Zine al Abidine Ben Ali por incitar a la violencia durante el intento policial de sacar a su sobrino del país durante la revuelta del año pasado…”

“… Ben Ali, que huyó a Arabia Saudita el 14 de enero del 2011…”. Una segunda condena que agregada a la anterior impone 35 años de cárcel.

Espejito… espejito…

Zine al Abidine Ben Ali, llegó al poder con el golpe de estado del 07/11/1987, ganó las elecciones presidenciales de 1989 con el 99,27% de los votos y en 1994 con el 99,91%, permitiendo sólo la actividad de grupos políticos afines al régimen y “… cuidando de impedir la participación de toda oposición al régimen heredado de Burguiba y su partido Néo-Destour …”. En 1999 también las elecciones fueron abrumadoramente favorables y fue reelegido con el 99.45% de votos válidos.

“… En 2002 Ben Alí logró que el parlamento, dominado por el Néo-Destour con casi todos los escaños, modificase la constitución para poder seguir presentándose a las elecciones hasta los 75 años de edad…”

Precedentes del COPP

Un terreno sobre el que si bien muchas páginas de académica y profesionalizada concepción filosófico–técnico–jurídica han podido y han sido escritas, también es verdad, que en pocas se han abordado el verdadero fondo del problema visto desde nuestra limitada observación y experiencia sobre el terreno de los hechos en comento.

Tema que está concentrado en los conocidos derivados de esta perenne y sostenida ineficiencia en la puesta en ejecución de una ley y procedimientos y en el sempiterno recomenzar impuesto por todos y en cada uno de los cinco textos anteriores del COPP y al cual, se agrega ahora la recientemente elaborada “Reforma Flores/Varela” y redactada vía habilitante por la Presidencia de la República.

Reforma de anunciada promulgación por la Procuradora General de la República Cilia Flores y de voluntaria vigencia programada para el inicio del año 2013.

A praxis y COPP nos referiremos. 

Desde los mismos estadios de discusión del proyecto en sus preliminares públicas discusiones políticas, técnicas, sociales y policiales y luego de esa promulgación del primer texto que derogaba el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC), sustentamos en múltiples notas que el CTPJ, en aquel momento bajo la dirección del equipo “técnico” al mando de José Ramón Lazo Riccardi, no había tomado en absoluto las previsiones necesarias al conocimiento, análisis, entrenamiento, exámenes y ajustes en procedimientos y el personal indispensables y necesarios a la implementación del COPP.

De igual forma como fue expuesto sobre los desempeños de los ulteriores consecutivos directores y equipos de dirección del cuerpo destinado a la investigación de los delitos.

Y quedó sobre los hechos constatado, en los consecutivos años a partir de aquel momento de 1999, las rutinarias y anquilosadas prácticas del CEC permanecieron vigentes por mucho tiempo; jueces fiscales y policías, poco o ningún interés prestaron al asunto; tampoco fue tema de interés para el estamento político.

Siguen siendo las ancestrales rémoras del sistema inquisitivo y de una habituación o costumbre política en la siempre evadida responsabilidad en el espinoso desempeño de cada gobierno en la seguridad pública y en la que cada uno de ellos a partir de la promulgación de la Ley de Vagos y Maleantes del 14/08/1939 y hasta la fecha de su derogatoria por inconstitucional (CSJ Octubre 1997), acudió en forma expedita o más bien expeditiva para atemperar el problema de la inseguridad.

Fueron las decisiones o medidas de seguridad social de tipo administrativa que operando en el campo penal tenía como finalidad la de capturar y confinar a sujetos cuyos comportamientos indicaran peligrosidad social. Primero fue en “La Isla del Burro”, luego sería en “Las Colonias Móviles del Dorado”; de allí las redadas.

Delincuentes, pre–delincuentes, sujetos peligrosos, cualquiera sea el argumento válido con la Ley de Vagos y Maleantes, lo era también la continuada aplicación del sistema inquisitivo del CEC y así quedó pautado y vigente con el primer COPP y las subsiguientes cinco o seis reformas.

En una solicitada y ejecutada charla por ante los fiscales titulares en la propia sede de la FGR, se expusieron al detalle las complejidades del asunto; las ideas, los conceptos, los métodos y simples costumbres o malos hábitos que bloqueaban la práctica y vigencia del novedoso COPP y se expusieron las forma de tratamiento para la investigación de los crímenes.

Mas de allí en adelante, esfuerzo inútil, la sempiterna inadecuada práctica de policías, fiscales jueces y de responsables políticos en la seguridad pública, continuaron y siguió el procedimiento penal en su franco proceso de deterioro sin cortapisas; esto, como queda confirmado, hasta la fecha de hoy y con la pretensión de una sexta reforma en curso para un texto que jamás, entiéndase, jamás, ha sido aplicado en toda su extensión y jamás supervisados la adaptación técnica en sus efectos esperados.

Incólume e invariable el resultado

Un problema del antes, del durante y del después del “sistema inquisitivo” del CEC, simplemente ha sido absorbido en el antes, el durante y el después de las cinco reformas del “sistema acusatorio” del COPP, más aún será así, en la próxima reforma en curso y a entrar en vigencia a partir de enero de 2013.

Tomemos uno de esos cada vez más críticos problemas que en el orden político fueron tomados por los dirigentes de los partidos como centro del esquema argumental para la derogatoria del CEC en aquel momento de 1999:

El hacinamiento en aquellos lugares bajo la responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y que no podían ser denominado de otra forma que ergástulas pero que oficialmente se denominaban las cárceles venezolanas.

Hacinamiento cuya particularidad más impactante a los efectos sociales y políticos en el desempeño del gobierno, la determinaban las cifras entre procesados (≥ 70%) y condenados  (≤30%)

¿Y cuál ha sido y es el argumento más contundente de la revolución para esta reforma?:

El hacinamiento de presos y las graves cifras entre procesados (≥ 70%) y condenados  (≤30%)

Ante ello, la pregunta sin respuesta: ¿Y para qué han servido y sirven los jueces de control?

Secuelas del “Efecto Santa María”

Siempre resultará muy difícil para una “abogado” cuya única experiencia jurídica se resume a sus meses o años como escribiente –dentro del sistema inquisitivo– de la PTJ en la Comisaría de La Vega, entender el COPP, pensar en abstracto para asumir ideas y proyectar los derivados de sus desempeños y decisiones “jurídicas” como Procuradora General de la República.

Decisiones destinadas en este caso, exclusivamente a salvarle la cara y el cargo a su angustiada colega del ministerio de Asuntos Penitenciarios Iris Varela y a la vez, para solucionar el entuerto mientras complace el ego a su amado protector y líder de la revolución Hugo Rafael Chávez Frías.

La coyunda Cilia Flores (Procuradora) Iris Varela (Ministra Penitenciaria), ahora lograron un triunfo al convencer a Hugo Rafael Chávez Frías de unas esperadas bondades de una medida legislativa inmediata, vía habilitante, primero para sustentar el objetivo político del PSUV en el necesario mantenimiento de capacidades y para la protección de los intereses comunes a las “Brigadas Iris Varela” bajo mando y control de los “humanizados” pranes recluidos y al mando en cada uno de los 34 centros penitenciarios del país, mientras vía publicidad se presenta un controvertido elemento de distracción en paralelo y como la solución definitiva al problema del hacinamiento en las cárceles.

Por tanto, sobre el mismo tema carcelario se vuelve a las mismas andadas en políticas de efecto, girando en un eterno comenzar como obsesionado y frenético perro buscando atrapar su cola; ayer fue “implosionado” el Retén de Catia, esta vez, con una nueva reforma jurídica para una supuesta solución de un grave problema en el inmediato, pero que, como se intuye e incompresiblemente, la solución ha sido desplazada en el tiempo y a más de 180 días puesto que, la incorporación de la propuesta reforma al cuerpo de leyes expresamente ha sido programada para seis meses después.

Resulta peor el remedio que la enfermedad

Al que siempre hemos denominado “Efecto Santa María”, que si bien es cierto afecta sólo a una parte de los diplomados, también es cierto que, no casualmente, son esos diplomados tocados por el efecto, los consuetudinarios más notorios y notables en el ejercicio de cargos públicos claves en el ámbito de la Administración de Justicia en el antes y durante este ya largo período de gobierno revolucionario; ha sido una rémora  –muy nefasta en ocasiones– para la seguridad pública y una de las más pesadas cargas sobre esta revolución de pacotilla.

La justicia en Venezuela es una plastilina que se moldea a voluntad y todos los viernes en las reuniones en la vice presidencia, con la asistencia de TSJ, FGR, Procuraduría, AN y jefes de policías, se seleccionan tanto los casos criminales como los que van a ser inculpados y queda en manos de fiscales y jueces el resto de las ejecutorias hasta la condena y la ulterior asignación de recinto carcelario (Eladio Aponte Aponte, dixit).

Y dónde se proyecta hoy la importancia y hasta magnitud de ese “Efecto Santa María” en su pretensión de reforma Flores/Varela del COPP, en dos inapelables derivados:

a)    Por una parte, pospone la urgencia en las decisión sobre el tema carcelario mientras a la vez y

b)   Por vía de consecuencia, mutila derechos consagrados en la Constitución y quizás, de éstos, el más evidente, no sólo a los referidos a Hugo Rafael Chávez Frías sino a todos y cada uno de los funcionarios que bajo su mando ejercieron cargos públicos y quienes, una vez fuera del poder, aún no residiendo en Venezuela, podrán ser investigados, encausados, juzgado y sentenciado en ausencia por cualquiera sea la causa y el tribunal venezolano.

Innegable que la ignorancia manifiesta en la pretendida sexta reforma al COPP, se percibe excesivamente contaminada por el “Efecto Santa María”

La inseguridad: “… ta‘ muy barata…” para el “matemático” Nelson Merentes

11 JUNIO, 2012 DEJA UN COMENTARIO (EDITAR)

El 8% del BM es, antes que costo, una merma en el PIB

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 11/06/12

• “… ¿Qué puede haber imprevisto para el que nada ha previsto?…”

Paul Ambroise Valéry (1871-1945)

Afirmó el presidente del Banco Mundial (BM) Robert Bruce Zoellick, que la inseguridad conlleva un “costo” de hasta un 8% del PIB.

Se trata de un reconocido gurú de la economía mundial que estuvo en ese cargo desde julio de 2007; sin embargo, desde nuestra óptica y en el caso Venezuela, pareciera que a lo que está obligado a referir el experto en finanzas mundiales –que no experto en seguridad–, definitivamente, es más bien a una merma que a un costo y eso, desde el momento en que, ha de asumirse para el caso Venezuela, que el asunto se expresaría en términos más bien de residuales.

Un resultado dentro de la pautada merma expresamente generada durante este proceso político revolucionario de la programada y sostenida destrucción de un país.

Cifras BCV

Con un PIB por sobre 58 mil millones según el “Informe a la Asamblea Nacional sobre los resultados económicos del año 2011”, marzo 2012 –anexo página 61– y según el expreso mensaje de fin de año del “matemático” y presidente del BCV Nelson Merentes publicado en la hoja oficial fechada el 30/12/12, significaría que en términos monetarios eso que en contraposición al BM calificamos de merma, tiene como cifra aproximada, unos BsF 4.651.061.440,oo.

Si la inseguridad se midiese entonces: a) sobre las cifras del “matemático” Nelson Merentes; b) en los términos de Robert Bruce Zoellick y c) por el más impactante de los números; exclusivamente sobre el de los asesinados en 2011 que fueron sobre 19.000 (4.651.061.440,oo/19.000), significaría que desde la óptica combinada Merentes/BM para la economía de Venezuela, cada uno de esos cadáveres significó una merma precisamente contabilizada, o lo que es lo mismo decir, con cada uno de los asesinados en 2011, se dejó de producir en Venezuela y su PIB mermó en apenas BsF 244.792,70 con cada asesinado.

Cifras TWFCIA

Conociendo las imprecisiones en las cifras del “matemático” presidente que quebró el BCV, Nelson Merentes, otra deberá ser la cifra que deberemos  asumir para ese cálculo y a tenor, asumamos las cifras del PIB para Venezuela pautadas en el The World Factbook de la CIA (TWFCIA) para el año en comento 2011, que a la sazón, vendrían a ser las más bajas, inferiores a las del BM (puesto 25) y a las del FMI (puesto 23).

Según ese listado CIA de la economía mundial, Venezuela ocupando el lugar 35 registró un PIB 2011 de trescientos nueve mil ochocientos millones de dólares americanos (US$ 309.800.000.000,oo).

Traducido a la tasa oficial (1US$/4,3BsF) significan un PIB de un billón trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta millones de  bolívares fuertes (BsF 1.332.140.000.000,oo)

Por tanto ese 8% de la inseguridad de Zoellick salta y escala a la importante suma de ciento seis mil millones doscientos mil bolívares fuertes (BsF 106.571.200.000,oo).

Con lo cual cada cadáver de un asesinado en Venezuela en el año 2011, significaría una merma para el PIB equivalente a cinco millones seiscientos nueve mil diez bolívares fuertes y céntimos (BsF 5.609.010,50) que llevado a los dólares americanos de la TWFCIA y a la tasa oficial de 4,30 serían un millón trescientos cuatro mil cuatrocientos veintiuno cero cinco dólares americanos (US$ 1.304.421,05).

200.000 víctimas

Pautado como ha sido ya en notas anteriores el estimado de asesinatos durante el período de esta revolución y hasta el final del año 2012, unas doscientas mil (200.000) víctimas, significan un registro para la historia de esta oportunista izquierda venezolana y su revolución militarista de pacotilla, que en Venezuela y contados nada más los asesinatos, se dejó de producir o tuvo una merma económica equivalente a:

Veinte y seis mil ochenta y ocho billones cuatrocientos veinte y un millones de dólares americanos (US$ 26.088.421.000.000,oo) en 168 meses; más de ciento cincuenta y cinco mil millones de dólares americanos (US$ 155.000.000.000,oo) mensuales; que relacionados a los beneficiarios o víctimas, la población total de 28.834.000 habitantes; significa que cada morador del territorio, neonatos incluidos, dejó de percibir los potenciales beneficios derivados de cinco mil trescientos ochenta y cinco dólares americanos (US$ 5.385,6), de producción mensuales en cada uno de los 168 meses de este régimen.

En otros términos la inseguridad en la Venezuela 2011 y según el 8% estimado por Robert Bruce Zoellick, significaron para cada habitante el equivalente (4,3) a veinte y tres mil ciento cincuenta y ocho bolívares fuertes (BsF 23.158,08) mensuales; es decir, algo así como  once (11) salarios mínimos, al monto fechados al próximo aumento del 01/09/12.

Para precisarlo en términos comparativos:

A cada venezolano, neonatos incluidos, la inseguridad revolucionaria de Hugo Rafael Chávez Frías impuso una erosión constante y sostenida en los beneficios económicos durante los últimos 168 continuados meses, merma que medida en términos monetarios de la fecha, equivalen a casi el sueldo mensual más su cesta ticket especial, que cobra religiosamente Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta y cada uno de los magistrado del TSJ, sin trabajar.

Allí, en ese sólo 8% de la inseguridad v/s PIB, pautado por el presidente saliente del BM, está una de las cifras del más estruendoso fracaso, civil  y militar, jamás conocido en los últimos 200 años de historia  republicana.

Como queda sustentado, si bien la inseguridad resulta que “… ta‘ muy barata…” para el “matemático” y presidente del quebrado BCV Nelson Merentes; otro gallo canta, cuando se aplica sobre cifras reales internacionales ese 8% del ex presidente del BM y antes que como un costo, como una trascendente merma sostenida del PIB en 168 meses.

¿Quieren policías o sólo bandas al servicio del régimen?

4 JUNIO, 2012 DEJA UN COMENTARIO (EDITAR)

Supino fermento para la impunidad, la inseguridad y la violencia en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 040612

• “… La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente…”

Francisco Ayala (1906-2009)

 

Ya en nota anterior, en presencia de las drásticas ambigüedades en ideas, conceptos, funciones, controles y efectos esperados, tratamos sobre la experiencia de los afamados expertos en policía y ahora necesariamente, deberemos abordar ese nada oculto ángulo de la muy particular experticia en sus antecedentes “profesionales”.

A tenor, frente a las conocidas realidades de no menos de cinco décadas continuadas y experimentadas a partir de la huida de Marcos Evangelista Pérez Jiménez el 23 de Enero de 1958, tomamos de nuevo como referencia los términos publicados en los “Lineamientos del Programa de Seguridad de Gobierno de Unidad Nacional en Materia de Seguridad Ciudadana”.

Es una presentación en 28 láminas, 46% para insistir y remachar lo ya suficientemente conocido, 46% para lo que titulan como propuestas y sin sorpresa alguna, nos encontramos con la misma invariable cantaleta derivada de las mismas sempiternas comisiones de alto nivel que en cada cambio, sea de gobierno, de régimen, de ministro, de gobernador o de jefe de policía que hemos, invariablemente, visto y escuchado.

Déjà vu

Quizás la única comisión que innovó sobre la materia en su momento, fue aquella de 1959 con la división del Código Penal en dos pedazos, los delitos comunes y los delitos políticos y para la cual se crearon dos entidades de policía con mandos autónomos, parieron trillizos y saltaron a la luz por primera vez en Venezuela los apellidos incorporados al vocablo policía: Policía de Seguridad de Estado, Policía Preventiva y Policía Represiva; Digepol, Metropolitana y PTJ.

Y así comenzó la nefasta, ineficiente e impertinente labor de tanto experto inexperto, los desde ayer y los de hoy; tarea siempre destinada casi en exclusivo, a articular un marco político–argumental para la subsistencia de la sempiterna y expresa evasión sobre las ideas, los conceptos y las funciones propias y muy precisas a las responsabilidades que en materia de seguridad ciudadana en Venezuela, debían y deben atender ministros, jefes de policías y sus cuadros de dirección y de la que nunca rindieron ni rinden cuenta.

Articulada evasión mantenida muy en especial, para salvar la cara de quienes al frente del Ministerio de Relaciones Interiores y sus circunstanciales pandillas de colaboradores distribuidas en todos y cada uno de los mandos superiores y medios en todos y cada uno de los órganos para la ejecución material de las medidas y operaciones de policía.

Mantener las investigaciones y responsabilidades criminales, exclusivamente en el ámbito de la jurisdicción penal, ha sido la cincuentenaria y hábil metodología para salvar y salvarse y así evitar los derivados colaterales de las investigaciones administrativas y políticas sobre quienes como directores y jefes, habilitan a sus subalternos cuando les entregan las armas, las municiones, granadas, credenciales, uniformes, patrullas, cuarteles, calabozos e información y además, la impunidad.

Eso que ya ha sido expresamente contemplado a partir del 01/07/2002 y en el rubro de las responsabilidades de los jefes y otros superiores en el texto del vigente Protocolo de Roma, artículo 28: la responsabilidad de los autores tras los autores.

Es así como han sabido capear ayer y hoy y en más de cinco décadas, los temporales emergidos de una opinión pública contestataria ante las explosiones criminales y jamás; entiéndase, jamás, ministro alguno o director de policía, han rendido ante el país y la comunidad cuenta alguna de los asesinatos de civiles derivados tanto de su ineficiencia como por los otros ilícitos y crímenes ejecutados por los subalternos bajo su dirección, mando y conducción.

Jamás Congreso alguno los ha interpelado; tribunal alguno los ha sentado en la silla de los acusados; comunidad civil alguna le ha demandado precisas respuestas y, por su parte, los medios y anclas de la comunicación, imagen, sonido y papel, han preferido mantenerse al margen en beneficio de la fluidez en lo que denominan sus fuentes de información de alto nivel policial.

El quid del asunto

Recordemos que el único jefe de policía que en Venezuela ha sido enfrentado a los derivados de sus decisiones e indecisiones, fue el gobernador Félix Galavis Figueroa por la masacre de civiles en la Plaza Bolívar el 14/02/1936.

De eso, justamente, de eso, rendir cuenta por el no uso, uso y mal uso de los recursos y capacidades de violencia del Estado en manos de la policía, es lo que se negocia y se articula entre esta cúpula de expertos en estas ya sempiternas famosas comisiones especiales de seguridad ciudadana.

Y así, por más de cinco décadas de policía en Venezuela, cualquier adulante incompetente y hasta delincuente, ha ejercido y ejerce como ministro y peor aún, como jefe de policía donde desde el mismo momento que asume, impone a la par de su arrogante vínculo y apoyo presidencial, su ignorancia y criminal incompetencia.

Una misma pusilánime conducta que siempre, en las primeras de cambio, queda en evidencia frente a los propios subalternos; fuere por algunos de sus cotidianos e histéricos viernes de reuniones de comando: “… este fin de semana quiero sangre…”.

Fuere en los puntuales actos de evasión o de simples expresiones de incompetencia, los que, paulatinamente acumulados uno sobre otros, a la larga, inevitable e indefectiblemente, transitan pesadamente de allí hacia la complicidad criminal con los grupos de afectos que se articulan a su amparo: los de El Pote, los gatos o los equipos de soft ball, por mencionar sólo tres.

Policías o bandas

Si bien es verdad que la política no se hace con seminaristas de una humanista cofradía a lo Madre Teresa de Calcuta, siempre se ha sostenido que la policía tampoco se hace ni se podrá hacer jamás, con niños de pecho.

Por ello, cuando a la cabeza de uno u otro órgano de policía, en el poder político y en las cofradías del partido de gobierno sólo se busca y coloca sin importar antecedentes, experiencia, trabajo, moral, ética y capacidades técnicas –y por sobre todo controladas piezas de un juego–, a uno de sus fieles, la consecuencia de los derivados ha quedado y quedará –por aquello de la responsabilidad, que no culpa, in eligendo– siempre en cabeza de quien y de quienes hicieron esa selección.

Ejemplos dramáticos sobran: Secuestro del menor León Taurel (1970); Asesinato de Ramón Carmona Vásquez (1978); Rafael Antonio “Macho” González y los Pozos de la Muerte (1985); Asesinato de Danilo Anderson (2004); el Secuestro y Asesinato de los hermanos John (17), Kevin (13) y Jason (12) Faddoul (2006)ñ asesinato de Karen Vanessa Berendique Betancourt (2012).

Y allí comenzó la dinámica de sociedad de cómplices

Y no les queda otra que seleccionar entre quienes tienen “los pulmones bien sucios” –en términos de policías, aquellos distinguidos hombre de corcho que se adornan tanto con antecedentes como con sus negras hojas de servicio, anquilosadas en sus habilidades y capacidades adulatorias– no sólo por mala praxis, sino antes por el contrario, por ser internamente conocidos como operadores directos o quizás, ubicados en el borde, en la periferia, de grupos internos activos en las muy diversas modalidades de negocios criminales, entre otros: protección, extorsión, estafas, secuestros, los que se suman los indispensables grupos para la eliminación física de supuestos delincuentes.

Tan simple o compleja como pueda parecer esa dinámica, determina el supino fermento de lo que vive hoy la comunidad de moradores asentada en Venezuela: la impunidad, la inseguridad y la violencia.

Entonces

Queda por tanto saber, si los factores de poder político tanto en sus programas como en sus desempeños de gobierno:

¿Quieren policías o prefieren seguir con bandas al servicio del régimen?

A cada quien con sus responsabilidades, se asumen las propias.

La inseguridad nadando en el gatopardismo militante 1 JUNIO, 2012 1 COMENTARIO (EDITAR)

 “Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana”

Rafael Rivero Muñoz Caracas, 01/06/12

“… Algo debe cambiar para que todo sea igual…” Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Hasta ahora el tema de la inseguridad ciudadana se ha tratado exclusivamente desde la perspectiva derivadas de la reseña e interpretación de ejemplarizantes situaciones puntuales de la seguridad pública.

Ámbito y empeño que ha permitido adentrarse en algunos importante detalles tanto sobre las supuestas o llamadas políticas de gobierno, como sobre los personajes responsables de su ejecución; tanto como la interpretación de los desempeños o pretendidos métodos de abordajes de cada situación comentada y sobre los inevitablemente sostenidos y constantes resultados:

La inseguridad campante y hasta rampante sobre este elaborado, persistente y muy bien mantenido pedestal de la impunidad.

 Pareciera que ahora, en esta juvenil pretensión de aislarse totalmente del pasado, olvidarlo y no tomar siquiera en consideración sus drásticas y las severas enseñanzas de la historia vivida, han colocado a la comunidad de moradores del territorio de Venezuela, que no ciudadanos, en un disparadero.

Frente y de frente a una situación que evoluciona casi al calco con aquella del relato de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, recordemos: Cuando llega al pueblo de veraneo Donnafugata el funcionario piamontés Chevalley di Monterzuolo y en privada conversación le ofrece al príncipe Don Fabrizio la posibilidad de ser senador del nuevo Reino de Italia, Don Fabrizio rechaza de inmediato la oferta alegando estar demasiado ligado al antiguo régimen; como respuesta, también inmediata, di Monterzuolo acuñaría para la historia la mas famosa y conocida de las frases de la novela “Il Gattopardo” y que está al origen del gatopardismo:

  “Algo debe cambiar para que todo siga igual”

 Tangibles e indiscutibles los resultados que en ya catorce años se han convertido en una verdadera masacre de civiles; algunas de éstas hasta metodizadas de principio a fin y con un acumulado cercano ya a las 180.000 víctimas y esto, a manos y por obra de una llamada delincuencia común que opera a su libre albedrío, de unas individualidades y hasta de colectivos en hordas que por ser afectas al régimen actúan sin comedimiento y, finalmente, de la cotidiana actividad de calle de las individualidades y colectivos que operan en bandas al interior de los mismos y ya desbandados e incontrolados efectivos –activos, en proceso o en retiro definitivo– en los distintos órganos militares y civiles de policía.

Todos, operando e integrantes de eso que deberemos agrupar y reconocer como el instaurado complejo de seguridad pública revolucionaria. Complejo cuyo objetivo político, estratégico y táctico, hemos logrado interpretar, discernir y hasta aislar a los efectos de un ulterior tratamiento y que ha estado centrado casi en exclusivo en la destrucción de la capacidad instalada de policía.

  Escrito está

 Han sido un conjunto de notas de sostenida publicación desde el antes, en el durante y en el después de la instalación del régimen revolucionario y destinadas exclusivamente al registro de eventos y con la pretensión de servir como simple ayuda memoria propia y quizás para potenciales interesados, expertos y no expertos, en estas complicadas y distintas facetas del complejo tema de la administración de justicia en Venezuela y en el particular desempeño de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía.

 Notas elaboradas siempre dentro de un criterio profesional de policía que, como es bien conocido y debe quedar claro, no tiene la tarea de juzgar, que por tanto no sentencia, que no denuncia y que menos aún acusa; sólo y exclusivamente, deja constancia escrita de los hechos y quedará siempre en manos del responsable de turno en el ente detentador del monopolio de la acción penal, la FGR, la asunción plena de sus responsabilidades tanto para la atención del particular evento comentado y su investigación criminal, como para la sustanciación y a instancias eventual de una definida voluntad política, si existiere, el ulterior juzgamiento por ante tribunales y si fuere ello el caso.

 Despolitizar la política

 Se guardó hasta ahora silencio sobre los desempeños “técnicos” y los resultados esperados de aquellos equipos y grupos con potenciales alternativas de poder, en el entendido de que, como profesionales en cada una de sus especialidades, bastaría ese material para alertar sobre detalles del verdadero trasfondo determinante en los desempeños y de los resultados de la Seguridad Pública en estos últimos tres lustros y sin embargo, reciente y necesariamente se debió terciar en el asunto desde el momento en que en la voz de algunos voceros de las rimbombantes Comisiones de Alto Nivel, nos topamos con ambigüedades y con criterios que si bien suenan muy populares para ignorantes –eso que es la moda que brinda a interesados páginas en los medios y tiempos en radio y TV–, carecen absolutamente de sentido en lo teórico y en lo práctico; más aún, con su expresión, se asume, estos “equipos técnicos” proponen una continuidad en la cadena de los acumulados y sempiternos errores, tanto en orden político como con las determinantes deformaciones para el ámbito de lo conceptual, de lo estructural; tanto, como en los desempeños técnicos sobre el terreno y derivados de ese muy extraño criterio: Despolitizar la política

  La Comisión de Alto Nivel

 Como siempre en toda la historia de Venezuela, estos rimbombantes títulos siempre se vacían a si mismos de contenido al caer en las tres persistentes características ya conocidas y suficientemente comentadas en notas anteriores; las propias a esta dinámica política, o más bien antipolítica de todos los tiempos policiales venezolanos: a) la evasión al conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la radical ausencia de rendición de cuentas.

Necesaria e imperiosamente hemos de abrir este polémico frente para entrar en algunas precisiones que inevitablemente se imponen, dados los mismos términos y publicados desempeños de esta hoy llamada “Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana de la Mesa de la Unidad Democrática”.


Precisiones

 A cada quien con sus responsabilidades, se asumen las propias soportados exclusivamente en el material oficial que ha sido difundido y hecho público, tanto en los medios de comunicación como en los públicos accesos electrónicos de la llamada Mesa de la Unidad y sobre ello, deberemos precisar algunos detalles:

Son las ideas o los personajes; son las primeras a la cual nos referimos pero, inevitablemente, esas ideas están intrínsecamente vinculadas a cada personaje y no sólo es la experiencia –en donde deberemos distinguir entre un año de experiencia repetido en tantos de permanencia en el cargo y la verdadera experiencia en años consecutivos– la que determina la calidad, oportunidad y propiedad de las ideas, sino más las resultas de su aplicación en sus desempeños de cargos; las que marcarían su concepción, expresión y praxis.

Si las ideas fueron en el pasado inconsistente o erradas, como queda en los hechos comprobado, la puesta en práctica más errada aún; si derivado de ello no existe el propio análisis y estudio de los desempeños en comparación con los resultados esperados, lamentablemente, no hay ideas a discutir, sino precisas experiencias a referir frente a un conocido axioma: Nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza.

Personajes

 Esta integrada por no menos de 18 personas, entre ellos, respetables profesionales de reconocidas capacidades técnicas en sus respectivas áreas de especialidad y de renombrada y necesaria presencia en los medios de comunicación.

A los efectos, separemos profesiones y experiencias conocidas y respetadas y en este sentido, juntos están sentados a los efectos de esta consideración, tres especialidades o experiencias: no menos de una docena de titulados universitario de la especialidad de leyes, de las ciencias sociales y de muy reconocida trayectoria pública, algunos de indiscutida y brillante valía profesional tanto en lo académico como en sus actividades y desempeños profesionales y ciudadanos; otros, dedicados a la actividad política y entre ellos, están los que están allí, asumimos, como “técnicos” de policía, cinco de reconocido y recordado paso por jefaturas, mando y dirección de algunos de los órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, más uno que se agrega, o agregan, heredero de experiencia por la vía genética.

Por tanto, adelantamos en citar que algunos de estos expertos en policía, podríamos calificarlos de geniales en sus recomendaciones derivadas de sus experiencias, otros, no pasarán jamás de ser, dada su versada verborrea, genéticos. Entre geniales y genéticos estamos.

“… El pasado castiga…”

 Dentro de ese grupo de expertos nos topamos con quien como juez, sería la pieza de fácil manejo en manos del veterano manipulador José Vicente Rangel cuando el asesinato de su yerno José Alberto Totesaut Salicetti y quien desde la misma funeraria, apenas a treinta minutos de ocurrido el asesinato y en improvisada rueda de prensa, ya había identificado y señalado a los medios la identidad del asesino, con nombre y apellido; Rafael Alcántara y luego, casi en exclusiva, contra toda otra potencial hipótesis, la juez centraría en exclusiva la labor del tribunal de la causa y por ese controlado camino en manos de JVR, el asesinato entró en ese enorme contenedor venezolano, en el grupo de los crímenes no resueltos o expresamente impunes para ser más preciso.

Así mismo veremos, a ese mismo operador años después y desde la vice presidencia, cómo manejaría también y esta vez, “técnicamente” y desde la propia escena del crimen, el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson y así, con la expresa complicidad del titular de la FGR Isaías Rodríguez, en otro tribunal y con otro juez, también quedaría impune y muy a pesar de las decididas condenas a los supuestos pero, no son los criminales, son sólo los seleccionados en un viernes cualquiera en la vicepresidencia (Eladio Aponte Aponte dixit).

 Pero lo trascendente del asunto y que nos obliga a terciar para precisar, son los reconocidos “expertos” en el ámbito de la policía con y sin apellido y veamos uno a uno el componente de este 30% del grupo de expertos y uno por uno, cómo de sus propuestas no puede emerger otra cosa que ese muy particular algo para los cambios pero por sobre todo, para que todo siga igual.

En el área de policía 


Secuestros:

 Nos encontramos con aquel Comisionado Especial del presidente Rafael Caldera Rodríguez para la investigación del secuestro del menor León Taurel (enero de 1970), para quien en calidad de ello, el problema no era el secuestro del menor sino recuperarle el dinero a los Taurel y a cambio de que le devolvieran el rescate que habían cobrado, negociaría con los jefes de la banda, Horacio Márquez Moreno, fiscal 5° en funciones del Ministerio Público; Miguel Antonio Espidel González, ex jefe de la PTJ a quienes bajo el compromiso formal de no detenerlos a ellos ni al resto de los implicados vinculados a la Tribu de David; entre otros se contaron en aquel caso, Douglas y Dixon de Jesús García, hijos de quien en ese momento ejercía como Director General Sectorial de la Fiscalía General de la República Douglas de Jesús Varela.

Y así el Comisionado Especial en compañía de Héctor Jacinto López Cardinalle, se fue hasta la venta de carros usados en la urbanización El Paraíso y recibió de manos de “Saperoco” una parte sustancial del dinero cobrado; dicho sea de paso, en el juego de manos, “Saperoco” apartó una paca y se quedó con ella.

Mientras, en contraposición a la misión del “comisionado”, los policías cumplían sus funciones y metían en los calabozos uno a uno, a todos y cada uno de los autores de aquel secuestro quienes por cierto, jamás serían sentenciados; justamente por los arreglos de muy “alto nivel” entre la Tribu y los comisionados de ayer y expertos de hoy.


Gatos pero de otro pelaje:

 No encontramos con aquel silenciado Jefe de Cuartel de guardia en la PTJ, quien recibiera la llamada por el ministerial desde Miraflores y recibidas las instrucciones, por el interno se comunicaría con el funcionario de guardia en la dirección, José Alberto Morales Gómez; de allí a la llamada en sentido contrario y pareciera haber sido el inicio del destape y el ulterior desarrollo de los acontecimientos relacionados con los negocios de la Mafia en Playa Moreno vinculados a Miraflores, su representante Renato Campeti y el chofer D’Antona, el famoso maletín, el director de PTJ Manuel Molina Gásperi y la extorsión; la supuesta información registrada por la vía de los “caimanes” de que le había llegado de Italia al defensor de D’Antona el esperado documento; una secuencia de concatenados eventos que culminarían en la avenida Andrés Bello con el asesinato del abogado de D’Antona Ramón Carmona Vásquez quien bajándose de un carrito por puesto es abordado por el Grupo Gato de la PTJ –entre otros Gilberto Castillo, Nelson Fuentes Torrealba, Xavier Anuel Pacheco, Pablo Díaz, Jesús Villarroel y Jesús Méndez Sánchez– y al resistirse, es barrido de abajo arriba con una Ingram.

Luego la desesperación en la precipitada y aparatosa huída de los Gatos asesinos; el traslado en la batea de una pick up del herido a la Cruz Roja y la ulterior, solitaria y minuciosa inspección del ya cadáver Ramón Carmona Vásquez y de sus pertenencias en la morgue de la Cruz Roja por esa comisión especial destacada e integrada por José Alberto Morales Gómez y Porfirio Valera (el después jefe de DISIP y denominado oficialmente “Mi Gordito” por el presidente Jaime Lusinchi)


Trivial:

 Nos encontramos con ese anodino jefe del Grupo Gato o su equivalente (1985), en la época de uno de los tantos períodos de dirección Pedro Arturo Torres Agudo “Pata”; quien una vez fracasada la intentona de silenciamiento y asesinato de los dos comisarios en el caso Rafael Antonio “Macho” González y su derivado a “Los Pozos de la Muerte” en La Cañada, Zulia –fracasada operación decidida en los predios del grupo especial de DISIP y en ese momento dominados por Ramón Emilio Rodríguez Chacín y su socio Henry López Sisco–, a pesar de disponer de capacidad de fuego y violencia bruta suficiente, sería incapaz de llevar adelante su misión de fuerza y para ejecutar una orden directa del director Pata y la simple tarea de someter físicamente a tres hombres y llevarlos a ser reseñados. Por cierto, hoy este anodino se desempeña como jefe de uno de los tantos cuerpos de policía.


El paisano

Nos encontramos con un activo paisano del hoy titular de Interiores y Justicia Tareck Zaidám El Aissami Maddah, quien tiene en su haber de fundador aquella majadera decisión para el cambio de nombre del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y quien le acuñó uno nuevo con la expresa pretensión de que si se le incorporaba el término científico en la denominación, el cuerpo llegaría a ser alguna vez científico y así nació otra rimbombante denominación: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El mismo que en el secuestro de Richard Boulton recibiría directamente de manos de la madre de éste el monto en dólares efectivos de la primera parte del pago del rescate; en acuerdo con Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ministro, monta en Caracas una aparatosa y fracasada operación de pago del rescate y luego en un extraño pase de manos del dinero con Henry López Sisco, todo el dinero se pierde en el camino, jamás llegó a los secuestradores.

El mismo experto que fuera detenido en Miraflores, desarmado y esposado, metido en un calabozo; de donde, luego de zafarle las esposas, fuera rescatado por el propio reinstalado Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Genética y Pelo e’ Guama

Y por último en el exclusivo ámbito de la experiencia en policía, nos encontramos con un muy publicitado opinante de oficio, hijo de un famoso comisario general ya fallecido; quien de vez en cuando se mete como espontáneo en una patrulla disque para patrullar, pero quien jamás ha pasado oficialmente por un cargo ni por entrenamiento de policía, pero aún así, es un reconocido y frecuentemente consultado como docto en la materia de policía; sigue como espontáneo.

Otro de los particularmente especializados asesores en policía pero sin experiencia alguna en policía, quien llega a las máximas posiciones en directivas de oficinas de Policía de Seguridad de Estado, lo hizo sentado sobre el especial regalo de un Pelo e’ Guama comprado en Barinas y que luego luciría a diario Luis Herrera Campins.

Es decir, en esta “Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana de la Mesa de la Unidad Democrática” y en la importante área de la actividad de policía, nos encontramos con una, pareciera, muy bien seleccionada combinación de experiencias donde se juntan lo genial con lo genético y las técnicas melifluas y es de allí de donde surgen o surgirán, las precisas recomendaciones para que todo siga igual.

Irrespeto

Lamentable que el valioso tiempo, la indiscutida experiencia y la dedicada labor de años de respetados profesionales, pueda ser dilapidada otra vez y de esta forma al ser equiparada con quienes a la busca de posiciones y como experiencia, sólo pueden mostrar fracasos en sus cargos de policía y en su aventurada o desventurada actividad de policía, jamás le han dedicado el tiempo al por qué de sus errores, ni estudiado el asunto y menos aún, han podido jamás siquiera acercarse e identificar el verdadero quid del asunto policial.

Siguen en la misma cartilla que les dejó el viejo y ya desfasado procedimiento del Código de Enjuiciamiento Criminal; no entendieron ayer la reforma, no la entienden hoy ni por tanto podrán hacer válidos los términos pautados por el COPP y de allí estas sempiternas y consecutivas reformas de los otros expertos, los del gobierno, ya van cinco reformas del COPP en este período, pero ninguna de ellas ha tenido ni tiene expresión material en la práctica y así, prefieren estos y aquellos expertos, seguir engañándose y engañando a otros en esa pretendida solución del problema de la seguridad pública, sobre un errado esquema de policía con apellido y esto será así, hasta que se abandone y deje la improvisación a un lado, se asuman los riesgos y conflictos derivados, se empeñe el esfuerzo sostenido en el tiempo y que verdaderos profesionales del área sean, por lo menos, escuchados y sobre todo, que se rinda cuenta precisa de resultados.

Conclusión

Mientras, la improvisación en seguridad pública determina la inseguridad y se incrementa y se repletan en forma sostenida uno tras otro contenedor de víctimas de la impunidad, ésta seguirá nadando a sus anchas en esta enorme alberca del gatopardismo militante y eso, con o sin la “Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana”